Plasencia acepta pagar 23.000 euros al mes por el desequilibrio del bus urbano

Según la documentación presentada por el concejal de Transporte Urbano, David Dóniga, el expediente incluye varios elementos clave. Entre ellos destaca un cálculo teórico estimativo del desequilibrio económico para 2025 basado en las diferencias entre ingresos y gastos, un informe técnico que valida la viabilidad financiera de la propuesta, y la correspondiente reserva de crédito presupuestario. Dóniga destacó que este pago «no genera una obligación automática, sino que se abonará únicamente por las diferencias reales entre ingresos y gastos acreditados durante el año 2025», siguiendo el mismo procedimiento utilizado en ejercicios anteriores.

La oposición mostró su rechazo frontal a esta medida. El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, calificó la situación de «despropósito» y denunció que el servicio lleva dos años funcionando «sin contrato, sin pliego y sin solución». Moreno criticó duramente que se haya retrasado la presentación del expediente a julio, cuando ya se conocen los resultados de los primeros seis meses del año, lo que a su juicio demuestra falta de planificación. También destacó problemas estructurales como autobuses que deben «recorrer 200 kilómetros para repostar combustible» y la ausencia de partidas presupuestarias para renovar la flota.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, tildó la situación de «anomalía que se ha vuelto norma» y recordó que el propio informe jurídico municipal califica la continuidad del contrato con la cooperativa Los Arcos como «patológica y anormal». Mata denunció que se trata de «un sistema roto que no responde a los interes de los ciudadanos» y lamentó que no se presenten soluciones estructurales, sino solo «parches económicos». La edil propuso varias medidas alternativas, incluyendo una auditoría técnica independiente y un plan de transición energética.

Tanto el grupo municipal del PSOE como el de Unidas Podemos abogaron por la municipalización del servicio para hacer frente a la antigüedad de la flota, la falta de transparencia en los ingresos debido a sistemas de ticketing obsoletos, y la ausencia de un plan claro de renovación.

El concejal Dóniga defendió la gestión municipal, argumentando que las nueve unidades adquiridas de segunda mano (cinco de Madrid y cuatro de Alicante) más los dos autobuses eléctricos recientemente incorporados han permitido «salvar el servicio de la paralización total». Según sus datos, el número de usuarios ha aumentado significativamente, pasando de 156.000 billetes vendidos entre septiembre y diciembre de 2023 a 215.000 en el mismo periodo de 2024, lo que considera un indicio de mejora en la calidad del servicio.

Vox, representado por Álvaro Sánchez-Ocaña, mostró su preocupación por que lo que debería ser «algo extraordinario» se haya convertido en ordinario. Aunque finalmente apoyó la medida para evitar perjuicios a los usuarios, exigió mayor celeridad en la resolución del contrato.