Extremadura tramitó 527 expedientes por infracciones de caza el año pasado

En la provincia de Badajoz se gestionaron 387 multas, mientras que en la de Cáceres se abrieron 140 expedientes por incumplir la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.

En cuanto a las zonas donde más prácticas ilegales se detectaron en los doce meses pasados corresponden, en la provincia de Cáceres, a la Sierra Gata, Hurdes, Llanos de Cáceres, Brozas y Monfragüe; mientras que en la provincia pacense las áreas donde más infracciones se cometieron fueron las comarcas de La Serena, La Siberia, Campiña Sur y las dehesas del suroeste.

La mayoría de las infracciones registradas están tipificadas como graves. Entre las más habituales se recogen la realización de acciones cinegéticas sin documentación, sin permiso del titular del aprovechamiento cinegético, sin autorización administrativa o incumpliendo las condiciones de la misma, cazar en época de veda o en un coto sin permiso del titular; utilización de procedimientos masivos o no selectivos para cazar; cazar en línea de retranca cuando se celebraba una montería en el coto colindante y transporte de trofeos sin autorización.

La Junta recuerda que las acciones u omisiones contrarias a dicha ley constituyen infracción administrativa y serán sancionadas con multas que oscilan entre los 50 y 50.000 euros, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro tipo.

Además, pueden conllevar la retirada de la licencia de caza por un período comprendido entre un mes y cinco años, inhabilitación para obtener la licencia o para ser titular de cualquier Coto de Caza, revocación o suspensión, entre otras.

Las presas abatidas en estas acciones ilícitas fueron jabalíes, ciervos, zorros y pájaros como zorzales y estorninos.

En Extremadura, la potestad denunciadora corresponde a los agentes del medio natural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio que, como agentes de la autoridad, asumen las funciones de vigilancia, inspección y control. Ellos pueden acceder a todo tipo de terrenos, instalaciones y vehículos relacionados con la actividad cinegética, así como inspeccionar la documentación referente a los instrumentos de planificación cinegética.

También podrán inspeccionar y examinar los morrales, armas, vehículos u otros útiles que utilicen los cazadores o quienes les acompañen como personal auxiliar.