El Gobierno aprobará el martes el proyecto para la condonación de 85.000 millones de deuda a las comunidades

La quita de la deuda fue una de las condiciones que acordó Esquerra Republicana (ERC) con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023 y que volvió a ponerse sobre la mesa durante la negociación para impulsar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat el año pasado pactando la financiación singular para Cataluña. «Nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones de deuda», recalcó Montero.

La mayor parte de ese pasivo corresponde a préstamos otorgados a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo extraordinario creado en 2012 ―durante la crisis financiera― para garantizar la financiación de comunidades con dificultades de acceso a los mercados.

Andalucía y Cataluña, con una condonación de 18.000 y 17.104 millones de euros, respectivamente, serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta. Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones). De este reparto se quedan fuera País Vasco y Navarra, aunque ambos territorios ya han planteado que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

Tras su paso por el cónclave ministerial, lo previsto es que el texto se envíe a las Cortes Generales para que continúe su recorrido parlamentario. Al tratarse de una ley orgánica la iniciativa necesita ser aprobada por mayoría absoluta y Compromís, socio del Gobierno, ya mostró su rechazo. El Ejecutivo interpretó el desplante del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de febrero como una abstención y confía en que, finalmente, se acabarán acogiendo a ella si sale adelante pese a las críticas. «No tienen argumentos para renunciar», afirmó Montero, apuntando a que la condonación «provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro».

Según la metodología establecida, la primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total que está vigente al cierre de 2023. En la segunda se establece una condonación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. Y en la última, Hacienda ha realizado dos ajustes para dar «mayor equidad». En este sentido, la Comunidad Valenciana será la que se beneficie con una mayor condonación de deuda por habitante ajustado  (2.284 millones) y es la cifra de referencia.