Un juzgado reconoce el cobro de 44 días de la extra de Navidad suspendida

El sindicato PIDE calcula que supone para cada docente una media de 450 euros brutos y pide a la Junta que cumpla sin dilación la sentencia

C. J. V.MÉRIDA.
Miembros de PIDE celebran la sentencia sobre la extra. ::                             BRÍGIDO/
Miembros de PIDE celebran la sentencia sobre la extra. :: BRÍGIDO

Primera sentencia en Extremadura que puede crear precedentes para los 46.000 empleados públicos de la Junta. El Juzgado de lo Contencioso nº2 de Mérida estima parcialmente el recurso presentado contra la Consejería de Educación por Alfredo Aranda, vicepresidente del sindicato PIDE. Había reclamado a la consejería que abonase la extra de Navidad de 2012 que por un decreto había eliminado el Gobierno de Rajoy, o en su caso pagase la parte proporcional correspondiente (44 días), devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio de ese año, antes de que entrase en vigor el decreto nacional (15 de julio).

El juzgado da la razón a la segunda demanda, presentada a título particular por Aranda. Hay registradas otras seis de miembros de PIDE en el mismo sentido. El resto de sindicatos de funcionarios en la región tienen presentados recursos.

«Se trata no solo un triunfo para los 15.000 docentes extremeños sino para los 46.000 empleados públicos de la Junta. Esperamos que, en el caso de los docentes, se avenga a negociar cómo ejecutar la sentencia (que es recurrible)», indicó el portavoz de PIDE. Según sus cálculos, solo para los docentes, el reconocimiento de cobro de parte de la extra puede suponer una media de 450 euros brutos por persona, esto es, 6,7 millones en el sector.

«Confiamos en que la Junta no quiera colapsar los juzgados y dialogue para ejecutar la sentencia», insiste. La titular del juzgado nº2 de lo Contencioso de Mérida, Carmen Romero, señala en la sentencia que desde el 1 de junio de 2012 hasta el 15 de julio de ese año (entrada en vigor del decreto-ley) ya había comenzado a devengarse la paga extraordinaria, «cesando solo su devengo a partir del 15, que es cuando entra en vigor el citado decreto». La Plataforma Sindical de Empleados Públicos tiene presentados recursos judiciales por la vía contencioso administrativa para los funcionarios y estatutarios (los empleados del SES), y como conflicto colectivo en los juzgados de lo Social para los laborales. La Junta ha rechazado todos los que se les ha planteado, señalan los sindicatos.

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