Seis miembros del clan de narcos de Badajoz perderán sus propiedades y sus vehículos

En total había 30 acusados pero el acuerdo pactado por las defensas solo concede la absolución por falta de pruebas a nueve de los procesados, la mayoría parejas de los condenados, mientras que para el resto se fijan penas que en algún caso superan los seis años de prisión.

El acuerdo alcanzado por las defensas y la Fiscalía obligará a ingresar en prisión a buena parte de los condenados. Pero además, supondrá el decomiso de bienes valorados en unos 2,5 millones de euros. Sobre el importe de esa cantidad habló Diego Yebra, el fiscal que ha representado al Ministerio Público en este juicio. En conjunto son una decena de inmuebles, doce coches de alta gama y tres motocicletas.

La lista de propiedades es amplia y en ella se incluyen, entre otros bienes, una finca en Tres Arroyos y varias casas en el Cerro de Reyes. Entre ellas el gallinero que utilizaba la red para traficar.

También varios coches Audi A3 y Audi A5, vehículos BMW e incluso un Hammer. A ello se unen tres motos de cross Kawasaki.

Pero no sólo los condenados por blanqueo perderán sus bienes. También algunas de las personas que han sido absueltas de los cargos penales por falta de pruebas se enfrentan al decomiso de sus bienes como responsables civiles a título lucrativo.

Precisamente una de las acusadas se ha quedado fuera del acuerdo de conformidad porque su letrado, José Duarte, considera que no puede ser juzgada porque cuando ocurrieron los hechos era menor de edad.

La Fiscalía, sin embargo, piensa que debe ser absuelta por falta de pruebas pero pide que le sea decomisada una propiedad de Tres Arroyos que está a su nombre porque fue comprada con dinero procedente del narcotráfico. Para discutir este aspecto concreto se celebrará un juicio en el que ella será la única procesada.

La Fiscalía ha valorado positivamente el acuerdo conseguido porque lleva a prisión a buena parte de los componentes de este clan familiar y destaca igualmente la contundencia en lo referido al decomiso de bienes dado que a los condenados por blanqueo de capitales se les priva de la posesión de inmuebles valorados en 2,5 millones de euros que habían sido adquiridos utilizando el dinero obtenido con el narcotráfico.

A la hora de aceptar una rebaja de penas la Fiscalía ha tenido en cuenta algunos de los argumentos propuestos por las defensas, que han sido llevadas por José Duarte, Raúl Montaño, Rosa Dorado y Alfredo Pereira. Todos han conseguido que a los condenados por el delito contra la salud pública y organización criminal no se les impongan penas superiores a 3 años de prisión después de que se les haya aplicado la atenuante de drogadicción. Para este delito las penas solicitadas inicialmente ascendían a 15 años de prisión en algunos casos y en 11 para el resto.

Igualmente han logrado que a la hora de valorar el delito de blanqueo de capitales (se pedían 6 años de prisión pero se ha dejado en 2 años) se haya aceptado reducir la pena tras aplicarse la analógica muy cualificada de confesión de los hechos.

Además, se ha retirado la acusación de tenencia de armas reglamentadas sin las licencias o permisos correspondientes para los cuatro acusados de este delito, que se enfrentaban a tres años de cárcel cada uno.

En todo caso, José Duarte ha anunciado que va a pedir que sus representados no ingresen en prisión y que, como alternativa, se sometan a un proceso de desintoxicación de la drogadicción que sufren, algo que ve posible porque ninguno de ellos supera los 5 años de cárcel.