Suspendido el juicio a la exconsejera de Cultura por la gestión del Festival de Mérida

La Fiscalía pide cinco años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación para Manuela Holgado, consejera de Cultura de la Junta de Extremadura entre los años 2010 y 2011, por unos hechos que tuvieron lugar hace casi catorce años. El escrito de calificación es de 2020.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, tenía previsto celebrar este juicio los días 13, 14 y 15 de enero. Pero la abogada de uno de los acusados, el exgerente del Festival de Teatro Pedro Salguero, renunció la pasada semana a continuar con la defensa, según ha podido confirmar HOY.

Además de Holgado, la Fiscalía de Mérida también acusa al exsecretario general de la Consejería de Cultura, Agustín Sánchez Moruno, y al exdirector general de Promoción Cultural, Francisco Javier Alonso de la Torre.

La acusación pública estima que la exconsejera participó en un sistema destinado a abonar facturas impagadas del Festival de Teatro, del que serían máximos responsables el secretario general de Cultura y el director general de Promoción Cultural. Para ambos pide una condena de cinco años y medio de prisión por los mismos delitos y por falsedad en documento público.

Asimismo, reclama seis años y tres meses de cárcel para E. M. M., trabajadora de la Consejería de Cultura, por malversación y certificación falsa por funcionario público; y cuatro años y ocho meses para dos empresarios por falsedad y malversación.

Según la Fiscalía, Pedro Salguero hizo dos encargos a dos empresas para la edición de 2011 del Festival de Mérida sin seguir el procedimiento legal. La acusación pública sostiene que los responsables de la Consejería de Cultura no sólo aprobaron esta gestión, sino que, por amistad o conocimiento personal, y sin comprobar que los servicios habían sido realizados, seleccionaron a varios proveedores a los que abonar las facturas pendientes.

Para eso, crearon un mecanismo para eludir el control de partidas presupuestarias por parte de la Intervención de la Junta. Con ese fin, proponían la fecha y el concepto que debían incluir en las facturas y daban indicaciones para que no pasaran de 20.000 euros para eludir la ley de contratos. El perjuicio económico a la Junta sería de 28.000 euros.