La Diputación de Badajoz adelanta 22 millones a los pueblos para afrontar la inflación

La Diputación publicará este miércoles las bases de las convocatorias del Plan Cohesiona, con el que ofrece a los ayuntamientos 22 millones de euros para que ellos realicen inversiones o afronten pagos corrientes. Entre ellos, las facturas de energía y carburante que están descuadrando las cuentas de casi todos los ayuntamientos.

Los municipios que se beneficien de este programa tendrán que aportar una cofinanciación, por lo que la institución provincial eleva a 26,7 millones de euros el montante total. La Diputación tomará 12 de los 22 millones de los presupuestos de 2022 y otros 10 aparecen en las cuentas de 2023, que están en tramitación.

La Diputación ya publicó y concedió las ayudas este plan correspondiente a la anualidad de este año y ahora ha decidido adelantar la edición de 2023. De esta manera, aquellos ayuntamientos que tengan problemas económicos para cerrar 2022 podrán solicitar y recibir ese dinero antes del 31 de diciembre.

Al publicarse las bases, los ayuntamientos pueden hacer sus cálculos sobre el dinero al que pueden acceder y, a su vez, elaborar sus propios presupuestos de cara al próximo año con la seguridad de esos fondos. Según la institución, 220 localidades se pueden beneficiar de esta ayuda. Todos con menos de 20.000 habitantes.

Se quedan fuera Don Benito, Villanueva, Almendralejo, Badajoz y Mérida. Estos municipios, con una población superior a los 20.000 habitantes, sí pudieron acceder a otro plan de inversiones llamado Suma en 2020 con motivo de la pandemia.

La institución distribuirá el dinero en función de la población de la localidad y recoge un «umbral mínimo de solidaridad para municipios inferiores a 100 habitantes, que será de 21.000 euros». Para el resto de municipios ascenderá a 56.000 euros.

Además, la Diputación establece la aplicación de la regla del pago previo, con posterior justificación de los fondos. Esto implica que la institución provincial transferirá los fondos a las entidades beneficiarias tras la resolución de la concesión de las subvenciones. Por su parte, las entidades locales deberán tener ejecutadas y pagadas las actuaciones antes del 30 de junio de 2024.

Esto es así porque pueden pagar con este dinero todas las inversiones o gastos desde el 1 junio de este año 2022 hasta el 30 junio de 2024. Todos estos detalles los ofrecieron ayer el diputado de Fomento, Francisco José Farrona, y el director del área de Fomento, José Carlos Cobos.

Según Farrona, se trata de un plan «muy esperado» por los ayuntamientos por la subida de los precios, los costes de la energía y los combustibles. Igual que la inflación afecta al bolsillo de los pacenses, está haciéndose notar en las administraciones locales que, además, tenían hecha una previsión de gastos e ingresos antes de final de 2021 y han visto cómo la escalada de la luz y la gasolina altera su previsión de gastos. Esto, a su vez, complica el cierre del año presupuestario.

«Vamos a promover que aquellos ayuntamientos que tengan dificultades para acometer los gastos por las subidas de precios del coste energético puedan asumir esos sobreprecios o esos incrementos de gastos que inicialmente tenían previstos», indicó Francisco Farrona.

Por otro lado, la Diputación pretende que los ayuntamientos sigan trabajando en el fomento del empleo, en el mantenimiento de los servicios y puedan «tener abiertas las puertas de todos los servicios públicos a sus ciudadanos». Además de que puedan cumplir las inversiones proyectadas para 2022 y afrontar las que requieran a partir de enero.

A partir de hoy miércoles, cuando está prevista la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los ayuntamientos tendrán siete días hábiles para solicitar estas subvenciones. La Diputación adelantó los datos a los ayuntamientos para que pudieran preparar las solicitudes con tiempo.

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