Los imputados del PP valenciano serían la tercera fuerza en las Cortes

Once diputados autonómicos están acusados de corrupción y la lista podría engordar con Camps y Barberá

MATEO BALÍNMADRID.

La lista da para alinear un equipo de fútbol. Y lo más espinoso para el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, es que en el horizonte cercano existen altas probabilidades de incorporar a dos nuevos efectivos a la plantilla de imputados en las Cortes valencianas, Francisco Camps, y al alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el 'caso Nóos', los contratos firmados por sus administraciones con Iñaki Urdangarin

Los once diputados del PP acusados en diversos casos de corrupción suponen el 20% del grupo parlamentario. La trascendencia de la cifra es evidente, ya que a día de hoy, en caso de que estos acabaran en el grupo mixto, formarían la tercera fuerza política del Parlamento autonómico, solo por detrás del PSOE.

Esta peculiar situación, lejos de quedarse en una anécdota, se ha convertido en una bomba de relojería para el Gobierno de Fabra. La razón es sencilla, el presidente de la Generalitat juró y perjuró que los corruptos no cabían en el grupo parlamentario. Pero cuando la lista heredada de la época de Camps ha ido creciendo, y las piezas se resistían a dimitir, su primer mandamiento se ha diluido como un azucarillo.

Este es el caso de Rafael Blasco. El exconsejero del Partido Popular ha protagonizado el pulso de la semana contra Fabra. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat le piden más de diez años de prisión por su implicación en el 'caso Cooperación', el supuesto desvío de fondos públicos destinados a proyectos para el desarrollo. Blasco ya ha dicho que no se va: «No voy a atender a los políticos que se disfrazan de jueces o fiscales», aseguró en referencia a Fabra.

Pero el exconsejero rebelde no está solo en el equipo de imputados. Le acompañan la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, por el 'caso Brugal', la contrata millonaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de varios pueblos de la provincia gobernados por el PP. Ambos están acusados de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al empresario Enrique Ortiz.

Ortiz, un constructor valenciano que llegó a presidir el Hércules, también figura como imputado en la causa de la financiación irregular del PP valenciano. Este proceso se sigue en el Tribunal Superior de Justicia, como el resto de casos con aforados, y afecta a la mayoría del plantel de acusados. En el mismo sumario están el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, la que fuera tesorera Yolanda García y el vicesecretario David Serra, quien también ha sido imputado esta semana junto a la exatleta Niurka Montalvo por firmar unos contratos con empresas de la red.

En otra pieza separada de 'Gürtel', los contratos de Fitur, están acusadas la expresidenta de la Cortes Milagrosa Martínez y la exconsejera de Turismo Ángelica Such, mientras que Pedro Hernández Mateo fue condenado a tres años de cárcel en noviembre por falsedad y prevaricación en una contrata de basuras en Torrevieja. Tras esta condena no le quedó otra que dejar el acta de diputado.

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