La zona de bajas emisiones de Badajoz se queda estancada tras la anulación judicial

La decisión del TSJEx en realidad no fue por un error en la normativa, sino por una cuestión técnica. Sea como fuere, supone un problema porque los municipios con más de 50.000 habitantes tienen hasta final de año para tenerlas aprobadas y el Ministerio de Transición Ecológica ya ha amenazado con exigir la devolución de fondos europeos.

Tras la decisión judicial, el Consistorio pacense aseguró que volvería a aprobar la ordenanza en breve, ya que el fallo judicial fue por un defecto de forma. Por tanto pretendían llevarlo de nuevo al pleno municipal. Por el momento, sin embargo, no se ha hecho y el Ayuntamiento ha confirmado a HOY que esta normativa tampoco estará en el pleno del mes de julio.

El TSJEx estimó en marzo el recurso presentado por la Asociación Liberum basado en que la zona de bajas emisiones se ha establecido en Badajoz mediante ordenanza y no a través de un plan de movilidad urbana sostenible como exige el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Esta entidad está en contra de las restricciones de tráfico que promueve el Gobierno y ha presentado recursos contra muchas de ellas.

En el caso de Badajoz la sala anula la ordenanza municipal que establece esta zona porque no se aprobó primero en un pleno municipal el plan de movilidad. El Ayuntamiento entendió que no era necesario.

En mayo de 2021 entró en vigor la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética. Una de las novedades es que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE. Esto supone que en algunas calles de la ciudad se restringe el tráfico a cierto tipo de coches, por ejemplo los más contaminantes.

La medida afecta a 151 ciudades españolas que debían tener en marcha la ZBE el 1 de enero de 2023, pero solo 14 cumplieron el plazo. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica ha ampliado el plazo hasta finales de 2025. Es la línea roja que Badajoz no puede cruzar.

En marzo el Ayuntamiento aseguró que cumpliría con el plazo aunque las medidas no entrarán en vigor hasta 2026 porque antes el Consistorio debe comprar señalización y cámaras con lector de matrícula para instalarlas allí donde se restrinja el tráfico.

Una vez implantado este modelo, Badajoz tendrá una zona de tráfico a la que solo podrán pasar los residentes, previo registro de sus coches en un listado municipal, y otros vehículos poco contaminantes. Para ellos los pacenses deberán acostumbrarse a colocar en sus vehículos los distintivos ambientales. Unas pegatinas con letras (B, C, E) que marcan qué tipo de coche es, si eléctrico, híbrido o contaminante.

En Extremadura, además de Badajoz, Cáceres y Mérida también deben tener ZBE al superar los 50.000 habitantes. La primera ya tiene una zona restringida en torno a la Ciudad Monumental y está preparando un nuevo plan de movilidad que podría sumar más calles.

En Mérida hay un problema similar al de la capital pacense. El TSJEx también ha anulado su ordenanza y la resolución del Consistorio que ya se disponía a comprar los medios materiales para ponerlo en marcha. En ese caso ha sido un vecino, que vive en una de las calles afectadas por las restricciones, el que ha acudido a los juzgados y ha logrado que se paralice. El fallo judicial, que se conoció hace un mes, tiene similitudes con el de Badajoz. También se determina que antes debía haber un plan de movilidad con medidas en esas vías.