Perú en estado de emergencia: sicarios, chóferes tiroteados y extorsión a la cumbia
José Jerí no ha tardado un mes desde que llegó a la presidencia para declarar la alerta en Lima y Callao por la escalada de asesinatos y chantajes
Los peruanos se encuentran bajo el estado de emergencia en Lima y la provincia vecina de Callao. El presidente interino, José Jerí, ha anunciado la aplicación de esta medida para intentar frenar la ola de delincuencia organizada que vive el área metropolitana y amenaza con convertir 2025 en el año más violento en la historia reciente del país. Solo este verano, entre julio y septiembre, se han contabilizado 575 homicidios y el sicariato ha quedado convertido en una amenaza permanente en los círculos del narcotráfico y la extorsión a civiles.
La declaración constituye una de las iniciativas más tempranas del nuevo presidente, que llegó al poder el pasado 10 de octubre y ha pasado los primeros siete días de mandato bajo la presión en las calles de miles de jóvenes de la denominada 'generación Z'. Se manifestaban contra la corrupción, el desempleo, la inseguridad y también contra el polémico pasado del nuevo jefe del Estado. Jerí ha sido sospechoso de violación en un proceso que ha terminado archivado por falta de pruebas y algunos sectores le acusaron de enriquecimiento ilícito cuando dirigía el Congreso, otro caso que no ha sido estimado.
Es muy posible que la declaración de estado de emergencia no contente a esa misma 'generación Z' en algunos aspectos, como la limitación de derechos o las restricciones a concentraciones sociales o deportivas sin permiso previo. Pero también es cierto que resulta una franja de población muy demandante de protección.
Los asesinatos de jóvenes por debajo de los 30 años se han vuelto frecuentes. Este verano dos pistoleros abatieron a un repartidor de comida de 21 años que aguardaba sentado en su moto a que su novia terminase de trabajar. Otra pareja de sicarios acribilló hace unos días al conductor de una furgoneta de reparto. Tenía 28 años. En la balacera murió su hija de tres años y su mujer resultó herida. Viajaban con él en la cabina, Recibieron once disparos.
Y este pasado fin de semana, el 19 de octubre, el cantante de salsa Johan Mora, de 28 años, y su pareja, la bailarina Ariana Cañola, de 19, se encontraron con la muerte y dos tipos vestidos de negro y con cascos de motoristas en una calle de Callao. Salían de un pequeño concierto. Nadie se siente a salvo de los sicarios que viajan en parejas a bordo de motocicletas y tiran de gatillo con suma facilidad. El decreto de emergencia prohíbe precisamente que dos personas viajen en una misma moto.
Extorsiones
La extorsión se ha convertido en una epidemia que castiga a todo trabajador, ya sea hostelero, mensajero o comerciante en general. Su repercusión es tan elevada que, recientemente, un diputado de Somos Perú desató un escándalo al pedir en el Parlamento que las víctimas pudieran deducir estos chantajes del impuesto sobre la renta.
Nadie se escapa. Las mafias han encontrado una fuente de ingresos inestimable en los empleados medios y los profesionales liberales, directores de academias y colegios privados y, singularmente, la farándula. La bailarina Deisy Araujo ha relatado cómo «ni siquiera puedo acompañar a mi hijo al colegio» después de que una mafia le colocara un explosivo a la puerta de su casa tras negarse a pagarles 12.700 euros. «Sentía que me vigilaban todo el tiempo», manifestó.
Este pasado 8 de octubre, cuatro miembros de la famosa orquesta de cumbia Agua Marina resultaron heridos de bala en un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Dos jóvenes motoristas se detuvieron junto al auditorio, al aire libre, y lanzaron una lluvia de balas sobre el escenario. A unos pocos kilometros, David Guetta actuaba ante miles de personas en un bolo blindado por las fuerzas de seguridad.
Las extorsiones a cambio de protección se han hecho frecuentes en el circuito de la música tropical peruana con trágicas consecuencias. Thlaia Manrique Castillo, cantante de la orquesta Hermanos Guerrero, fue asesinada en diciembre de 2024 y sólo tres meses más tarde Paul Flores, vocalista de otro grupo muy popular, Armonía 10, resultó mortalmente tIroteado por pistoleros a sueldo. Los promotores cada vez sienten más inquietud y temen una desbandada del público ante el miedo a los atentados. En estos momentos, las salas contratan a un guarda de seguridad por cada cien espectadores.
Sin embargo, no hay tregua. En menos de un semestre, la Policía ha recibido más de 20.000 denuncias por extorsión. Cada 19 minutos un ciudadano es víctima de este delito. Un consultora calcula que a diario se pagan en Lima y Callao unos 140.000 euros en chantajes de las bandas. Y quien no paga, muere. La línea es efímera. Los asesinatos se multiplican. Un total dr 180 conductores de autobús y 60 transportistas han muerto a tiros este año. Las mafias conocen sus rutas y sus horarios. Les exigen cantidades que oscilan desde un puñado de soles peruanos hasta el equivalente a 7.000 euros. Si no reciben el pago, amenazan. O pasan a mayores. A los conductores se les intercepta en sus rutas y se les dispara a través del parabrisas sin hacer preguntas.
Narcotráfico
El narcotráfico no ha hecho más que agravar la situación, abriendo además la puerta a un perfil de sicario extremadamente violento y con nada de perder. Además de dejar los cadáveres llenos de agujeros de bala, la costumbre es grabar el resultado o el propio asesinato. Hace poco, un venezolano de 27 años abrió la puerta de su casa. Al otro lado había un joven disfrazado de repartidor. Le apuntaba con una pistola en una mano mientras en la otra sujetaba un móvil con la cámara enfocándole. Le mató sin dejar de grabar y se marchó tranquilamente por las escaleras.
El Gobierno sacará durante los próximos treinta días que dure el estado de emergencia patrullas combinadas de policías y militares, vigilará cada estación, cada barrio, podrá hacer registros domiciliarios e interrogar a cualquier sospechoso. Pero sobre todo intervendrá en las cárceles con «apagones elétricos» y controlará la venta de móviles, en especial el mercadeo de terminales prepago. Las fuerzas de seguridad comenzaron a destruir este miércoles las antenas de comunicación ilegales situadas cerca de las prisiones, desde donde se dirigen los negocios más sucios. Según la Policía, ocho de cada diez llamadas de extorsión se hacen desde una celda. Es una pandemia. En los últimos tiempos han bloqueado un millón y medio de líneas telefónicas y el negocio del chantaje sigue en auge.
¿Servirá de algo este estado de emergencia? El Gobierno cree que, al menos, dificultará los movimientos de los sicarios y puede servir mayormente a la retirada de un buen número de armas de la calle. Desde 2019, Perú ha decretado el estado de excepción una decena de veces, cuatro de ellas durante el mandato de Dina Boluarte, la predecesora de Jerí. «Las guerras se ganan con acciones y no con palabras. Hoy cambiamos la historia. Hoy pasamos de la defensiva a la ofensiva», ha dicho el mandatario.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
