El vecino de Mérida que financiaba al Daesh

El 22 de septiembre de 2017 una tranquila barriada de la Zona Norte de Mérida vio alterada su rutina diaria con una inesperada operación policial. Después de seis horas de registro de su domicilio, esa tarde fue detenido un bangladesí de 34 años, quien llevaba un año viviendo en un piso junto a su mujer, extremeña de Aceuchal, y dos hijos pequeños. La pareja estaba acusada de formar parte del Estado Islámico de Irak y Levante (Daesh por sus siglas en árabe e Isis en inglés). Tres años después hay una condena, pero solo por financiación de organización terrorista.

La Audiencia Nacional rechazó a finales de septiembre el recurso presentado por el principal encausado contra la sentencia emitida el pasado mes de abril, en la que fue condenado a siete años de prisión y multa de 30.000 euros por un delito de financiación del terrorismo. Sin embargo, tanto él como la mujer fueron absueltos del delito de integración en organización terrorista. Contra el nuevo fallo solo cabe acudir al procedimiento de casación al Tribunal Supremo.

Según recogen estas sentencias, la extremeña Ana María G. se trasladó desde Extremadura al Reino Unido en el año 2009 para trabajar como cuidadora de niños y en una farmacéutica. A principios de 2011 se convirtió a la religión musulmana y en 2013 conoció al bangladesí Ataul Haque, con quien se casó en enero de 2014.

Ataul había vivido en Dacca, la capital de su país, hasta 2011, cuando murió su primera esposa. Entonces decidió trasladarse al Reino Unido junto a su hijo para encontrarse con su hermano, Siful Sujan, quien vivía en Gales desde 2005. Ingeniero informático, había fundado Ibacs Limited, una empresa de informática ligada a la que crearon en su país de origen y que dio pie a otras compañías con nombres similares.

En 2014 no se renovó el permiso de residencia británico de Siful Sujan, por lo que regresó a Bangladesh. Poco después se fue a Turquía, donde perdió el contacto con su hermano. Pero se sabe que pasó a la zona de conflicto siria para integrarse en las milicias del Daesh. En diciembre de 2015 el Pentágono estadounidense anunció su fallecimiento en el marco de varios bombardeos. Era considerado el jefe del comando informático del Estado Islámico y responsable de la incipiente estructura militar creada para ataques con drones.

Ataul y su mujer conocieron esa noticia en Extremadura, donde se encontraban desde agosto de ese año para que sus familiares, residentes en Mérida, conocieran al primer hijo de la pareja. Tras lo ocurrido, trataron de regresar a Bangladesh para asumir el control de la empresa de informática, ya que los empleados habían sido detenidos. Viajaron de Lisboa a Turquía, pero la policía turca les detuvo y les devolvió a Portugal. De vuelta a España, fueron interrogados por la policía española en la estación de autobuses de Badajoz el 18 de diciembre de 2015. Después pudieron regresar a Mérida.

Ya instalados en la capital autonómica, se establecieron en la calle Serranía de los Caballeros, donde fundaron en febrero de 2016 la empresa Isynctel Technologies, dedicada al comercio al por mayor de equipos y programas informáticos. Su actividad suponía una continuidad de las firmas del grupo Ibacs. De hecho, las compañías británicas llegaron a transferir a la mujer del principal acusado, como administradora única de la sociedad española, más de 15.000 euros.

La intervención de la línea ADSL del matrimonio permitió descubrir numerosas búsquedas en Internet sobre elementos tecnológicos ajenos a la actividad de las empresas del grupo y relacionados con la fabricación de drones.

El 22 de septiembre de 2017 se llevó a cabo un registro en el domicilio en Mérida. Los agentes de Policía se incautaron de varios ordenadores, en los que se halló fotografías e información para fabricar un dron militar, así como imágenes de un ataque con ácido al este de Londres y el atentado en las Ramblas de Barcelona en agosto de ese año, además de archivos con cánticos yihadistas.

Para la Audiencia Nacional, no ha quedado acreditado que la pareja se sometiera a los dictados del Daesh, ni que proporcionaran drones a los miembros de la organización, ni que emplearan sus empresas para aportar medios tecnológicos.

Sin embargo, el fallo estimó probado que, entre marzo y mayo de 2015, antes por tanto de instalarse en Extremadura, Ataul Haque hizo cuatro envíos de dinero a un ciudadano estadounidense de origen egipcio, quien residía en Baltimore, para financiar un atentado en ese país, así como un quinto abono por una falsa compra de equipos en junio de ese año. En total, aportó 7.800 dólares.

El receptor de esos fondos fue detenido en diciembre de ese año por el FBI. En un acuerdo para su condena reconoció que había recibido fondos de Ataul Haque para realizar un atentado en suelo norteamericano. Se firmó un mes antes del registro y la detención en Mérida.