Mociones municipales a ninguna parte

Quienes no estén muy familiarizados con la dinámica municipal quizás se sorprendan, pero los que siguen habitualmente los plenos del Ayuntamiento las conocen de sobra. Son las llamadas mociones. No suelen faltar en las sesiones ordinarias, las que se convocan cada tercer jueves de mes. Son propuestas que hacen los grupos y que se debaten antes de su votación. También los concejales no adscritos tienen esa potestad, aunque uno de ellos, Teófilo Amores, consultado al respecto, admite sus dudas sobre la eficacia de una herramienta así a la hora de mejorar el día a día de los cacereños. Curiosamente, fue una propuesta suya, la del cambio de nombre de calles con más presencia femenina, una de las más mediáticas en lo que va de mandato. Paradójicamente, no solo salió adelante sino que se cumplió. La norma habitual está lejos de ser esa.

«Se consigue más en una conversación de pasillos con un concejal o el alcalde que en cualquier moción. Eso es más de cara a la galería. A veces se va al pleno a lucirse más que a sacar adelante proyectos de ciudad». El relato es de un exconcejal, miembro de la anterior Corporación, pero cuenta con versiones parecidas entre integrantes del actual pleno. Por ejemplo, el propio Teófilo Amores llegó a advertirlo en el pleno de junio pasado, cuando hablo del «teatrillo» de algunos concejales en sus intervenciones. No obstante, los incumplimientos no son exclusivos de estos tiempos del municipalismo 3.0. Un simple vistazo atrás permite comprobarlo.

En diciembre de 2004 el pleno aprobó una propuesta de IU para sacar la Cruz de los Caídos de la Plaza de América tras decidir con un concurso de ideas cómo reorganizar ese espacio. El monumento erigido en honor a los caídos del franquismo iría al cementerio. Han pasado 17 años y el debate sigue abierto. Lo llamativo es que aquel acuerdo se adoptó por unanimidad. Como también fue unánime, en ese pleno, una propuesta socialista para que las calles llevasen nombres de mujeres. «Salvando vírgenes y santas, hay muy pocos nombres de mujeres», dijo aquel día Carmen Heras, tres años después alcaldesa. La idea se ha repetido con iniciativas similares de Podemos y Amores, pero pasado el tiempo no parece que la ejecución de aquel mandato de pleno fuese muy ágil. Algo se va avanzando.

Como la duplicación del acceso desde la carretera de Badajoz. En octubre de 2008 el pleno acordó reclamar a la Junta que desdoblase la entrada a Cáceres por la actual N-523 hasta el ferial. Los efectos de ese acuerdo siguen a la espera y la solución definitiva al acceso de la Cañada queda a expensas de la segunda fase de la Ronda Sureste. La obra de la primera acaba ahora.

La cuestión de la entrada a la barriada volvió al Consistorio en junio de 2018. El PP, entonces en el Gobierno, anunció la licitación de la reforma de la actual estación de tren. Con ella debía quedar resuelto el problema gracias a un vial entre la Cañada y Aldea Moret que salvaba la vía ferroviaria. No fue así. Como tampoco se construyó después el instituto que el PSOE pidió para la Mejostilla y que los demás grupos apoyaron por unanimidad. «Es una necesidad», dijo Luis Salaya, entonces portavoz de la oposición y hoy alcalde. El Ayuntamiento, con los votos de PP y Podemos, acordó crear un área de protección del Calerizo. No ha habido muchas noticias sobre ello en tres años. Tampoco las hay sobre el plan de fachadas en el casco viejo. Salió adelante con los votos de todos los partidos en octubre de 2019. Ciudadanos lo rescató después de que no prosperase en el mandato municipal anterior. Para ver los efectos de ese supuesto plan solo hace falta darse una vuelta por el centro.

En julio de 2019, primer pleno ordinario con el Gobierno del PSOE, todos los grupos se unieron para pedir la segunda fase del nuevo hospital y que esta se iniciase de forma urgente. Esa urgencia ya va camino de su segundo aniversario. No se ha puesto un ladrillo. Ni siquiera está aún el proyecto en marcha. El Ayuntamiento 'insta' pero poco más puede hacer.

Entre los mandatos a la espera hay más. Por ejemplo, la recuperación de la Plaza de Toros, Bien de Interés Cultural, con humedades, desprendimientos y problemas de mantenimiento. La última noticia es que se ocupará del arreglo la Diputación.

Peor salida aún tiene lo que iba a ser un reglamento para controlar el uso que hacen los grupos municipales de las asignaciones que reciben. Son ingresos para gastos de funcionamiento a razón de 1.860 euros por grupo y 390 por concejal.

Cs propuso que se regulase en un texto propio y así se decidió en 2017. Posteriormente, en 2019, se aprobó el nuevo ROM, y con el mismo se dio por zanjado el asunto. Los grupos deben aportar su documentación de gastos si la pide el pleno, lo que equivale a decir, si la piden ellos mismos.

En enero de 2017 el pleno abordó un observatorio municipal con un refuerzo de la inspección de Servicios y un control a las concesionarias. Se habían abierto entonces expedientes a las empresas de la luz o el agua, incluso al albergue municipal. Sobre eso, o la remunicipalización de servicios (ni siquiera su estudio), tal y como pidió Podemos, no ha habido avances.