La Justicia archiva otra vez la causa por extorsión del cupón premiado con 17 millones

Este procedimiento se puso en marcha días después de que esas dos mujeres, que son hermanas, se desplazaran junto al denunciante a las oficinas de la ONCE en Badajoz para cobrar el premio. La noche anterior había sido firmado un contrato en el que se dejaba constancia de que el boleto pertenecía al varón y a una de las hermanas, pero con posterioridad fue firmado un segundo contrato en el que ya se incluía a la segunda hermana, quien explicó en el juzgado que en un primer momento pensó que era mejor no figurar a pesar de que el boleto también era suyo, pero posteriormente cambió de postura porque de no haberlo hecho le habría resultado «muy gravoso a efectos fiscales».

El sorteo había tenido lugar el día 5 de mayo y el premio fue cobrado de forma rápida, pero justo una semana después uno de los agraciados denunció ante la policía que un familiar de las mujeres le había colocado una pistola en la cabeza para que compartiera el premio. Igualmente dijo que tardó en comunicar los hechos porque había sido perseguido «por un sudamericano enviado por la familia de las mujeres».

De la investigación se encargó el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, cuya titular decretó el archivo de las actuaciones tras descartar la existencia de indicios de criminalidad.

Esa decisión fue recurrida por el abogado del querellante, Rafael Repiso, pero ese mismo juzgado confirmó el archivo. Por esta razón volvió a recurrir este letrado ante la Audiencia de Badajoz, que confirma esa decisión.

Los argumentos que utiliza el tribunal son similares a los que ya expresó el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz. Además, rechaza la práctica de nuevas diligencias.

Una de las diligencias solicitadas por el letrado del querellante proponía que se le tomase declaración al hombre que supuestamente le colocó la pistola en la cabeza. Argumentaba el letrado que esa diligencia no se había podido practicar con anterioridad porque ese hombre permanecía en paradero desconocido hasta que el 20 de septiembre fue detenido en una operación policial.

Pero recuerda el tribunal que esa toma de declaración no fue solicitada con anterioridad por el abogado del querellante. Además, los tres magistrados que componen el tribunal coinciden en que no es necesario interrogarlo porque «no se han encontrado indicios de delito para continuar con la investigación».

El tribunal también rechaza la segunda diligencia, que proponía solicitar a las compañías operadoras de móviles la geolocalización de los teléfonos de los implicados el día en el que fueron comprados los billetes.

Sobre este particular ya se pronunció el juzgado de instrucción tras considerar suficiente el testimonio aportado por el vendedor del cupón, quien declaró en sede judicial que el día que vendió los cupones al ahora querellante vio que en el coche del que se bajó había otras dos mujeres, a una de las cuales identificó como una de las agraciadas en el sorteo. Igualmente testificó que después de celebrarse el sorteo le preguntó al querellante si el premio le había tocado a los tres, y que este le contestó que sí.

La Audiencia también tiene en cuenta lo testificado por el abogado que redactó el contrato en el que se dejaba constancia de que el billete era compartido y lo dicho por los empleados de la entidad bancaria en la que se abrieron las cuentas en las que fue depositado el dinero. Ninguno de ellos manifestó haber observado que el hombre que ha denunciado las coacciones actuase bajo amenazas.

Un tercer elemento que tuvo en cuenta fue la grabación que realizaron las cámaras instaladas en la finca familiar de las mujeres, en la que se observa que el hombre acudió después de saber que había ganado el premio «perfectamente tranquilo y sin coacción alguna».

Con estas motivaciones es confirmado el archivo de las actuaciones, en el que insistían los abogados defensores Alfredo Pereira y Rosa Dorado, un archivo que no puede ser recurrido y que deja vía libre para que las dos mujeres –una de ellas es la viuda del hombre que murió tiroteado en la gasolinera Vaquerizo de Badajoz– puedan solicitar al juzgado su derecho a disponer de los 11,2 millones de euros que quedaron retenidos en sus cuentas bancarias por decisión judicial tras el cobro del premio.