«Si protesto hace dos años me tengo que ir de Alburquerque»

Cuando Pedro Pulido, policía local en Alburquerque de 42 años, decidió hacer este mes una huelga de hambre para exponer ante todo el mundo que el Ayuntamiento le adeudaba cuatro nóminas, solo dos personas le respaldaban. ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer?, le preguntaron sus aliados. Dice que no quería irse del pueblo, como han ido haciendo nueve de los once agentes que tenía esta localidad. Al final, el primer sábado del año se plantó frente al Ayuntamiento dispuesto a pregonar que no cobraba desde octubre.

«Hubo tres concentraciones de apoyo y mi sorpresa fue que cada vez había más gente. El primer día de huelga de hambre fue el 4 de enero, lunes. Estuve hasta el sábado siguiente. Abandoné porque a los funcionarios con nóminas pendientes nos pagaron. Un compañero me dijo que si aguantaba un día más, hasta el domingo, terminábamos llenando la plaza. La solidaridad del pueblo ha sido tremenda. Si hago esto hace dos años me tengo que ir del pueblo. Algo está cambiando, creo que ha habido un punto de inflexión en Alburquerque y hace mucha falta».

En realidad apenas llegó a haber entre cien y doscientas personas, pero esto es mucha gente en Alburquerque (5.340 vecinos). Para entenderlo hay que manejar varias claves, no solo que las temperaturas cercanas a los cero grados invitaran a no salir de casa. Sobre todo, hay que saber que en esta localidad pacense el candidato Ángel Vadillo barre electoralmente desde 1995 y quien osa oponerse a su gestión se arriesga al ostracismo social.

Esta dependencia económica del empleo público que se reparte graciosamente desde el despacho de Alcaldía, a menudo con contratos de dos o tres meses de duración, ha generado una cifra exagerada de empleados municipales, en torno a doscientos. Prácticamente todos sufrían demoras en el pago de sus nóminas, pero quejarse no era sencillo porque la corporación replicaba con la amenaza. El exalcalde Ángel Vadillo, de quien nadie duda que mueve los hilos de la política municipal pese a una condena que lo inhabilitó como candidato en 2019, les explicó que de seguir con aquellas manifestaciones iniciadas tímidamente en junio se vería obligado a prescindir de todos ellos.

En este ambiente se aventuró a protestar Pedro Pulido. Razona que era la única salida porque si llevaba el asunto a los tribunales se demoraría eternamente. «Que un funcionario no cobre su nómina prácticamente no está contemplado. Tendría que iniciar un acto administrativo de cuatro o cinco meses para que cuando llegara el juicio me abonaran y decayera el objeto procesal. Por eso decidí jugármela», decía ayer.

En esta localidad la tensión social ha ido en aumento en los últimos años debido a la situación económica de su corporación. Además de nóminas también adeuda pagos a proveedores, por no hablar de obras que se quedan a medias. Y para añadir temperatura a la situación política la alcaldesa, la socialista Marisa Murillo, ha sido desautorizada a principios de mes como diputada provincial por estos impagos a sus trabajadores. Ella se aferra al escaño, lo que va a dar lugar a un frente más de los muchos que tiene abiertos este Ayuntamiento, cada vez más cerca de ser intervenido por el Ministerio de Hacienda, avisa la oposición.

Mucha gente opina que poner las cuentas en manos de técnicos del Gobierno es lo mejor que podría pasarle al pueblo. Pero lo dicen sin identificarse. Hay miedo porque prácticamente no hay un alburquerqueño que no tenga un familiar que dependa de que el entorno de Vadillo le conceda las peonadas que le hacen falta para seguir cobrando el paro.

Sin embargo, la Policía Local es un hueso duro de roer porque sus integrantes son funcionarios que han ganado una oposición. La relación de Vadillo con este cuerpo ha vivido en los últimos años episodios surrealistas, desde agentes que llenaban con su dinero el depósito del coche patrulla (ahora es eléctrico), a usar el vehículo particular para trasladar a un detenido esposado junto a la silla infantil del agente. Los intentos del exalcalde por controlar a la Policía Local a través de imponer horarios y vacaciones han acabado en litigios judiciales que ha perdido el Consistorio, el último en 2019. Sin embargo, no abonar las nóminas o hacerlo con retraso ha colmado la paciencia de los agentes. La mayoría ha pedido comisión de servicio para trabajar en Mérida o Badajoz, aunque vengan a dormir a su pueblo.

Según explicaba ayer un familiar –tampoco quiere dar su nombre– del último agente que ha pedido comisión de servicio en otra localidad, «se fue el 1 de diciembre porque tiene una hipoteca y dos niñas que mantener, no cobraba y cuando se lo expuso al concejal le dijo que si no estaba a gusto que se fuera. Y se fue a La Albuera. No es lógico ni natural vivir en un pueblo sin policía».

Juan Pedro Pulido está ahora de baja tras su huelga de hambre y explica que a día de hoy solo hay un agente operativo, el cual se jubila a final de año. «No es atractivo trabajar aquí ni las patrullas son eficaces al ser unipersonales. Y si necesitas apoyo de la Guardia Civil ellos atienden seis pueblos».

Así las cosas, Vadillo creó un cuerpo paralelo, el de aguaciles. Los contrata el Ayuntamiento pero saben que apenas tienen atribuciones legales. Son vigilantes de seguridad privada que no pueden ni poner una multa de aparcamiento ni mucho menos arrestar a alguien. HOY habló ayer con uno de ellos que ha ejercido de alguacil, Joaquín, de 39 años. «Estuve dos meses y medio. El primer mes no me pagaron y después me abonaron el sueldo todo de golpe, así que cuando vi cómo funcionaba esto preferí irme».