Las cuatro grandes instituciones de Extremadura pagan casi ocho millones a 200 cargos de confianza

La Administración regional cuenta con 92 eventuales, una cifra ligeramente inferior a la pasada legislatura. El Gobierno de coalición de PP y Vox no ha reducido ese número de forma considerable y mantiene en líneas generales la plantilla de cargos de confianza que tenía el PSOE. El gasto ronda los 4 millones de euros al año, una cantidad también equivalente a ejercicios anteriores, ya que los sueldos han crecido por la revisión al alza de los salarios.

La Asamblea de Extremadura dispone, por su parte, de 57 eventuales, doce más que hace un año. Diez de estas plazas se han creado en lo que llevamos de legislatura, entre ellas las destinadas a dar servicio al que fue presidente de la Junta hasta 2023, Guillermo Fernández Vara. Se suman a las que ya existían para las oficinas de Rodríguez Ibarra y Monago, puesto que corresponde al Parlamento regional asumir los costes materiales de la labor institucional de quienes fueron los máximos mandatarios de la comunidad.

La Asamblea de Extremadura ha aumentado en apenas un año su número de eventuales un 27% al pasar de 45 en la pasada legislatura a 57.

Según recoge la web del Parlamento regional, la plantilla de personal eventual de la Asamblea está formada por 59 plazas, diez más que en febrero del pasado año. Pero no todas están cubiertas. A comienzos de 2023 había 45 empleados en cargos de confianza, mientras que al cierre del ejercicio se llegó a 53. Desde entonces se han incorporado cuatro más, hasta 57.

Los eventuales de la Asamblea se dividen en tres grandes grupos. Por un lado, los que corresponden al área de Presidencia. Actualmente cuenta con trece integrantes, uno más que en la pasada legislatura. La relación incluye al jefe de gabinete de la Presidencia, asesores, jefa de prensa de la Asamblea, los secretarios de los miembros de la Mesa y el jefe de protocolo.

Hay dos vacantes, que son también las únicas que existen en la relación oficial. Son los secretarios de la vicepresidencia tercera y la secretaria cuarta, dos cargos que no existen en la presente legislatura ya que el número de miembros de la Mesa ha pasado de ocho a seis, aunque este número podría cambiar.

En segundo lugar está el grupo de eventuales vinculados a la oficina de expresidentes de la Junta. La normativa regional establece que los mandatarios extremeños que dejen el cargo deben disponer de medios para seguir realizando una labor institucional en favor de la comunidad. El pago de esos medios corresponde a la Asamblea. A los presidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago se sumó el pasado año el socialista Guillermo Fernández Vara tras las elecciones autonómicas. Esto explica en parte el aumento de eventuales, ya que se incorporaron tres nuevos cargos de confianza a este servicio, a lo que se ha sumado que se haya cubierto una vacante. Ahora son nueve trabajadores entre administrativos y conductores.

Por último, el grupo más numeroso es el de los cargos de confianza vinculados a los grupos parlamentarios. Pero se trata de un personal que también realiza una labor para los partidos, que tienen en la Asamblea una de sus fuentes de financiación para realizar su labor política.

La asignación de estos trabajadores corresponde a la Mesa de la Asamblea al inicio de la legislatura, por lo que obedece a un acuerdo entre los partidos. Actualmente este grupo está formado por 35 personas: trece del PSOE, once del PP, seis de Unidas por Extremadura y cinco de Vox. Los grupos parlamentarios reciben una asignación acorde a su representatividad en las urnas. Pero tienen un gran margen de actuación. Por ejemplo, pueden elegir entre contar con licenciados a jornada completa o administrativos a tiempo parcial.

Respecto a la legislatura pasada, el aumento en doce eventuales se debe a distintos motivos. Además de los tres puestos que se crearon para atender la oficina del expresidente Fernández Vara, se han constituido otras siete plazas: tres para Vox, que forma un nuevo grupo en esta legislatura (las cinco plazas que tenía Ciudadanos se han repartido entrePP y Vox), dos para el PSOE, una para los populares y otra para Unidas por Extremadura.

Además, hay plazas que estaban vacantes y que ya están cubiertas. Por ejemplo, una de asesor gráfico que se ha reconvertido en auxiliar de Presidencia y una de informático que ha pasado a ser de jefe de protocolo.

El presupuesto para eventuales en la Asamblea era el año pasado de algo más 1,6 millones de euros. Tras los cambios que hubo a mediados del año, el gasto real al final del ejercicio fue de 1,73 millones. Para este año la dotación es de 1,65 millones, pero las retribuciones íntegras que publica la Asamblea suman más de 2 millones de euros.

En cuanto a las personas que ocupan estos puestos, suele haber nombres conocidos en la política regional. Valentín Pacheco, exconcejal en Cáceres, trabaja para el Grupo Popular en la Asamblea. También Juan Pedro Domínguez, exdiputado autonómico y exalcalde de Deleitosa. Daniel Hierro, que fue diputado autonómico con Podemos, es el secretario de José Antonio González, parlamentario de Unidas por Extremadura y miembro de la Mesa.

Donde hay más conocidos es en el PSOE. Tras perder la presidencia de la Junta, muchos eventuales encontraron acomodo en el Parlamento regional. Fernández Vara se llevó a varios a los cargos que le corresponden como expresidente de la junta, entre ellos a su jefa de gabinete. Jesús López Santana, jefe de protocolo en el gobierno regional del PSOE, ocupa ahora ese mismo cargo en la Asamblea. La presidenta de la Cámara, Blanca Martín, cuenta como auxiliar con el exsecretario de CC OO en Extremadura, Julián Carretero.

Al Grupo Socialista se incorporó, entre otros, Ascensión Godoy, quien fuera diputada, senadora y secretaria de organización del PSOE extremeño. También Felipe Redondo, parlamentario en las dos últimas legislaturas.

Tras el nombramiento de Miguel Ángel Gallardo como nuevo secretario general del PSOE hubo más cambios. Entre otros, dejó el grupo Ascensión Godoy y se incorporó Nuria Flores, consejera de Cultura con Fernández Vara en la pasada legislatura.

También se han creado siete nuevas plazas para los grupos parlamentarios, adaptándose a la correlación de fuerzas entre el PSOE, que sigue siendo el grupo mayoritario por número de votos, y el PP, que tiene el mismo número de diputados.

El presidente de la Diputación de Badajoz,Miguel Ángel Gallardo, tiene 27 cargos de confianza, de los que tres corresponden al PP. En la actualidad hay cubiertos 25, a los que se añadirá el número 26 en unos días. El coste anual de los 27 es 850.600 euros.

En total, hay tres asesores políticos (dos para el PSOE y uno para el PP), otros dos secretarios de grupo para elPSOE y dos para el PP, un director de gabinete de presidencia, un jefe de prensa, otro de protocolo (sin cubrir), un asesor de comunicación, otro asesor de presidencia, un conductor que además lleva las redes sociales del presidente, tres asesores de área, un coordinador de vivero y recogida de canes, siete secretarios de diputados (uno sin cubrir, pero cuyo nombramiento está en proceso) y tres personas para el Patronato de Tauromaquia.

En cuanto a las personas contratadas para ocupar estos puestos de confianza, algunos han ocupado con anterioridad cargos públicos. Por ejemplo, Virginia Borrallo fue alcaldesa de Jerez de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación hasta el año pasado. Ahora es asesora de área (46.000 euros brutos según la Relación de Puestos de Trabajo). El mismo puesto lo desempeñan Francisco Farrona, alcalde de La Zarza y exdiputado, y María Luisa Tena, que fue concejala del PSOE en Mérida.

El asesor de Presidencia es Manuel Borrego, que ha sido diputado provincial durante ocho años. Actualmente es alcalde de Valverde de Leganés y secretario de Organización del PSOE extremeño. Cobra 34.107 euros brutos al año.

El salario más alto corresponde al director del gabinete de Presidencia, 60.631 euros, cargo que ocupa DanExpósito. En su perfil de Linkedin figura que ha sido jefe de ventas y en su formación aparece un microgrado en Marketing.El jefe de prensa y el de protocolo perciben 47.036 euros; los asesores de grupo, 37.049 euros; los siete secretarios de diputados, 26.777; 29.053 los dos secretarios del PSOE y la secretaria del grupo popular, y hay otra vinculada al PP con un 70% de dedicación.

En algunos casos han ido cambiado de puesto. Francisco Pérez-Urban, actual asesor del grupo político del PSOE, era coordinador de Tauromaquia hasta hace pocas semanas. Fue director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural en la Junta. En Tauromaquia le ha cogido el relevo Inmaculada Galache, que ha sido concejala en Villanueva de la Serena, localidad de la que Gallardo es también edil y donde ocupó la alcaldía dos décadas. Actualmente es concejala Ángela Atanasio, que acaba de acceder a Diputación como secretaria de diputado.

AntonioGarrote, que fue alcalde de Monesterio durante 16 años hasta el 28-M, ha ejercido como jefe de protocolo de la Diputación el último año. Ha dejado el puesto para ser diputado regional.

Los 27 cargos eventuales pueden no tener ninguna relación previa con las administraciones. En cambio, para cubrir los 15 directores generales y gerentes de las entidades participadas sí deben ser funcionarios del grupoA1, aunque pueden serlo de otras administraciones y son de libre designación. Son puestos de personal directivo profesional.

Ahí han recalado algunas personas que trabajaban con el PSOE en la Junta. Ocurre con Fernando Blanco, el que fuera secretario general de la Presidencia de la Junta conFernández Vara, entre 2015 y 2023, que ahora trabaja como director del área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio. Es funcionario, con la categoría de secretario-interventor. También se ha incorporado Olga García, exconsejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad entre 2018 y 2023. Ahora es gerente del consorcio medioambiental, Promedio. Ingeniera de formación, es funcionaria de la Junta.

Otra categoría distinta es la de los contratos de alta dirección, que no tienen que ser ejercidos por funcionarios, pero sí licenciados. El más conocido es el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. David Sánchez, que es jefe de la Oficina de la Artes Escénicas (55.499 euros).

Hay otros tres trabajadores con contratos de alta dirección, entre ellos el director del área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Manuel Mejías, exdirector general de la Junta y edil en Villanueva (percibe 69.801 euros brutos). Los otros dos reciben 51.319 euros brutos al año.

En cuanto a las diputaciones provinciales, el nombramiento de eventuales está regulado por ley. Ninguna de las dos ha llegado al máximo, pero se acerca. Como ocurre con la Asamblea de Extremadura, en muchos casos han recibido a altos cargos del último gobierno de la Junta.

El presidente de la Diputación de Cáceres tiene la posibilidad legal de contratar de manera discrecional hasta a 25 cargos de confianza, una cifra que se corresponde con la del número de concejales de la capital de la provincia. Miguel Ángel Morales empezó designando a 14 en una primera tanda al inicio de la legislatura, y después ha ido incorporando a otros 10 (el último el pasado 28 de mayo), de forma que tan solo queda ya disponible uno de estos puestos.

Según los datos facilitados a HOY por la Diputación cacereña, este personal eventual se reparte entre los grupos políticos en función del número de diputados obtenido en las elecciones, de manera que actualmente 17 de ellos trabajan para el grupo socialista y siete para el popular, que elige a su propio personal. A ellos habría que añadir un técnico de gestión que le corresponde al consorcio medioambiental MásMedio.

Los 24 cargos de confianza cubiertos a día de hoy en la Diputación cacereña se distribuyen en 12 técnicos de gestión, (que cobran algo más de 35.000 euros brutos anuales), siete auxiliares de grupo político (32.000 euros), un coordinador de Presidencia (50.400 euros), un técnico (41.000 euros), un técnico de imagen del Gabinete (37.500 euros), un asesor de redes sociales (37.500 euros, con dedicación del 75%) y un técnico de comunicación del Gabinete (35.000 euros). Faltaría por asignar un puesto de auxiliar de grupo. Estas cantidades aumentan anualmente en las cuantías pactadas en la mesa de negociación para los trabajadores provinciales.

El presupuesto total que destina la Diputación cacereña a estos puestos eventuales es de 869.160 euros, más otros 35.000 para el técnico de gestión de MásMedio.

En la primera tanda de nombramientos que se llevó a cabo en julio de 2023, nada más constituirse la corporación provincial, Miguel Ángel Morales asignó como coordinador de Presidencia a Fernando Grande, alcalde de Mirabel y diputado de Cultura y Deportes en la anterior legislatura.

Tanto el PSOE como el PPtienen trabajando en sus grupos políticos de la Diputación a personas de la máxima confianza, entre ellos a varios concejales del Ayuntamiento de Cáceres, o la esposa del alcalde Rafael Mateos, que es auxiliar del grupo popular, una categoría en la que el PP mantiene además a varios colaboradores que ya trabajaban para el grupo en legislaturas anteriores.

Entre los socialistas, han ido entrando durante los últimos meses en sucesivos nombramientos, todos como técnicos de gestión, los ediles de Cáceres Antonio Bohigas, David Santos Holguín y Fernanda Valdés. En la misma categoría figuran anteriores cargos públicos del PSOE como el exalcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco; el exgerente del Sepad, José Vicente Granado; o la exalcaldesa de Navalmoral, Raquel Medina, además del actual primer teniente de alcalde de Malpartida de Plasencia, Miguel Manzano.

Entre los eventuales del PP también hay concejales, como Javier Rodríguez, que es edil en Madrigalejo.

Tanto el PSOE como el PPtienen a sus respectivos jefes de prensa del partido a nivel provincial como personal de confianza en la Diputación.

Todos estos nombramientos son públicos, al igual que los sueldos, y han ido apareciendo desde julio de 2023 en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.