Condenan a nueve años de inhabilitación al alcalde de Carcaboso por prevaricar

El fallo judicial, que pone de manifiesto los obstáculos que ponía a la oposición para tener información, no es firme

ANA B. HERNÁNDEZPLASENCIA.
Condenan a nueve años de inhabilitación al alcalde de Carcaboso por prevaricar

El Juzgado de lo Penal de Plasencia ha condenado a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de los cargos de alcalde y concejal al que es desde 2005 primer edil de Carcaboso (Cáceres), Jesús Alberto Cañedo, por un delito continuado de prevaricación.

Esta condena es el resultado de una denuncia interpuesta en 2009 por el entonces concejal en la oposición Alfonso Bueno. De hecho, Alberto Cañedo accedió a la Alcaldía tras una moción de censura a Bueno el 15 de octubre de 2005. Hasta 2011 ambos se han mantenido en la Corporación de Carcaboso, Cañedo (Prex-Crex) de alcalde y Bueno (PSOE) de edil de la oposición. Este último no continúa en el Ayuntamiento en la actual legislatura.

La titular del Juzgado de lo Penal de Plasencia ha condenado al alcalde por un delito continuado de prevaricación, por impedir en el tiempo el acceso a la información y documentación municipales al exedil socialista aun sabiendo que no estaba actuando de forma legal.

En la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres, se establecen como hechos probados que el alcalde incumplió el reglamento que ordena en Carcaboso -y que él mismo impulsó- el acceso a la información por parte de los integrantes de la Corporación local. Según este reglamento, las peticiones de información debían resolverse en cinco días naturales y se estimarían concedidas por silencio administrativo en caso de no dárseles respuesta en dicho plazo. Dice la juez que, además, Cañedo dio instrucciones a los empleados del Ayuntamiento para que se le denegara particularmente al concejal Alfonso Bueno el examen directo de los documentos y resoluciones. «Con el único ánimo de cercenar el derecho de información de todos los concejales de la oposición, sabedor de que con ello perjudicaba especialmente a Alfonso Bueno».

El alcalde estableció que solo se podía tramitar cualquier petición de información que realizaran los concejales por escrito y dirigido a él. Y cuando permitía el acceso a la documentación solicitada concretaba el día y el lapso temporal en el que podía ser examinada. «Y si bien respondía a la petición dentro de los cinco días habitualmente, el momento de examen de la documentación era meses después de la solicitud y la decisión, concediendo un periodo de tiempo muy escueto sin justificar la razón de esta limitación». «Llegó incluso Jesús Alberto a limitar el tiempo de espera en el que se podría recoger la documentación para su examen a cinco minutos», afirma la jueza. Señala también que esta situación se ha desarrollado a partir del año 2007 y en repetidas ocasiones. Sin justificación alguna, incumpliendo «el derecho de acceso a la información que compete a los concejales en el ejercicio del más amplio y constitucional derecho de participación».

El fallo judicial respalda la calificación de los hechos como delito continuado de prevaricación administrativa y la pena de 9 años de inhabilitación que solicitaba el Ministerio Fiscal.

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