El 92% de los pueblos con menos de 5.000 vecinos perderá la gestión de sus servicios

El Gobierno anuncia que la norma entrará en vigor el 1 de enero y las diputaciones asumirán esas competencias

ANTONIO MONTILLAMADRID.
El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, preside una reunión de la junta de gobierno de la entidad celebrada en marzo en Madrid. ::                             ÁNGEL DÍAZ / EFE/
El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, preside una reunión de la junta de gobierno de la entidad celebrada en marzo en Madrid. :: ÁNGEL DÍAZ / EFE

El anteproyecto de Ley Orgánica de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno presentará hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pretende que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes pierdan a partir del 1 de enero la gestión de los servicios que prestan a diario; es decir, residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de calles.

Estos 6.260 consistorios intervenidos, que suponen el 77% de los 8.116 poblaciones de España, cederán estas competencias a las diputaciones provinciales a partir de esa fecha. Fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas justificaron la drástica decisión por la «ineficiencia» de estos ayuntamientos que, según los cálculos del Ministerio, pagan hasta tres veces más por un mismo servicio que un municipio de más de 100.000 habitantes. Hacienda ha utilizado el denominado «coste estándar» para hacer el cálculo y de esa forma el Gobierno tiene un criterio común para todos los municipios en cuanto al precio de prestación de esos servicios básicos. Se ha tenido en cuenta además la densidad, dispersión o envejecimiento poblacional, entre otras variables.

De acuerdo a esta evaluación, los ayuntamientos de más de cien mil habitantes pagan 445,4 euros de media por habitante por los servicios, mientras que los de menos 5.000 vecinos invierten 1.219,9 euros por las mismas prestaciones. Las diputaciones, además de proporcionar el servicio, serán las encargadas de cobrar las tasas a los ciudadanos, «que serán menores de las que abonan en la actualidad», según un portavoz de Hacienda.

La insuficiencia financiera no es patrimonio exclusivo de los pueblos pequeños. Más de 400 ciudades de más de 20.000 habitantes también superan el coste estándar. La diferencia es que en estos consistorios se aplicará la ley de Estabilidad Presupuestaria, que posibilita al Gobierno a multar y hasta intervenir las administraciones incumplidoras.

Los consistorios con menos de 5.000 vecinos podrán recuperar la prestación de servicios en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad. El Gobierno confía, además, en que «muchos» de los ayuntamientos que corren el riesgo de ser intervenidos el 1 de enero puedan revertir la situación en los siete meses que restan para finalizar el año.

La mayoría de las corporaciones pequeñas tiene alcaldes socialistas y nacionalistas en Cataluña y País Vasco, y en menor medida Galicia, e independientes de plataformas vecinales. El PP tiene pocos ediles en las poblaciones pequeñas y en el partido reconocen que su escasa presencia en estos municipios es uno de sus flancos débiles.

Hacienda no entró en ese tipo de consideraciones y defendió que se trata de una reforma «profundamente municipalista» que beneficia a los ciudadanos. De hecho, las fuentes consultadas subrayan que el Gobierno descartó la eliminación de los ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes, tras haberlo sopesado en un principio. El Ejecutivo niega que las corporaciones que cedan su capacidad de gestión vayan a quedar huérfana de funciones porque «mantienen intactas sus competencias políticas».

Tormenta política

El PSOE se opone a la reforma porque supondrá la pérdida del orden de 250.000 empleos directos y ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Pero también puede levantar una tormenta política en el PP. De hecho, el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna, se entrevistó ayer con Montoro, en vísperas de que se reúna la Comisión Nacional de Administración Local, de donde tiene que salir el texto que estudiará el Consejo de Ministros y que el Gobierno quiere aprobar antes de junio.

Fuentes de la FEMP mostraron sus dudas respecto al texto del Ejecutivo porque «es muy similar al que hemos presentado muchas alegaciones», que, a su juicio, no han sido recogidas.