Trabajadores obligados a fichar

Desde el 12 de mayo, las empresas deberán registrar el horario diario de sus empleados; en 2018 hubo 38 sanciones por incumplir la jornada de trabajo

Sistemas de control. Las empresas podrán decidir qué método establecer para registrar el horario de sus trabajadores. :: /PAKOPÍ
Sistemas de control. Las empresas podrán decidir qué método establecer para registrar el horario de sus trabajadores. :: / PAKOPÍ
José M. Martín
JOSÉ M. MARTÍN

Una de cada diez horas extra que se hacen en Extremadura no se paga. Puede parecer un dato elevado y, sin embargo, es el más reducido de todo el territorio nacional, según un informe de Comisiones Obreras. En España el 44% de las horas que van a más allá de la jornada de los trabajadores se consideran opacas. Es decir, ni se abonan ni cotizan. En comunidades como Madrid, País Vasco, Cantabria o Galicia son más las que no llegan a los bolsillos de los empleados que las que se reflejan en sus nóminas, tal y como detalla el mismo estudio.

El próximo 12 de mayo entrará en vigor el decreto de medidas urgentes contra la precariedad laboral que tiene entre sus objetivos acabar con esta práctica, pero también realizar una mayor vigilancia sobre la relación entre los contratos y los horarios que realmente se realizan. Para ello, las empresas estarán obligadas a llevar un registro sobre la jornada de sus empleados y a referenciar diariamente el horario concreto de inicio y de final del trabajo de todos los integrantes de la plantilla.

En Extremadura el cambio legislativo ha puesto de acuerdo a patronal y sindicatos. No convence a ninguna de las partes. «Va a aportar muy poco en cuanto al control para evitar el fraude laboral», para los empresarios. «Con esta medida, las horas extra no se van a poder controlar», advierten los representantes de los trabajadores.

La única visión positiva es la que aporta la Administración regional, que prevé –de nuevo utilizando la misma palabra– que «va a favorecer el control del tiempo de trabajo, algo que afecta a la conciliación de la vida laboral y familiar y al salario», en palabras de Sandra Pacheco, directora general de Trabajo, que añade que la percepción negativa existente se debe a las reticencias que generan los cambios. Cree que se dejarán atrás cuando se comiencen a aplicar las modificaciones.

Entre los aspectos beneficiosos para la economía nacional, Pacheco apunta la repercusión que va a tener en la cotización a la Seguridad Social, siempre que se consiga que se paguen todas las horas que se trabajen. Por ello, ve en el registro obligatorio de la jornada «una forma de combatir la precariedad y un elemento de protección de los trabajadores».

Es en este punto donde se asienta la principal queja que plantean los sindicatos. En su opinión, que la fiscalización de las horas quede en manos de los empresarios deja sin efecto la medida. «Habría que poner un reloj y fichar, pero que esté comprobado por los trabajadores y el comité de empresa», señala Alberto Franco, secretario de Acción Sindical de CC OO, que entiende que sería la única forma de acabar con las horas extra que ni se pagan ni se descansan, y también con los contratos fraudulentos en los que se refleja menos horario del que realmente se hace.

Por su parte, las voces de la patronal van en otra dirección y creen que obligar a las empresas a destinar recursos al registro de la jornada laboral de los trabajadores va a lastrar la competitividad. «Es una decisión que va en contra de eliminar cargas burocráticas, una exigencia y reclamación del sector empresarial desde hace tiempo, y afectará, sobre todo, a las microempresas y los autónomos, que son los que hay en la región en un altísimo porcentaje», en palabras de Javier Peinado, secretario general de la ConfederaciónRegional Empresarial Extremeña (Creex).

El sector servicios es el que recibe un mayor número de actuaciones de la Inspección de Trabajo. ::
El sector servicios es el que recibe un mayor número de actuaciones de la Inspección de Trabajo. :: / PAKOPÍ

Tejido empresarial

Apoya esta opinión en las características del sector empresarial extremeño, ya que el tamaño de las empresas va a conllevar que externalicen el registro y las que no lo hagan tendrán que destinar recursos humanos a esta tarea. «En una compañía de cierta dimensión es un gasto que se difumina, pero esa no es la realidad de la configuración del tejido productivo extremeño, ni siquiera del español», indica Peinado, que lamenta que este trabajo supletorio no vaya a suponer beneficio claro en la lucha contra la economía sumergida.

Y es que la crítica radica en que llevar el registro de la jornada laboral no es eficiente, porque «este control ya se hace», comenta el máximo responsable de la Creex, que afirma que los contratos de carácter parcial y temporal ya llevan detallada la jornada que van a hacer los trabajadores.

La responsable de la Dirección General de Trabajo comprende las críticas de los sindicatos y reconoce que las medidas que entrarán en vigor el 12 de mayo no son «la solución a todos los problemas, pero es un grano de arena». También se refiere a los empresarios al comentar que «si todo estuviese tan controlado no habría sanciones» y apostilla que los tribunales españoles se han pronunciado al respecto y que «la normativa europea insiste en que se haga» el registro de la jornada, ya que la ausencia de esa «obligatoriedad colocaba a los trabajadores en una situación de indefensión».

«El registro de la jornada laboral va a lastrar la competitividad de las empresas extremeñas»

«El registro de la jornada laboral va a lastrar la competitividad de las empresas extremeñas» Javier Peinado | Secretario general de la Creex

«El control de las horas por parte de los empresarios no servirá para luchar contra la precariedad»

«El control de las horas por parte de los empresarios no servirá para luchar contra la precariedad» Alberto Franco | Acción Sindical de CC OO

Es evidente que se producen incumplimientos en materia laboral, como lo demuestran las sanciones que se ponen todos los años. Lo que patronal y sindicatos ponen sobre la mesa es que las medidas aprobadas no van a ayudar a mejorar la realidad actual. Sí difieren en los motivos. «Los empresarios aprovechan la precariedad y temporalidad que hay, que hace que los trabajadores acepten condiciones que de otro modo no aceptarían», dice Franco. «Quien esté pretendiendo bordear la norma y la ley lo va a seguir haciendo, porque hace falta que las dos partes –empresa y trabajador– den el visto bueno para ello», informa Peinado. Ambos coinciden de nuevo en que es el sector servicios en el que se detectan más fraudes.

En esta línea, el mencionado informe de CC OO recoge que en Extremadura se realizan 72.665 horas extra a la semana, de las que 8.205 no se pagan. Son el 11% y el número total equivale a 205 empleos.

La transgresión de las normas y límites legales en materia de jornada de trabajo, donde se enmarcan aspectos como el trabajo nocturno, las horas extraordinarias o las vacaciones, supusieron 38 sanciones en 2018 en la región y un montante de 33.907 euros. Fueron la mayoría del global de expedientes que se instruyeron por vulnerar normativas en relaciones laborales y que sumaron 74, según confirman desde la Dirección General de Trabajo.

Un número muy similar hubo en 2017, con 35 sanciones relativas a la jornada de trabajo –aunque en este caso la cuantía económica de las misma fue bastante superior, con 52.156 euros– sobre 69 expedientes totales.

El año pasado, los impagos y retrasos en los salarios, con 13 multas, se situaron en segunda posición, aunque la cuantía de estas fue mayor a las relacionadas con el horario laboral –131.000 euros, en concreto–, debido a que se cataloga como una infracción muy grave.

También se iniciaron once expedientes por establecer condiciones de trabajo inferiores a la establecida por convenio colectivo; cinco por incumplir la norma del trabajo de menores, y otras tantas por transgredir la norma de modalidades contractuales o no respetar de la duración de los contratos temporales. «Estos datos nos dicen que era necesario analizar qué pasaba y, si lo sumamos al dato nacional que dice que el 35% de las denuncias por incumplimiento en la inspección de trabajo se refieren a tiempo de trabajo, hace que la obligatoriedad del registro de la jornada nos parezca inicialmente positiva», remarca Pacheco.

Métodos

Las formas de fichar de los trabajadores que permite el decreto son múltiples. Pueden ir desde el registro a través de la huella dactilar hasta el uso del teléfono móvil, pasando por la utilización de una tarjeta personal o de un libro de firmas.

Las empresas también deben conservar durante cuatro años los registros y ponerlos a disposición de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo. Incumplir estas directrices se recoge en la legislación como una falta grave que conlleva sanciones que pueden ir de los 625 a los 6.250 euros, aunque también hay un grado intermedio de 3.125 euros.

Las nuevas medidas no entran en las tareas de vigilancia por parte de la administración, que no plantea un aumento. «Para 2019 se aprobaron 515 actuaciones, según la planificación ordinaria, en control de tiempo de trabajo», aporta la directora general de Trabajo, que puntualiza que es un volumen que se mantiene respecto a años anteriores.

«Las actas de infracción crecieron un 22 por ciento»

Sandra Pacheco, directora general de Trabajo, informa que en 2018 se abrieron 114 expedientes

Las sanciones recaudadas en 2018 por la Dirección General de Trabajo de Extremadura ascendieron a los 556.905 euros en un total de 150 expedientes. Eso no significa que todas esas multas se pusieran en el pasado ejercicio, ya que la tramitación se puede prolongar dependiendo de los recursos que se interpongan.

Así, la cifra de sanciones que propuso la administración fue algo inferior. «Hubo 114 expedientes, que supusieron 387.049 euros», confirma Sandra Pacheco, responsable de la citada dirección general, que añade que las actas de infracciones crecieron un 22% en el pasado ejercicio, lo que refleja un incremento de la actividad inspectora.

En este sentido, el mayor aumento se produjo en el ámbito de las relaciones laborales, en concreto las vinculadas con el tiempo de trabajo y el impago de salarios, seguidas de las centradas en el empleo y en la prevención de riesgos laborales.

Este incremento no supuso un mayor número de sanciones propuestas, ya que en 2017 fueron 118, aunque es cierto que la cuantía económica quedó un poco por debajo, con 371.677 euros. Por el contrario, hace dos años las multas recaudadas fueron 122 y por un importe global de 404.705 euros.

Las competencias autonómicas dentro de los bloques en los que se divide la labor de la Inspección de Trabajo están, precisamente, fijadas en materia de prevención en riesgos laborales y en empleo y relaciones laborales. En esta última línea es en la que se incluyen las condiciones de trabajo y, por tanto, el control del tiempo de las jornadas.

Planificación

De cara al presente 2019 la previsión es que vuelve a crecer el número de actas de infracciones. Los motivos van en dos direcciones. Por un lado, la entrada en vigor de la nueva normativa puede incidir en un mayor número de incumplimientos; mientras que la planificación ordinaria de las actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo también va al alza.

A final de cada ejercicio, la Dirección General de Trabajo programa las órdenes para el año siguiente. En este punto, habrá un 12% más de acciones en prevención de riesgos laborales y un incremento del 7% en empleo y relaciones laborales, bloque en el que «en 2018 hicimos 3.164 órdenes y haremos 3.392 en 2019», certifica Pacheco, que apostilla que el número de sanciones se verá aumentado porque también se contabilizarán las acciones extraordinarias del plan director.