El pacto de gobierno que se le resiste a Vox
El partido de Santiago Abascal amenaza con romper el acuerdo con un asunto ajeno al mismo pero no lo hace ante el olvido de los que sí se incluyen en él
Ana B. Hernández
Domingo, 7 de julio 2024, 07:59
Vox ha elevado el tono en los últimos días a cuenta de la política migratoria del gobierno. El partido de Santiago Abascal no quiere que se acoja a más menores migrantes no acompañados y ha amenazado con romper los gobiernos autonómicos con el PP si los populares no se suman a su petición. El argumento de la ultraderecha es que esa postura se recoge en los pactos de gobierno firmados, con los que ambos partidos se han comprometido a trabajar para «devolver a los menores migrantes no acompañados a sus países con sus familias y no cronificar la inmigración ilegal masiva extendiéndola por el territorio», según ha explicado su portavoz nacional, José Antonio Fúster.
Ni desde las secretarías provinciales de Vox en Extremadura, sin estructura regional, ni desde el grupo parlamentario se ha hecho pronunciamiento alguno respecto a la amenaza de ruptura. Y aunque aquí se tiene claro que «lo que dice la dirección nacional va a misa», también que el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP, por el que María Guardiola se convirtió en presidenta extremeña y Vox consiguió la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural y logró por tanto sentarse en el consejo de gobierno, no hace referencia alguna, ni explícita ni implícita, a la política migratoria.
Tal vez por eso, pese a que el presidente del grupo parlamentario y senador autonómico, Ángel Pelayo Gordillo, ha expresado en más de una ocasión el rechazo de su formación a la acogida de migrantes en el centro de Mérida, no ha exigido hasta la fecha nunca al PP que avale su postura ni ha insinuado siquiera de manera sutil la posibilidad de romper el acuerdo.
De hecho, resultaría sorprendente que llegara ahora la amenaza por parte de Vox al PP en Extremadura por un asunto que está fuera del pacto cuando no ha llegado por otros que, aun estando recogidos, continúan sin cumplirse un año después de que el primer gobierno de coalición de Extremadura echara a andar.
Tanto es así que una de las medidas concretas establecidas en el acuerdo y que no parecía de complicada ejecución, como es la modificación del reglamento de la Mesa de la Asamblea para que Vox pueda tener presencia en el órgano, acaba de ponerse en marcha.
Es uno de los asuntos, junto con el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que había generado los últimos rifirrafes entre los dos socios de gobierno. No obstante, en este caso puntual y a diferencia de lo que antes ocurrió con la caza en Monfragüe, el llamado 'pin parental' en la escuela extremeña o las ayudas destinadas a la cooperación internacional, la reclamación de Vox al PP no ha quedado esta vez en agua de borrajas.
El sustituto de la popular Elena Nevado, elegida eurodiputada, es del mismo grupo parlamentario como el PP dijo que sería, pero los de Abascal han conseguido, un año después de la firma del acuerdo de gobierno, que se anuncie la reforma del reglamento para poder entrar en la Mesa de la Asamblea.
Así que en este contexto no es de extrañar que el PP no tenga ningún temor al último órdago de los de Abascal ni que continúe marcando distancias con este partido en derechos sociales ni que otras muchas medidas del acuerdo continúen solo sobre el papel.
La ejecución del pacto, que el PP ha cifrado en un 80% y que Vox no ha valorado, arrancó con prontitud de la mano de las medidas económicas, con una rebaja fiscal en la que los de Abascal incluyeron y los populares aceptaron la supresión del impuesto de patrimonio, y ha continuado después con más medidas en el apartado de mayor sintonía entre los socios de gobierno, en el que también se incluye la simplificación administrativa y la agilización de trámites burocráticos en la que se trabaja.
También PP y Vox han avanzado, como recoge el acuerdo, en el fomento de la actividad cinegética y el respaldo a la tauromaquia «como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa». Se ha solicitado una revisión de las políticas verdes y la PAC, la rectificación del plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, se han acordado con el gobierno modificaciones en la ley de bienestar animal, se ha reivindicado «la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países» y se han adelantado medidas en la lucha contra la despoblación para favorecer la natalidad, como el cheque de los 500 euros, o la residencia de jóvenes en localidades pequeñas con ayudas para la adquisición de viviendas.
En sanidad se ha puesto en marcha un plan de incentivos para retener y atraer especialistas y se trabaja en la lista de espera única; en lo referente a infraestructuras, se están reivindicando las que dependen del gobierno; y en materia de gasto político, se han reducido las subvenciones a sindicatos y patronal.
Las pendientes
A partir de ahí, todas las medidas recogidas en el pacto que tienen que ver con planes y programas siguen pendientes. Es el caso, entre otras, de la ley de aguas, el plan de impulso y desarrollo de la España rural, el plan estratégico de protección y promoción del turismo, el plan para dignificar la labor del docente, el plan de mejora de las infraestructuras hídricas o la ley integral de protección a la familia.
Pero tampoco se han cumplido las medidas concretas más afines a la ideario de Vox como son la revisión de las prohibiciones y limitaciones de las Red Natura, reforzar la seguridad de las explotaciones agrarias, también el orden público y la seguridad en barrios y zonas rurales, revisar la normativa vigente en materia de ayudas sociales, derogar la Ley de Memoria Histórica para impulsar otra de reconciliación y concordia, la creación de un punto de atención para víctimas de okupación ilegal y la supresión de organismos innecesarios.
A Vox le gustaría cerrar la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) y las oficinas de igualdad de la región y así lo ha reclamado. Pero el PP, como antes con el 'pin parental', ha hecho más que oídos sordos y ha aumentado las ayudas destinadas a la cooperación, a las oficinas de igualdad y a las dos dedicadas al colectivo LGTBI en la región y podrá pondrá en marcha, además, el nuevo servicio telefónico 028 en contra de su socio de gobierno.
Vox no avanza en sus señas identitarias y el pacto también se le resiste en su competencia más directa: la ampliación de los regadíos para el sector primario. Quizás por eso el cumplimiento del acuerdo no es un asunto prioritario para la formación de Santiago Abascal en Extremadura, ni es casualidad tampoco que las amenazas de ruptura lleguen por parte de la dirección nacional y por asuntos ajenos al pacto de gobierno en la región.
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