El no mercado lácteo

O eso parecía, porque en las últimas semanas se ha entrado en un periodo de enfrentamientos internos, generado, entre otros factores, por el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Fenil ante el Tribunal Supremo. En él solicita la supresión de la prohibición de compra a pérdidas al ganadero, al entender que va en contra del reglamento que regula la Organización Común de Mercados (OCM) del sector de la leche y de los productos lácteos, alegando además una cuestión de inconstitucionalidad. En esta OCM se afirma que todos los puntos de los contratos de compra venta de leche cruda deben ser negociados por las partes. Esto chocaría con la Ley de la Cadena Alimentaria y su desarrollo, en el caso de la leche, a través del real decreto 374/2022, que obliga a que la industria no compre esta materia prima por debajo del coste de producción. La reacción del sector productor no se ha hecho esperar y han atacado duramente la iniciativa y la posición de la industria.

Está claro que la posición de Fenil no es la más estética, y de primeras traslada la imagen de una industria poco solidaria, algo que seguro han sopesado a la hora de tomar una decisión tan delicada. Pero la realidad es que las cosas no son blancas ni negras y a la industria parece que no le falta parte de razón, aunque en todo caso será el Tribunal Supremo quién la tendrá que dar o quitar.

Imponer precios mínimos siempre ha sido, en este y otros sectores, una medida proteccionista, pero solo para parte de la cadena, que se sitúa en los grises oscuros de la normativa europea. Aunque no se acuerden precios de forma explícita y en su totalidad, sí se limitan, impactando por tanto en el libre mercado, lo que obliga a la industria a tomar decisiones, precisamente, en un no mercado. Entre otras, adquirir en determinados momentos la materia prima en otros países europeos donde no cursa esta norma, en particular cuando estos tienen excedentes productivos.

Hay que recordar que tras del sistema de cuotas y contra lo que se esperaba, en España aumentó la capacidad de producción, a partir de un aumento del tamaño de las explotaciones. Mientras que en 1993 obteníamos en España alrededor de 5,5 millones de toneladas de leche de vaca con 140.000 granjas, ahora producimos 7,4 millones de toneladas en algo menos de 11.000 explotaciones. Con esta tendencia, si se quiere defender el incuestionable papel socioeconómico que juegan las pequeñas explotaciones ganaderas en nuestros espacios rurales, entonces quizás sean las autoridades públicas quienes deban apoyarlo con enfoques no productivos.

Ahora, si el alto tribunal sentencia a favor de los demandantes, lo verdaderamente relevante será ver cómo reacciona la industria, lo que mostrará cómo de comprometida continúa con el sector productor. Pero el movimiento se demuestra andando y, en este caso, no solo hay que parecer la mujer del César, sino también serlo, y para ello la industria debe cumplir escrupulosamente todos y cada uno del resto de las obligaciones asumidas en el paquete lácteo, en la gestión contractual con los ganaderos, en el fondo y en la forma.

Por otro lado, otros sectores agroalimentarios podrían aprovecharse de esa posible jurisprudencia para actuar en consecuencia y producirse un efecto dominó, por lo que el control de la no venta a pérdidas, una de las medidas estrella de la Ley de la Cadena, podría tener los días contados.