La Junta teme por las quince plantas termosolares que planeaba en la región

La legislación anterior era restrictiva, pero aseguraba unas quince de plantas termosolares en la región. Con el cambio legal auspiciado por el Senado, esa seguridad desaparece, y ninguna tiene confirmado su futuro en la región.

La Junta de Extremadura considera que la enmienda legal presentada por Convergencia i Unió en el Senado condiciona el futuro de las renovables. El problema es que ese cambio fue consensuado con todos los grupos del arco, incluido el PSOE.

Pese a ello, no ha dudado en pedir públicamente a los diputados socialistas en el Congreso que tumben lo que su mismo partido apoyó en el Senado.

El consejero de Industria, José Luis Navarro, aseguró ayer que este cambio sume en la incertidumbre y en la confusión a las empresas que se encuentran desarrollando proyectos de este tipo. Esto tendrá un coste inmediato en forma de inversión y de puestos de trabajo de los que Extremadura no se puede permitir el lujo de prescindir, aseveró.

Como adelantó ayer este diario, el Senado aprobó el pasado miércoles la ley que regula las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi). CiU 'coló' en ella una enmienda que nada tiene que ver en este asunto y que eliminaba el registro de preasignación de energías renovables.

Este listado fue creado mediante decreto el pasado mayo y en él se debían apuntar las empresas que quisieran entrar en el mercado eléctrico de régimen especial, el que cobra una prima por producción. Su razón de ser era controlar el crecimiento desmesurado de proyectos, que podría disparar en un futuro la factura de la luz.

Se intentaba evitar que se repitiera el caso de las fotovoltaicas, que multiplicó por seis sus expectativas hasta que fueron cortadas de raíz el pasado septiembre.

Pretensiones

En declaraciones a HOY, José Luis Navarro aseguró que las previsiones de la Junta pasaban porque unos 40 proyectos a nivel nacional entraran en ese registro, lo que suponía unos 2.000 megavatios de potencia instalada, que serían una realidad hacia el año 2012.

De esa cantidad, la tercera parte de los proyectos debería estar situada en la región, cerca de quince plantas de 50 megavatios, que es el estándar actual.

Las cuentas de Navarro pasaban porque fueran una realidad la que ya opera en Alvarado, la que está próxima a hacerlo en Torre de Miguel Sesmero y las cinco que se encuentran en un avanzado estado de construcción. También las seis en proceso de movimiento de tierras y alguna más que está aún en proyecto.

Aun siendo un número importante, es una cantidad inferior al medio centenar de proyectos creíbles que la Junta tiene encima de la mesa, a los 33 que han pedido entrar en el registro y a los 26 que ya tienen luz verde medioambiental.

Sin embargo, la eliminación del registro reduce a 500 megavatios el cupo nacional, una cantidad que se alcanzará en muy poco tiempo con lo que hay en construcción.

Por eso, Navarro se teme que los proyectos en marcha queden paralizados ante la incertidumbre de los promotores.

«Hay mucha preocupación en el sector», incidió el consejero, que añadió que «necesitamos esos puestos de trabajo». De la misma manera, indicó que el trabajo realizado por las empresas durante estos cinco meses para entrar en el exigente registro no ha valido para nada.

El 'plan B'

Pese a todo, José Luis Navarro asegura entender que se trata de un momento difícil para el Ministerio de Industria, con muchas tensiones en el mercado energético y posturas encontradas.

En el caso en que la ley saliera adelante con su actual redacción, algo más que probable, Navarro propone una alternativa: que se reforme la norma precedente, un decreto de 2007 que ahora volvería a estar en vigor, para ampliar los cupos. Se debería hacer con máxima celeridad, para que las empresas supieran a lo que atenerse. «No podemos acumular más retraso», subraya.

Uno de los argumentos que ha utilizado CiU para justificar su enmienda está en que así las comunidades autónomas recuperan competencias en la materia. Sin embargo, el consejero extremeño desmiente este extremo. Asegura que, tras esta modificación, las primas las seguirá concediendo y pagando el Estado.

Fuentes del sector consultadas por este diario ponen el acento en otras motivaciones 'ocultas'. Por ejemplo, hablan de la necesidad de 'enfriar' el sector hasta que Cataluña, que se encuentra muy retrasada, se ponga a la altura de los demás. También de las supuestas presiones de grupos energéticos no renovables que no quieren perder su cuota de mercado.

Sea como fuere, lo que parece claro es que el PSOE apoyó la postura de los nacionalistas catalanes dentro del complicado juego de alianzas que siempre requiere aprobar unos Presupuestos del Estado cuando no se cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.

El Gobierno matiza

La reacción del Gobierno a todo este asunto confirma la impresión de que ha sido una concesión casi a regañadientes. El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, restó ayer importancia a la supresión del registro previo y dejó claro que no supone modificar el marco normativo para el desarrollo de estas energías, recoge Efe.

Añadió que la propuesta de CiU, «aunque altera ligeramente» el marco regulatorio, respeta la filosofía del Real Decreto.

«De una forma distinta trata de alcanzar el mismo objetivo», explicó Marín desde Bruselas. Sobre el impacto que tendrá para los proyectos que ya se habían inscrito en este listado que desaparece, el representante de Industria aseguró que «no va a haber absolutamente ningún problema».