Los bienes incautados a la banda de narcos de Badajoz serán subastados por el Estado

Cuando la sentencia sea firmada por el tribunal comenzará la fase de ejecución, en la que tendrá un papel importante la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un órgano dependiente de la Administración General del Estado que tiene la misión de auxiliar a los órganos judiciales y a las fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de las actividades delictivas más graves, entre las que figuran el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, grandes estafas o el terrorismo.

En este caso, la sentencia deja claro que los bienes decomisados son propiedad de la mujer a la que los investigadores consideraban una de las cabecillas de la red, condenada por blanqueo de capitales, y de varios familiares. Las propiedades superan la media docena y entre ellas figura una finca en una urbanización próxima a Badajoz que los peritos han valorado en una cantidad que oscila entre los 415.000 y los 545.000 euros. A ello se unen varias casas emplazadas en la barriada del Cerro de Reyes y un inmueble en la margen derecha de la ciudad.

La Fiscalía ha valorado el montante de todo lo intervenido en unos 2,5 millones de euros, montante en el que se incluyen los 500.000 euros de esa finca y casas que llegan a alcanzar valores próximos a los 180.000 y 120.000 euros.

Sobre la existencia de todos estos bienes será informada la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que además de ejecutar las sentencias vía embargo tiene el cometido de convertir los bienes incautados en cuantías económicas.

Esos fondos pueden tener dos fines. Por un lado, se pueden dedicar a la lucha contra la criminalidad organizada, objetivo que se consigue cuando un vehículo de alta gama intervenido es puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan competir en igualdad de condiciones con las organizaciones criminales.

Por otro, el dinero que se obtenga con la venta de esos bienes se destinará al sostenimiento de proyectos de ayuda a víctimas de delitos que estén promovidos por las Administraciones Públicas o por organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro.

Beneficiarios de esos proyectos son las víctimas de terrorismo, las de violencia de género y los afectados por la trata de seres humanos, delitos violentos y contra la libertad sexual, así como las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y las víctimas menores de edad.

La sentencia dictada por la Audiencia no se podrá ejecutar de forma automática porque algunos de los inmuebles incautados son los domicilios que utilizan los condenados. Pero el objetivo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos está especializada en la ejecución de este tipo de fallos por lo que el procedimiento administrativo se pondrá en marcha con el objetivo de privar a los condenados de los bienes obtenidos de forma ilegal.

En ese proceso también se privará a los condenados de un Audi A7, un Audi A5 y un Audi A3, tres vehículos Volkswagen, un coche Opel, un Range Rover, un BMW 120D, un BMW 530 y un Hummer, además de tres motos de cross Kawasaki y varios ordenadores.

La sentencia también ordena desmantelar los tres lugares utilizados para la venta de la droga, todos ellos emplazados en la barriada del Cerro de Reyes. En este caso existe la posibilidad de que sea necesario utilizar maquinaria pesada para destruir los búnkeres en los que habían sido convertidos esos lugares para dificultar la actuación policial.