La Fiscalía archiva la denuncia de la Junta por el vídeo del ciervo enjaulado en Monfragüe
La consejería de Transición Ecológica sostenía que su difusión podía suponer los delitos de injurias y calumnias
La consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad primero analizó las imágenes y después llevó a la Fiscalía los dos polémicos vídeos de un ciervo agonizando en una jaula por vincularlos con Monfragüe por considerar que quienes los difudieron podían haber incurrido en delitos de injurias y calumnias. Ahora el ministerio Fiscal ha decidido archivar las diligencias de investigación que solicitó la Junta de Extremadura.
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El controvertido vídeo se hizo viral en marzo y en él aparece un ciervo enjaulado, herido y desnutrido dentro de los límites del parque natural, según la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Fundación Artemisan.
Ambas instituciones anunciaron que iban a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Extremadura a la dirección del Parque Nacional de Monfragüe.
En las imágenes se veía una jaula trampa, en la que se coloca comida en el interior. Cuando el animal entra a por ella, toca un mecanismo que cierra la jaula a sus espaldas. Este tipo de prácticas de control están prohibidas, de ahí que el presidente de la Federación Española denunciara la «doble moral de la Administración en la gestión de las poblaciones». Según él, continúa la « 'absurdez' que nos han impuesto los ecologistas. Las imágenes que nos han enviado demuestran que los cazadores están hartos. Son salvajadas que cuestan 200.000 euros al año. Un dinero que se utiliza para poner jaulas, cercas y matar animales. Una gran diferencia con que vayan cien cazadores cada fin de semana a generar trabajo e impulsar la economía rural. Y con nuestro dinero». Las monterías en Monfragüe para controlar la población de animales están prohibidas desde febrero de 2021.
Tras la denuncia de la Federación y la petición Adenex de investigar las imágenes, la Administración regional analizó los dos vídeos que se difundieron y presentaron un informe que apuntaba que las imágenes difundidas «ni son actuales ni se corresponden con los actuales controles selectivos de ungulados que se vienen practicando en Monfragüe por motivos poblacionales y sanitarios desde abril de 2021».
Además, la Consejería buscaba recabar información sobre la autoría y circunstancias que han rodeado la grabación y la divulgación del vídeo, entre otras razones «porque si realmente se hubiera grabado donde se indica, dentro del Parque Nacional, se trataría de un espacio con uso restringido, por lo que tanto el tránsito por el mismo como la toma de imágenes estaría sujeto a autorización, que no ha existido por parte de la dirección del Parque».
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El Ejecutivo regional apuntaba que el contenido de dichos informes «evidencia que se podrían haber cometido varias infracciones administrativas, así como actuaciones ilícitas como injurias y calumnias que podrían tener responsabilidades penales».
Así el 19 de mayo, la Fiscalía abrió diligencias a petición de la Junta ya que las manifestaciones realizadas en redes sociales sobre el uso de jaulas en Monfragüe podían ser «posibles delitos tipificados en los artículos 205, 208, 211, 212, 215 y 235 del Código Penal de 1995», reseñaba.
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Finalmente, el fiscal instructor del caso, Juan Antonio Galán, ha pedido a la Fiscalía que se archive el caso ya que no constituyen infracción penal alguna.
Según Galán, «no puede existir calumnia ni injuria cuando se imputan hechos que no son falsos y los hechos que se imputan en los vídeos controvertidos a los responsables del control de poblaciones de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe, o son ciertos, o en el peor de los casos no se ha demostrado ni se podría demostrar que sean falsos», explica el decreto de fiscalía.
«Resulta que los hechos básicos que se graban y se narran en ambos videos son ciertos. O, como antes hemos señalado, que no se ha acreditado ni podría acreditarse su falsedad». Por otro lado, «la propia Administración reconoce que uno de los sistemas utilizados en Monfragüe para el control selectivo de población de ungulados lo constituyen las jaulas-trampa».
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La Fiscalía en su decreto argumenta que «solo cabría hablar de hechos falsos, y plantearse en consecuencia una hipotética responsabilidad penal por injurias o calumnias, si en Monfragüe no se hubiesen utilizado nunca jaulas-trampa».
También apunta que «no puede sustentarse una hipotética responsabilidad penal en argumentos y circunstancias tan endebles como que no consta el lugar de grabación del video nº 1, ni cuántos días permaneció atrapado el ciervo en la jaula, si la jaula del video nº 2 se instaló un poco más arriba o más abajo, o cuáles fueron las causas de la muerte del jabalí del video nº 2», resalta.
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El Ministerio Fiscal da un toque también a la consejería porque «lo que se achaca realmente en los videos a los gestores de Monfragüe es la utilización en los últimos tiempos de jaulas-trampa para el control de poblaciones de ungulados, y el riesgo de que puedan quedar atrapados ciervos en ellas y se ha demostrado cierto en el primer aspecto, y posible –por no decir que real– en cuanto a lo segundo».
Para acabar, el ministerio fiscal sostiene que «prescindiendo de cualquier juicio de valor sobre la gestión del Parque Nacional en este ámbito, cuestión que no nos corresponde y que en cualquier caso resulta ajena al objeto de las presentes diligencias, lo cierto es que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos carentes de relevancia penal, por lo que procede el archivo de las actuaciones», finaliza.
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Contra este decreto de la fiscalía no hay posibilidad de recurso, aunque la Junta puede reproducir su denuncia ante el órgano judicial que considere competente.
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