El camino de Gallardo para entrar en la Asamblea

Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que entrará en la Asamblea de Extremadura en esta legislatura para liderar la oposición del PSOE en el Parlamento regional y debatir cara a cara con la presidenta de la Junta, María Guardiola.

El secretario general de los socialistas extremeños, al contrario que Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara cuando ocupaban la Secretaría General del PSOE extremeño, no es diputado autónomico y desechó esa opción hace 10 meses, cuando alcanzó el liderazgo de la federación regional tras vencer en las primeras primarias a Lara Garlito. Entonces sí dejó la alcaldía de Villanueva de la Serena, pero se ha mantenido hasta ahora como presidente de la Diputación de Badajoz.

Gallardo priorizó entonces hacer la oposición al PP «desde el partido», aunque también llevó a cabo cambios en la dirección de Grupo Parlamentario para tener a su equipo más próximo (Piedra Alvarez, José María Vergeles...) en primera fila.

El modelo no ha llegado a calar del todo, tampoco entre las propias filas socialistas e incluso partidarios y colabores de Gallardo se han mostrado a favor de que acceda a la Asamblea de Extremadura.

En la campaña de las segundas primarias, en las que ha derrotado a Esther Gutiérrez y ha diluido las dudas que había sobre su liderazgo, el secretario regional anunció que esta vez sí estaba dispuesto a entrar en el Parlamento y confrontar con Guardiola en esta legislatura, cuyo final es mayo de 2027.

La entrada de Gallardo en el Parlamento regional, en cualquier caso, está condicionada a una serie de variables: necesita la salida de uno de los actuales diputados autonómicos (de entre los que se presentaron por la lista socialista de la provincia de Badajoz) y una sucesión de cuatro renuncias de los posibles sustitutos.

Los socialistas lograron 28 diputados en las elecciones autonómicas de 2023, 16 de ellos por la provincia de Badajoz; el secretario general ocupó el puesto 23 en esa candidatura. La última que logró el acta de diputada en esos comicios, con el número 16, fue Isabel Gil Rosiña, nueva portavoz del PSOE extremeño.

Desde el inicio de la legislatura se han producido dos cambios en la lista pacense. Las salidas del secretario provincial de Badajoz, Rafael Lemus, y del expresidente Guillermo Fernández Vara, ambos actualmente en el Senado, han permitido la entrada de quienes ocupaban los puestos número 17 y 18: Antonio Garrote y Fátima Torrado, respectivamente.

Los siguientes en la candidatura socialista son, por este orden, Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández todos ellos por delante de Miguel Ángel Gallardo para entrar en la Asamblea en el momento en que se produzca una renuncia por la provincia de Badajoz, y todos deberían renunciar a tomar posesión del escaño vacante.

En el PSOE se considera que solo es un trámite y que no habrá contratiempo alguno para que se produzca, primero, la salida del grupo parlamentario de alguna de las personas de la máxima confianza del líder extremeño y, después, las cuatro renuncias consecutivas.

Gallardo baraja el próximo otoño para tomar posesión de su acta de diputado y los cambios obligatorios en el grupo parlamentario y la lista no parece que vayan a ser impedimento alguno para ello, ni siquiera con Vadillo, a quien se le consideraba antes del congreso de Plasencia el más alejado de las posiciones de Gallardo y su candidatura, ya que apoyó hace un año a Lara Garlito.

Otra cosa diferente, sin embargo, es el requisito al que el propio Gallardo ha ligado su entrada en la Asamblea: el cierre tanto de los procesos de renovación internos de su partido, como del llamado caso Azagra, en el que está imputado junto al hermano del presidente del Gobierno y otros cargos de la Diputación pacense. Como se ha informado, se investiga si la contratación de David Sánchez por parte de la institución provincial en 2017 se hizo o no de manera correcta.

Los procesos internos del PSOE no serán un obstáculo a priori para que tras el verano el líder socialista pueda dirigir la oposición al PP de María Guardiola dentro ya del Parlamento autonómico. El calendario de renovación de los órganos del partido, fijado por la Ejecutiva federal, ha establecido finales de junio como fecha límite para la renovación orgánica. Los congresos provinciales y locales que deben seguir al regional del pasado fin de semana en Plasencia, deberán estar resueltos en verano.

La finalización del caso Azagra, por el contrario, podría trastocar los planes de Gallardo. Los plazos judiciales son diferentes a los políticos y el plan previsto por el secretario general del PSOE, de aterrizar en la Asamblea a mitad de legislatura, solo se cumplirá si la jueza Beatriz Biedma decreta su archivo.

Esa es la confianza expresada por el líder socialista, que defiende el modo en que se llevó a cabo la contratación del hermano del presidente. Pero, por el momento, la jueza ha solicitado más documentación y ha citado a nuevos testigos.

La instrucción por tanto sigue adelante y la apertura del juicio oral es una posibilidad que no está descartada a día de hoy y que podría tener consecuencias si Gallardo mantiene ligada su entrada en la Asamblea a la resolución del proceso judicial. El dirigente socialista ha explicado que no quiere hacer uso de la condición de aforado que tendría si se convierte en diputado autónomico si el proceso continúa.

Es, en cualquier caso, una decisión personal, ya que la apertura del juicio no le obligaría a abandonar ni la Secretaría General del PSOE extremeño ni la Presidencia de la Diputación de Badajoz. El partido modificó sus estatutos en el último congreso federal de Sevilla de noviembre, y ahora la pérdida de afiliación solo se contempla en caso de condena.

Pero en este escenario la cuestión a valorar es si sería un lastre para el líder socialista y su partido el hacer una labor de oposición en la Asamblea, mientras está sentado también en el juzgado.

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