21 cabinas con los días contados

Forman parte del paisaje urbano pero ahora, más que nunca, tienen los días contados. Las 21 cabinas de teléfono que sobreviven en Cáceres dejarán de funcionar en 2022 y desaparecerán. Su eliminación, al igual que ocurrirá en el resto del país, es consecuencia directa de la aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), cuyo proyecto fue aprobado el pasado 16 de noviembre por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo elimina con este gesto la obligación vigente hasta ahora de mantener las cabinas telefónicas como servicio público. Detrás de esta decisión está el ocaso de los teléfonos callejeros convencionales frente al arrollador éxito de la telefonía móvil. Valga como ejemplo la disminución experimentada por el número de cabinas en la ciudad en los últimos 17 años: de las 161 que había en 2004 se ha pasado a las 21 actuales, según el último dato disponible en Telefónica, correspondiente al mes de diciembre de 2020. La reducción ha sido del 87 por ciento. La provincia cuenta con 130 terminales.

Telefónica, que es la empresa encargada de explotar las cabinas, reconoce abiertamente su obsolescencia. En España, al cierre de 2020, había un total de 14.824 cabinas de teléfono, que registraron una media de 0,17 llamadas al día, lo que quiere decir una llamada semanal de promedio, señala la firma. «Para hacerse una idea del declive, las 0,17 llamadas al día suponen reducir a más de la mitad la media que se había registrado hace poco más de dos años, y que ya era baja: 0,37 llamadas al día, es decir, un uso cada tres días», según recuerda la empresa.

Como dato curioso de la supremacía de la telefonía móvil, Telefónica recuerda que en 2006 se registraron más líneas de teléfonos móviles que habitantes. De hecho, según datos del Eurobarómetro de 2014, más del 88 por ciento de la población reconocía no haber usado nunca una cabina, subraya la empresa.

El cambio que ahora introduce el Gobierno viene a modificar la obligatoriedad de prestar un servicio público. Este servicio que recogía la Ley de Telecomunicaciones garantizaba que todos los ciudadanos tuvieran un acceso a una serie de servicios con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Esto suponía que las poblaciones con más de 1.000 habitantes deben hasta ahora tener al menos una cabina instalada, y otra adicional por cada 3.000 habitantes.

El concurso que venía convocando el Ejecutivo nacional para adjudicar este servicio se quedaba desierto porque no resultaba atractivo para ninguna empresa, así que era Telefónica la empresa designada para prestarlo. La última adjudicación se produjo hace dos años, en diciembre de 2019, y expirará el próximo día 31, en Nochevieja.

Todavía no hay una fecha puesta en el calendario para que las 21 cabinas que resisten en la capital cacereña desaparezcan. Su eliminación se producirá de acuerdo a la Disposición Transitoria Novena del proyecto de Ley general de Telecomunicaciones, una vez que entre en vigor la normativa. Y ahí está la cuestión. Todo depende de la aprobación definitiva de esta ley, que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados para su tramitación una vez obtenido recientemente el visto bueno del Consejo de Ministros.

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