La conexión extremeña de Víctor de Aldama

La Guardia Civil detuvo a comienzos de octubre a Víctor de Aldama, quien supuestamente se embolsó cantidades millonarias por conseguir durante la pandemia material sanitario para el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, conocido como caso Koldo. En el marco de aquella operación registró una finca en las proximidades de Coria propiedad de Claudio Rivas, un empresario vinculado a la compañía de hidrocarburos Villafuel, quien también fue detenido en aquel momento. El juez de la Audiencia Nacional decretó para él prisión provisional, aunque recientemente ha sido puesto en libertad.

Otro socio de Aldama en el caso Koldo, Juan Carlos Cueto, también posee una finca en la provincia de Cáceres, en el municipio de Salorino, que fue registrada igualmente en su día por la Guardia Civil en busca de pruebas.

Pero las detenciones de octubre no guardan relación con el supuesto pago de comisiones a políticos, sino con un presunto fraude de al menos 182 millones de euros a la Agencia Tributaria en apenas dos años con una red de empresas dedicadas a la venta de hidrocarburos que, tras un breve tiempo operando, eran llevadas a la quiebra y al cierre con el fin de no pagar el IVA.

La Guardia Civil anunció el pasado lunes una segunda fase de esta operación, que se saldó con cuatro nuevas detenciones. Entre ellas la de Carmen Pano, la empresaria que aseguró que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Madrid por encargo de Víctor de Aldama.

Según la Guardia Civil, la organización criminal disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal. Además, contaban en paralelo con una serie de empresas tanto en España como en terceros países para el blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente. Las actuaciones, dirigidas por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, incluyeron la entrada y registro en los domicilios de los detenidos e investigaciones en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.

Además de Carmen Pano, también fueron detenidos su hija y exnovia de Víctor de Aldama, Leonor María González; el empresario Luis Alberto Escolano, quien supuestamente pagó el piso de lujo en un rascacielos de Madrid a la novia de José Luis Ábalos; y Carlos del Castillo, otro industrial relacionado con el presunto conseguidor. Los cuatro ya han sido puestos en libertad.

Este último cuenta con al menos seis empresas domiciliadas en la región. Todas fueron constituidas en la misma fecha, según los anuncios publicados el mismo día en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), y todas empezaron a operar el 9 de agosto de 2021. Todas con un capital de 3.000 euros, el mínimo exigido. Y todas con el mismo domicilio, el número 16 de la avenida Felipe VI de Mérida, un lugar en el que se encuentra una nave que hoy se dedica a otros fines que no están relacionados con estas sociedades. Esto es así porque las seis cambiaron de domicilio en octubre de 2022 a un local situado en la calle Doctor Antonio Sánchez Sánchez de Badajoz.

En tres de estas empresas figuró Carlos del Castillo como administrador único y en otras tres otra persona, quien dejó este cargo en abril de 2022. En todos los casos este año se ha llevado a cabo una modificación que identifica a este empresario como socio único. Es decir, como único propietario.

Dos de estas sociedades, Combustibles Virila y Combustibles Lucinala, incluyeron en su objeto social como actividad principal el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares. En ambos casos se modificó esta designación, también en sendos anuncios publicados el mismo día en abril de 2022.

En aquel momento se identificó como principal otra de las dos actividades complementarias que se recogieron en el objeto social, las de intermediarios del comercio de productos diversos y comercio al por mayor no especializado. Las otras cuatro empresas también tenían esta dedicación genérica, aunque en principio sus nombres podrían indicar otro tipo de negocio: Pinares Sierra de Gredos, Grufium Maquinaria y Herramientas, Everglades Fotografía Artística y Valdonaire Gráficas y Rotulación. Como se ha indicado, todas hicieron el mismo recorrido sobre su fecha de constitución, cambios de administradores, traslado de domicilio y declaración de socio único. Y en todos los casos con anuncios publicados el mismo día en el Borme.

Pero no sólo Carlos del Castillo figura en estas empresas. Carmen Pano, otra de las detenidas el pasado lunes, figuró como apoderada solidaria de las seis compañías entre octubre de 2021, apenas un mes y medio después de su constitución, y mayo de 2022.

Por último, de una de las empresas, Combustibles Lucinala, se publicó en abril de este año en el boletín oficial una inscripción de declaración de insolvencia provisional por importe de 15.361,52 euros por mandato del Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz.