

Secciones
Servicios
Destacamos
La muerte de dos jóvenes en Extremadura hace 35 años abrió un debate sobre la pobreza, la caza y la ley. La chispa prendió, pero no llegó a provocar el incendio y finalmente la tragedia no cambió nada.
El 6 de diciembre de 1989 cuatro jóvenes de Palomas estaban cazando conejos en una finca cerca de su pueblo. Lo hacían sin permiso, pero era algo común entre los desempleados de la zona.
La mala suerte hizo que el grupo se tropezase con una patrulla de guardias civiles. Los agentes no estaban trabajando, sino que cazaban invitados en un coto privado y se toparon con los furtivos.
Tres de los cuatro jóvenes salieron huyendo. El cuarto, Dámaso, fue interceptado e identificado por los guardas. Los fugados no veían salida y decidieron cruzar el río Matachel. Saltaron a la corriente pensando que podrían alcanzar la otra orilla, pero solo uno lo logró.
Bibiano, de 17 años, logró agarrarse a unas ramas y salir por la otra orilla. Antes de lograrlo vio a su hermano Luis, de 19 y su primo Marcelino, de 18, agarrados a la vegetación en el centro del río. Luego la corriente se los llevó.
Tras salir del río, el menor fue corriendo a su casa. Su madre le preguntó por qué estaba calado y él, destrozado, se tiró al suelo y dijo que su hermano y su primo se estaban ahogando. Más de 400 vecinos de Palomas, una localidad de solo 700 habitantes, se lanzaron a buscar a los jóvenes, pero la noche llegó sin resultados.
Dos días después del suceso, HOY publicó: «Sin esperanzas de encontrar vivos a los dos jóvenes que desaparecieron en las aguas del río Matachel». En el dispositivo de búsqueda participaban el hermano del desaparecido que se salvó y el joven que fue interceptado por la policía. Ambos denunciaron que habían huido de la Guardia Civil por miedo. «Te meten en la cárcel por un conejo», declararon ante la prensa.
El primer día, la búsqueda corrió a cargo principalmente de los vecinos, pero al día siguiente se incorporaron los expertos, buzos y un helicóptero. Los profesionales reconocieron al tercer día que no sería fácil encontrar a los desaparecidos. Explicaron que el Matachel estaba lleno de zarzas y cuevas en los que podían haber quedados atrapados los cuerpos. Además la corriente era tan fuerte que impedía a los buzos estar en muchas zonas. Todos los vecinos destacaron que las lluvias de esa época habían producido una gran crecida del río, que en esos momentos tenía más de 100 metros de ancho y 4 de profundidad.
El retraso en la aparición de los cuerpos caldeó el ambiente en Palomas, cuyos vecinos, especialmente los familiares de las víctimas, comenzaron a denunciar a la Guardia Civil por mal comportamiento. Aseguraban que agredieron al joven detenido, al que interceptaron inmovilizándolo con un palo, que provocaron la huida del resto al perseguirlos y que no los ayudaron cuando entraron en el río.
La entonces delegada del Gobierno en Extremadura, Alicia Izaguirre, intervino para tratar de atajar la situación. Aseguró que el informe oficial negaba que los guardias persiguiesen a los jóvenes, solo indicaba que les llamaron la atención al comprobar que estaban cazando de forma furtiva.
El informe también indicaba que no se detuvo al joven que no corrió, solo se le identificó y se le preguntó los nombres de sus acompañantes. La delegada del Gobierno también mantuvo que era imposible que les hubiese denegado el auxilio a los ahogados, ya que los agentes no se acercaron al río ni vieron que se habían lanzado.
El 10 de diciembre de 1989, cuatro días después del suceso, el dolor estalló en Palomas. Apareció el cuerpo de Luis. HOY estuvo en el hallazgo y narró cómo sus padres y su hermana se abrazaron al cuerpo.
«Que lo vean todos, pero con orden, que lo vean y comprueben la injusticia, y que venga esa gobernadora, para que se dé cuenta de lo que han hecho por dos conejos», gritaban los vecinos. «¿Qué han hecho con mi hijo? ¡Solo tenía 19 años!», clamó su madre.
La búsqueda de Marcelino se alargó siete días más y tensó aún más la situación. El padre de este joven aún desaparecido sufrió un desvanecimiento mientras ayudaba en los rastreos. Incluso una vidente intervino porque el caso ya se había hecho nacional.
Finalmente Marcelino apareció cinco kilómetros aguas abajo. En su entierro´, la indignación ya era un clamor e incluso el párroco pidió una ley de caza más justa. Hubo compromisos políticos para revisarla.
Días después los siete guardia civiles que estaban en la zona el día de la tragedia tuvieron que declarar porque las familias de los fallecidos les denunciaron por omisión del deber de socorro. Sus abogados declararon que no había indicios de delitos, que rechazaban la versión de los testigos y que una loma impidió a los agentes ver el río.
La abogada pacense Cristina Almeida se interesó por el caso y se reunió con las familias de las víctimas, pero finalmente la denuncia se archivó.
Un año después del caso, HOY visitó Palomas y destacó que todo seguía igual, en el pueblo muchos jóvenes seguían desempleados y la ley de caza no se había tocado. Solo las familias de Luis y Marcelino estaban marcadas para siempre.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Zigor Aldama y Gonzalo de las Heras (gráficos)
Antonio Paniagua y Sara I. Belled
Abel Verano
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.