La Audiencia de Cáceres frena por piedad un desahucio en Plasencia

Se quería desalojar de una vivienda social de la Junta a una mujer que tiene seis hijos: el mayor de 14 años y la pequeña de meses

SERGIO LORENZOCÁCERES.
Imagen de archivo de desalojos de pisos en Plasencia. ::                             HOY/
Imagen de archivo de desalojos de pisos en Plasencia. :: HOY

La palabra 'piedad' es usada en un auto de la Audiencia Provincial de Cáceres, para anular el desalojo de una familia de Plasencia de una vivienda social de la Junta de Extremadura.

El caso es bastante dramático. Se trata de una mujer que ha ocupado de manera ilegal una vivienda; una madre que ha entrado en un piso sin permiso alguno para dar cobijo a sus seis hijos: el mayor es un muchacho de 14 años y la más pequeña es un bebé de meses.

Normalmente los tribunales apoyan las peticiones de desahucio de la Junta de Extremadura, pero en esta ocasión se ha negado. El tribunal es la sección segunda de la Audiencia de Cáceres, siendo el magistrado ponente Pedro Cano-Maillo. Él habla en el auto de las antiguas leyes griegas que decían que «en toda comunidad humana que se precie de tal, las bases intangibles de su convivencia habrán de ser los sentimientos de piedad y probidad, así como la ley en vigor ha de ser en todo momento un reflejo de la realidad social que se vive».

Insiste el magistrado en los fundamentos jurídicos que apoyan su decisión, que «en cuestión de derechos fundamentales nada es trivial e inimportante, algo que el isnaturalismo enunció hace mucho tiempo, y que ha sido recogido en las constituciones que rigen en los países democráticos».

La madre de seis hijos que se ha visto aliviada por esta sentencia es María Rufina B. B. El pasado 10 de agosto se adoptó la medida de desalojarla de la vivienda social de la Junta que ocupa. Mediante un abogado asignado por el turno de oficio pidió en el Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia que anulara la orden, pero no tuvo éxito. El 1 de octubre de 2012 el Juzgado desestimó su recurso. Ella y su abogado acudieron a la Audiencia y ésta ha frenado el desalojo, aunque indica en su auto que lo que «aquí se decida vale y afecta únicamente al presente caso».

La Audiencia es consciente de que ella y sus hijos ocupan ilegalmente el piso, un piso que la Junta ha acreditado que es de su propiedad; pero «la gravedad del caso es obvia», indicando que esa gravedad está documentada por una nota informativa de convivencia-residencia emitida por el Ayuntamiento de Plasencia el 4 de junio de este año.

Da importancia el tribunal a que la vivienda de Rufina aún no ha sido adjudicada, recalca que por el momento «el interés más necesitado de protección es el núcleo familiar de la denunciada Rufina, que está ocupando un inmueble ajeno, cierto, pero que aún no está adjudicado a nadie».

El pasado 16 de noviembre, tanto el PSOE como IU criticaron los desahucios en viviendas sociales que se están sucediendo en Extremadura.

IU señaló que en lo que va de la legislatura de Monago ya se han realizado 37 desalojos de este tipo, y sus sus representantes indicaron que están dispuestos a encerrarse con los afectados.

Los socialistas aseguraron que actualmente se mantienen abiertos un total de 764 expedientes en viviendas sociales, por lo que 764 familias están «sin saber si mañana van a tener una casa donde vivir dignamente con sus hijos».