Vecinos de la finca Cuartos del Baño amenazan con acudir a la vía penal contra el Ayuntamiento de Cáceres

El alcalde ha dado la palabra a los representantes de tres colectivos para exponer sus peticiones, los otros dos han sido la asociación AMA, que reivindica un cambio en el Plan General Municipal (PGM) para regular las actividades extractivas en el subsuelo y sobre la que ha aportado una amplia documentación técnica, y Amigos de la Ribera del Marco, que ha vuelto a denunciar el abandono de la zona, el retraso en la campaña de desbroce y la operación que ejecutará la agrupación urbanística San Francisco 06 y que conlleva el derribo de una treintena de edificaciones en el Alto de Fuente Fría y sus inmediaciones. Manuel Gutiérrez también tomó la palabra para criticar que la apuesta municipal sea recuperar los festejos taurinos.

«Vamos a ir a la vía penal», ha advertido la portavoz de los propietarios de la finca Cuartos del Baño durante su alocución. Se refiere al abandono que sufren los vecinos por la inacción del Consistorio, tanto al ejecutar la sentencia judicial favorable que tienen en el Contencioso-Administrativo sobre la titularidad pública de su camino como por los problemas con las comunicaciones.

En una nota previa ya apuntaban esa «grave» coyuntura que les afecta en relación a un sendero histórico que daba servicio a esa comunidad desde el siglo XIX. Está entre Cáceres y Aliseda y los usuarios de esas fincas rústicas lo venían utilizando con normalidad hasta que, defiende, «fue usurpado y cortado en varios tramos». Los mismos vecinos ya se concentraron en 2017 ante el Ayuntamiento para reclamar la titularidad pública de una vía que quedó en principio fuera del catálogo municipal, aunque luego ha tenido respaldo en los juzgados.

El problema es que esos fallos judiciales no se han cumplido por falta de actividad municipal. Dicen los vecinos que el Consistorio no ha tomado medidas, pero hoy el alcalde ha respondido que no es exactamente así. «Están en su derecho de acudir a la vía penal. Entiendo su desesperación, pero el Ayuntamiento no está parado», ha venido a decir Mateos, que ha informado de los primeros pasos para el amojonamiento del camino para señalizarlo como público y el desplazamiento a la zona de miembros de la patrulla verde de la Policía Local y del SIG municipal.

Los vecinos aluden al problema que se produce cada vez que se prolongan las lluvias. En Semana Santa volvieron a quedar aislados varios días tras quedar cubierto el paso por el río Salor.

Por otra parte, la asociación AMA ha defendido una modificación puntual del PGM, ya que tiene carencias en su regulación de la ordenación territorial y urbanística, en los usos de los recursos naturales y de la protección ambiental y sobre todo «adolece en su definición de los usos extractivos y en la competencia sobre su regulación a nivel del lugar físico de donde se extraen, el subsuelo, ya sea a cielo abierto o en galería», informó el colectivo.

Su portavoz, Santiago Márquez cree que «hay deficiencias» y los usos extractivos no están bien definidos. Considera que la normativa local debe tener competencias propias para pronunciarse sobre el proyecto que le afecta, el de la mina, con 18 niveles de galerías y 600 metros de profundidad, ha señalado.

El alcalde le ha respondido que la documentación se remite a la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano para su análisis y valoración, aunque ha aclarado que el equipo de Gobierno no hará indicaciones a los técnicos para que se pronuncien en ninguna dirección.

Finalmente, sobre las críticas que ha trasladado la Asociación Amigos de la Ribera del Marco ha sido rotundo. «¿Por qué la Ribera es siempre la última en la campaña de desbroce?», le preguntó Pedro Moreno, presidente de ese colectivo. «No es cierto», contestó Mateos. «La campaña ha empezado. Con las lluvias intensas y ahora el calor es normal que haya maleza. Es imposible desbrozar en cinco días el término municipal de Cáceres», enfatizó. Sobre el desarrollo de San Francisco 06 recordó que ha habido varios procesos de participación pública y alegaciones a las que podían acudir los afectados.