La Unión propone tramitar la anulación de la ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales

Esta organización agraria exige a la Administración su tramitación y la exención de la «hipoteca que, con nocturnidad», se impuso a los propietarios de dichas parcelas. Además, tacha de «acciones miserables» las denuncias de entidades ecologistas a agricultores que «lo único que quieren es trabajar para producir alimento con una mínima rentabilidad».

Dicha ZEPA (zona de especial protección para las aves) ocupa 13.324,36 hectáreas y está situada en la Vegas Altas del Guadiana. Su cultivo principal es el arroz, la mayor parte en municipios del anterior Instituto de Colonización, por lo que más del 90% de la superficie está compuesta por parcelas que no llegan a las ocho hectáreas de superficie media.

La Unión señaló que el cultivo del arroz sufre una crisis económica debido principalmente a que el precio del producto no cubre los gastos del mismo, lo que está provocando que se abandone el cultivo para implantar otros más rentables.

Este cultivo demanda una gran cantidad de agua y, aunque en los últimos años se han modificado las prácticas agrarias para ahorrar agua, la media de consumo sigue siendo «muy superior al gasto de agua de otros cultivos», algo que ha provocado que en los años de sequía hidrológica no se ha concedido agua para riego.

De las casi 20.000 hectáreas de arroz con las que cuenta Extremadura, solo la mitad de las mismas se encuentran en el ámbito geográfico de esta ZEPA y el resto de la zona productora de arroz no tiene las limitaciones de la ZEPA, pero el número de aves es idéntico a las superficies que se encuentran en la misma.

«No se puede seguir obligando a los afectados por esta ZEPA a que sigan sembrando un cultivo ruinoso, que se les impida cambiar a otro más rentable, que sigan sin poder regar en años de sequía», recalca la Unión.

«Actualmente estas tierras están hipotecadas por estar dentro de este ZEPA y los propietarios de las mismas están sufriendo una expropiación sin compensación alguna. ¿Quién va a comprar una tierra agraria que está obligada a un cultivo que no es rentable la mayor parte de los años?», se queja la organización agraria.