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Los apartamentos turísticos extremeños destacan que cumplen con las normas

El Ministerio ha detectado solo el 0,34% de las viviendas con uso irregular en Extremadura de las 53.876 identificadas en España

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:17

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), que agrupa a empresarios y gestores profesionales del alojamiento turístico en la región, ha valorado este domingo que en Extremadura solo se han detectado 181 apartamentos turísticos ilegales, lo que supone el 0,34% del total nacional (53.876).

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El Ministerio de Vivienda ha notificado a las plataformas digitales de alquiler de viviendas un total de 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura con el objetivo de que retiren los anuncios de estos alojamientos, según la información que ha hecho pública este domingo.

Son viviendas que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. En total, 98 en la provincia de Cáceres y el resto, 83, en la de Badajoz.

Para la asociación que agrupa a los empresarios del sector, estos datos manifiestan que el sector cumple con las normas en la región.

«A diferencia de otras comunidades autónomas, en Extremadura no existe la figura de 'vivienda de uso turístico', sino que la normativa autonómica regula los apartamentos turísticos como única modalidad legal de este tipo de alojamiento«.

El presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez Rubio, insiste en que «la cifra en Extremadura es muy reducida en comparación con otras comunidades, lo que demuestra que aquí los gestores y empresarios turísticos trabajamos con seriedad y profesionalidad. No obstante, apoyamos todas las medidas destinadas a acabar con el fraude y a garantizar que todos los alojamientos compitan en igualdad de condiciones«.

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La asociación incide en que, aunque el registro se puede realizar de forma presencial, la plataforma telemática presenta graves dificultades operativas, lo que complica a los empresarios cumplir con la normativa en plazo y forma. «Los trámites online son excesivamente complejos, poco intuitivos y sufren frecuentes errores técnicos, generando inseguridad jurídica y riesgo de sanciones para alojamientos que sí desean ajustarse a la legalidad».

Por todo ello, la asociación incide en que «es imprescindible que el Registro Único cuente con la capacidad técnica suficiente para dar servicio, y que se habiliten procedimientos más ágiles y provisionales mientras se perfecciona el sistema«, ha defendido el presidente de la asociación.

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Aptuex reclama la necesidad de avanzar en herramientas como el Registro Único y la Ventanilla Digital, siempre que se apliquen con criterios de transparencia, simplicidad y operatividad, y sin generar confusiones terminológicas entre las distintas figuras de alojamiento turístico en España.

En cifras

Como se ha indicado antes, el Ministerio ha detectado 181 viviendas a las que se ha negado el uso turístico. 98 se ubican en la provincia de Cáceres y 83 en la de Badajoz.

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Por ciudades, Cáceres es el municipio extremeño con mayor número de solicitudes rechazadas: 26. Hay que recordar que en la capital cacereña hay 453 pisos turísticos en funcionamiento que suman 1.400 plazas, según datos aportados por la Junta de Extremadura a mediados de agosto. La previsión, además, es que la cifra aumente porque hay más proyectos en tramitación.

A Cáceres le siguen Mérida (21 solicitudes rechazadas), Losar de la Vera (13), Badajoz (8) y Jerez de los Caballeros (6).

España ha implementado este año un registro único de alojamientos temporales para poner punto y final al fraude de los alquileres turísticos. Desde el 1 de julio, los arrendadores de viviendas turísticas requieren un número de registro único de alquiler, NRUA, para anunciar sus propiedades online. Los datos de dicho registro se cruzan con los de las plataformas digitales a través de la ventanilla única digital del Ministerio.

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Una solicitud se revoca cuando el documento recibido en el Colegio de Registradores tiene datos incompletos o no están acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y se subsanaron en un plazo oportuno.

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