Suspendido el juicio en Badajoz por una agresión a un funcionario municipal

Carlos Sánchez Rubio, funcionario del área de Turismo, asegura que dos personas entraron en la oficina del pasaje de San Juan y, mientras una grababa con el móvil, otra le golpeó con una silla. Había otra más que jaleaba.

La acusación apunta a José Antonio Hinchado Alba como el agresor y considera que pudo cometer un delito de lesiones del subtipo agravado por usar una silla, por lo que pide tres años y seis meses de prisión, y un delito de amenazas, con la pena de multa de tres meses, con una cuota diaria de 20 euros. Pide, además, 750 euros de indemnización por los 14 días que tardó en curar.

El suceso tuvo lugar poco antes de las cinco de la tarde del 25 de julio de 2017, cuando Carlos Sánchez Rubio acababa de abrir la oficina del pasaje de San Juan.

El funcionario de Turismo identificó en la denuncia a José Antonio Hinchado Alba como la persona que lo golpeó y amenazó, y Antonio García-Borruel (sobrino del ex concejal de Cs Luis García-Borruel) como el acompañante que lo grabó todo con su teléfono móvil. Este último fue el que no acudió al juicio del pasado día 20 de junio y no ha sido acusado, sino que debía comparecer como testigo.

El funcionario conocía a Borruel e Hinchado porque habían realizado numerosos comentarios sobre él en las redes sociales, especialmente en un grupo sobre Badajoz de Facebook, y han estado involucrados en distintos procedimientos judiciales a raíz de esas campañas de difamación.

Según dijo Sánchez Rubio, aquel día salió de trabajar de su oficina del Pasaje de San Juan a las dos de la tarde. En ese momento, los dos individuos que asegura que posteriormente lo agredieron, estaban sentados en la terraza de un bar frente a la Oficina de Turismo. Mientras se marchaba lo increparon.

Cuando el funcionario volvió a la oficina para abrir por la tarde, poco después le siguieron Hinchado Alba y García Borruel. Ya en el interior, el primero comenzó a gritarle diciéndole «que no volviera a hacer eso». La víctima, que asegura que no sabe a qué se refería, preguntó si le estaban amenazando. Según el escrito de acusación, Hinchado comenzó a decirle «expresiones tales como 'Hijo de puta, te voy a matar', cogiendo posteriormente una silla de la oficina y golpeando con ella en repetidas ocasiones a Carlos, haciéndole caer sobre una mesa, golpeando así una fotocopiadora (propiedad del Ayuntamiento) que cayó al suelo y quedó fracturada, siendo el coste de reparación de la misma de 750 euros más IVA: 907,50 euros».

El funcionario afirmó en su día que los golpes se dirigieron a su cabeza y que pudo pararlos, parcialmente, con los brazos. Debido al ataque sufrió contusiones y arañazos en ambos brazos. Uno de ellos debió llevarlo en cabestrillo por las lesiones. También tuvo hematomas y heridas en la cara. Tardó 14 días en curar.

Según explicó en julio la acusación, dirigida por el abogado Jenaro García, el funcionario «pudo grabar con su móvil un audio de una duración de 1 minuto y 17 segundos en el que se pueden escuchar los insultos y amenazas que le decía el acusado». Además, en el momento de los hechos estaban dentro de la oficina Antonio García Borruel y Francisco Javier Teijeiro, que «aplaudían y jaleaban la conducta del acusado, pese a lo cual no han sido imputados por falta suficiente de pruebas».

El funcionario salió corriendo de la oficina en busca de los agentes de la Policía Local que suelen estar en la puerta del Ayuntamiento. Uno de ellos lo atendió y envió una patrulla que se presentó en el lugar de los hechos, pero no localizó a los denunciados.

Sánchez Rubio, tras ser asistido en el hospital Perpetuo Socorro, presentó una denuncia en la Policía Nacional a la que adjuntó un parte de lesiones.

Esta agresión supuso un antes y un después en las polémicas que se producían en redes sociales hace cinco años y que llevaron al Ayuntamiento a una situación límite por las continuas insidias contra políticos, funcionarios, empresarios y ciudadanos.

Compañeros del trabajador municipal convocaron una protesta a las puertas de Turismo y el alcalde, Francisco Fragoso, condenó los hechos.

El Ayuntamiento no se llegó a personar como acusación, a pesar de que lo anunció hace cinco años.