El juzgado rechaza la petición de rescindir el contrato de la empresa de la obra de la muralla de Cáceres

El juzgado se ha pronunciado sobre la petición realizada por Cabero Edificaciones, la empresa adjudicataria de las obras de la segunda fase de rehabilitación de la muralla de Cáceres, para rescindir el contrato con el Ayuntamiento. Y, en primera instancia, ha rechazado esta solicitud. Con esta resolución, el Consistorio urge a la firma vallisoletana que reanude los trabajos cuanto antes, pero Cabero, según ha confirmado a HOY, recurrirá la sentencia. Así las cosas, se prevé que las obras, que afectan a dos tramos del lienzo almohade situado en los adarves, sigan estancadas por un tiempo más.

Pedro Muriel, portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Cáceres, ha dado a conocer este viernes en la rueda de prensa ofrecida tras la celebración de la junta de gobierno, el fallo judicial. «El juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Cáceres da la razón a este Ayuntamiento en el litigio contra la empresa adjudicataria de las obras de la segunda fase de la muralla», ha dicho.

«Si recuerdan -ha proseguido el edil-, cuando entramos a gobernar, este equipo de gobierno se encontró con la obra paralizada por la pérdida de los fondos estatales. Y una vez que conseguimos el millón de euros de fondos propios para reiniciar los trabajos instamos a la adjudicataria a que reanudara la actividad en la muralla. Esta se negó y pidió resolver el contrato y alegó contra la decisión de este Ayuntamiento. Ahora la justicia da la razón a este Ayuntamiento y al empeño que tiene este equipo de Gobierno. Confiamos en que la empresa retome los trabajos y, por fin, nuestra muralla continúe luciendo como se merece», ha indicado Muriel.

Además, el portavoz adjunto ha recordado que el Consistorio mantiene otro litigio abierto con el Gobierno central por la retirada de la subvención destinada, precisamente, a esta obra de rehabilitación. «El asunto está judicializado y estamos a la espera de una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo antes de la finalización de este año», ha expresado Muriel.

Para entender lo que ocurre con esta obra hay que retrotraerse en el tiempo. Octubre de 2022. Ese mes, todavía con Luis Salaya como alcalde, dieron comienzo los trabajos, que tienen entre sus principales objetivos hacer nuevos tramos del lienzo accesibles. En concreto, los trabajos se focalizan en el tramo de la Torre Redonda (junto al restaurante Nolasco, a escasos metros de Puerta de Mérida) y la Torre del Aver en el adarve del Padre Rosalío (frente a la fachada trasera del Palacio de los Golfines de Arriba).

Ya en el momento del comienzo de la rehabilitación había un conflicto abierto. En este caso, era entre la institución municipal y el gobierno central a cuenta de la financiación de los trabajos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reclamó la devolución de la subvención concedida (844.000 euros) debido a varias modificaciones introducidas en el proyecto original, como la supresión de la instalación de un ascensor en el adarve del Padre Rosalío.

Con este enfrentamiento abierto se dio el pistoletazo de salida a las actuaciones. La empresa Cabero se convirtió en la adjudicataria de los trabajos por 1.017.000 euros. Pero apenas tres meses después, en enero de 2023, el Ayuntamiento de Cáceres ordenó paralizar la obra tras la retirada del dinero por parte del Ministerio de Fomento.

Para entonces, habían surgido otro tipo de problemas durante la realización de los trabajos. Por un lado, una primera interrupción de la obra motivada por la negativa de unos residentes a la entrada de los operarios en su vivienda para montar andamios en un patio particular.

A este hecho se sumó la queja de los vecinos por la inseguridad que sufrían después de que un varón, que fue detenido por la Policía Local y la Nacional, intentara entrar en algunas casas aprovechando la estructura colocada para la realización de las obras. Y, además, el Ayuntamiento mantenía un litigio abierto con una vecina por el uso de la Torre Redonda –una de las dos que se hará accesible–. La residente que hasta ahora accedía desde su casa, de manera exclusiva, a la torre y al tramo de muralla que llevaba hasta ella puso el caso en manos de la justicia amparándose en un título que conservaba y que, según su versión, la convertía en propietaria. El Ayuntamiento, mientras tanto, defendía que es un bien de dominio público.

En febrero de 2023 la Audiencia Provincial confirmó la resolución previa del juzgado número 3 de Cáceres, según la cual la Torre Redonda y la muralla anexa son de propiedad municipal. El fallo, no obstante, no era firme y cabía recurso ante el Tribunal Supremo.

Llegó el mes de julio y el actual alcalde, Rafael Mateos, anunció, en una de sus primeras decisiones tras hacerse con el gobierno local, la reanudación de las obras interrumpidas en enero. Los trabajos, avanzó, se ejecutarían con fondos propios. En concreto, con cargo al remanente de 2022. Pero estas obras no se han llegado a retomar nunca. En el mes de agosto la empresa adjudicataria presentó un escrito en el que comunicaba que renunciaba al contrato, según informó la entonces concejala de Patrimonio Histórico, Raquel Preciados.

Tres meses después, el administrador único de la empresa, Javier Cabero, justificó en declaraciones a este diario que su renuncia se basaba en la dejadez del Ayuntamiento: la paralización de la obra durante más de ocho meses consecutivos y la falta de certificación y pago durante más de seis meses. El Consistorio no admitió los argumentos de la empresa y le instó a reanudar los trabajos.

A finales de 2023 trascendió que Cabero había interpuesto un recurso contra el Ayuntamiento para reclamar ante la justicia la resolución del contrato. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres admitió el recurso de la empresa. Y ahora se ha dado a conocer sus decisión.

Por otro lado, Pedro Muriel ha desvelado otro fallo judicial favorable al Ayuntamiento que también tiene que ver con la muralla. En este caso, con el baluarte de los Pozos. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por una familia contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento en el que se declara como bien del Consistorio cacereño el baluarte.

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