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Un hombre pasea por un camino en mal estado por las inmediaciones de la Sierra de la Mosca. HOY

La Junta tramita la protección de la Sierra de la Mosca de Cáceres desde junio de 2019

La Consejería para la Transición Ecológica dice que el Ayuntamiento no respondió a sus consultas y advirtió en enero de que la declaración no estaba «suficientemente justificada»

Martes, 18 de mayo 2021, 21:07

La posible declaración de la Sierra de la Mosca como 'paisaje protegido' llegará al pleno municipal mañana jueves con una moción de Alcaldía, pero ... la Junta de Extremadura lleva casi dos años con el expediente de la tramitación abierto. El 26 de junio de 2019 Juan Gil Montes, «en representación de 43 colectivos», confirma la Consejería para la Transición Ecológica, registró la solicitud en la que se pedía esa protección para dicho enclave.

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La Dirección General de Sostenibilidad rubricó el pasado 29 de enero una resolución en la que cuestiona la posible declaración de esa figura especial ya que afectaría a un amplio espacio de terrenos de casi 3.000 hectáreas en las que también figuran propiedades privadas, zonas de áridos, áreas degradadas... que no cumplen en ningún caso con los requisitos que establece la Ley.

Según consta en ese documento, la declaración de espacio protegido «no está suficientemente justificada» para iniciar el procedimiento correspondiente con el tramite de audiencia de 30 días a los afectados, entre los que estarían entidades locales y asociaciones ecologistas. La Junta pidió a los solicitantes que subsanasen las deficiencias de la documentación, un aspecto que consta en el documento oficial y que el director general de Sostenibilidad ya transmitió a los interesados en una reunión el 28 de enero, es decir, el día anterior.

El propio documento recoge que «con el fin de recabar información al respecto de la solicitud presentada» se hicieron consultas a diversas entidades e instituciones. Fueron más de una veintena, corrobora ahora. Estaban la Consejería de Agricultura, la de Cultura, asociaciones agrarias, colectivos conservacionistas, la UEx... «y el Ayuntamiento de Cáceres, no habiéndose recibido aportaciones del mismo», admite la Junta.

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Por contra, sí respondieron Cáceres Verde, Salvemos la Montaña y Adenex, entre otros consultados. En el escrito del director general de enero se resalta que «dada la trascendencia ambiental y social que tiene la declaración (…) y considerando que la figura y el perímetro propuesto no estaban suficientemente justificada» se requería subsanar la documentación presentada en su día. Hay que recordar que existe un informe documentado preliminar por parte de los solicitantes de más de 130 páginas.

En el pronunciamiento de enero, la Junta apunta que se quiere proteger en algunos casos espacios «con escaso valor natural» y cita parcelas urbanizadas, terrenos de uso industrial o naves. «No cumplirían los criterios», avisa. Además, alude a «la amplia red de áreas protegidas» que ya tiene el municipio y recuerda que el PGM establece una limitación de usos. Asimismo cree «conveniente conocer la posición» de los ayuntamientos de Cáceres y Sierra de Fuentes. El concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, indicó ayer que se ha hablado «sobre muchos temas que afectan a la ciudad y recientemente hemos abordado esta cuestión (la protección de la Sierra de la Mosca) con el director general de Sostenibilidad».

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Podemos ya llevó al pleno municipal la protección de la zona en abril de 2018 y su moción la tumbaron PSOE, PP y Ciudadanos

El Gobierno cree que este es el momento para actuar «una vez que no hay expedientes en tramitación». En abril de 2018 Podemos ya llevó a pleno la protección del entorno mediante la figura del Parque Periurbano y el asunto quedó sobre la mesa con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. Los socialistas consideraron que era «populista» e «irresponsable» y el PP argumentó que podía dar argumentos jurídicos a la empresa de la mina.

El martes 11 el director general de Sostenibilidad, Jesús Moreno, se reunió con los solicitantes tras presentar estos la nueva documentación. La tramitación «sigue el curso establecido legalmente», concluye la Consejería para la Transición Ecológica.

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