Seis meses de cárcel por el ruido que generó un bar de Higuera de Vargas

Ese fallo, que es firme por haber sido alcanzado con la conformidad de todas las partes, también inhabilita al procesado durante seis meses para regentar establecimientos de hostelería y ordena la clausura del establecimiento como negocio de hostelería durante un período de cinco años, por lo que se garantiza que los perjudicados no vuelvan a sufrir un problema similar.

Las diligencias previas fueron abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Olivenza, que investigó a los responsables del bar por un presunto delito contra el medio ambiente y otro por lesiones.

Finalmente, el juicio fue señalado para el 5 de mayo por el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz, aunque finalmente no fue necesario que se celebrase la vista porque el representante del Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa negociaron una sentencia de conformidad que reduce de forma sustancial las penas que se pedían, que en el caso del principal procesado sumaban un total de seis años de cárcel.

En ese juicio iban a sentarse en el banquillo Manuel José M. M. y David A. D. El primero gestionó durante siete años el local denunciado mientras que el segundo fue responsable en los meses inmediatamente anteriores a su cierre.

Ambos fueron investigados por el juzgado instructor pero finalmente la acusación fue retirada contra David A. D. porque su relación con ese café-bar se limitó a unos pocos meses.

En la sentencia se explica que desde el 26 de septiembre de 2011 hasta el 2 de agosto de 2018 el ahora condenado regentó el café-bar Daycar, que estaba ubicado en el edificio que ocupa el número 84 de la calle Juan Carlos I de Higuera de Vargas.

Desde su apertura, ese negocio generó emisiones acústicas a través de sus altavoces, en los que se reproducía música, y también por las conversaciones que mantenía la clientela. Esos ruidos se escuchaban en la vivienda contigua, donde tenía establecida su residencia una familia que resultó perjudicada.

Las molestias provocadas por el ruido hicieron que los afectados presentaran diversas quejas en el ayuntamiento de la localidad. La primera está fechada el 11 de noviembre del año 2011; la segunda, el 16 de julio de 2012; y después se repitieron el 29 de agosto de 2012, el 3 de octubre de 2016, el 22 de junio de 2016 y el 27 de agosto de 2018.

La familia que residía junto al bar también informó de lo sucedido a la Consejería de Medioambiente de la Junta de Extremadura el 9 de julio de 2021, y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil en julio de 2012 y junio de 2018.

Como consecuencia de estas quejas, el Ayuntamiento de Higuera de Vargas abrió un expediente sancionador que culminó el 14 de mayo de 2018 con una resolución de la Alcaldía de Higuera de Vargas en la que sancionaba a Manuel José M. M. con una multa de 601 euros. En ese momento le aplicó el artículo 29 de la Ley 37/2003 por «sobrepasar los niveles de ruido permitidos en horario nocturno».

En la instrucción de este expediente se realizó una medición de ruidos en la vivienda afectada. Tuvo lugar el 22 de abril de 2017, entre las 22.00 horas de ese día y las 3.00 de la madrugada del día siguiente.

De esas mediciones se encargó la empresa Belio, que midió en la cocina de la vivienda de los denunciantes entre 3,4 y 5,4 decibelios por encima del nivel máximo permitido.

En la sentencia se concluye que como resultado de la exposición directa a los ruidos la propietaria de la vivienda situada justo al lado del café-bar sufrió un trastorno adaptativo que le generó depresión y ansiedad, requiriendo una primera asistencia facultativa y un tratamiento médico posterior.

En el fallo no se ha podido establecer durante cuánto tiempo sufrió esta patología, pero sí queda probado que la persistencia del «elemento estresante» contribuyó a mantener «la lesión psíquica de forma persistente en el tiempo».

Por estos hechos, Manuel José M. M. ha sido encontrado culpable de un delito contra el medioambiente para el que se imponen seis meses de prisión, el pago de una multa de 180 euros y la clausura temporal del establecimiento donde se encuentra el café-bar Daycar durante cinco años, un período durante el cual no podrá ser utilizado para el ejercicio de actividades relacionadas con la hostelería.

También se le condena por un delito de lesiones a pagar una multa de 180 euros (3 euros diarios durante dos meses) y a hacerse cargo de las costas que ha tenido el juicio, incluidas las de la acusación particular, que en total han sido fijadas en 2.000 euros.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la propietaria de la vivienda situada junto al café-bar con 3.000 euros para compensarle los daños sufridos. Esta cantidad deberá ser pagada por el condenado en diez mensualidades de 300 euros.

En la sentencia, que es firme, se suspende el ingreso en prisión del procesado por carecer de antecedentes, no existir riesgo de que reincida en los hechos y tratarse de una condena que no supera los 2 años de cárcel.