Libertad sin fianza para los seis implicados en el robo de armas de Bótoa

El juzgado militar entiende que se ha recuperado la mayor parte del material sustraído y no hay riesgo de destrucción

A. C.BADAJOZ.
Libertad sin fianza para los seis implicados en el robo de armas de Bótoa

Libertad provisional sin fianza. Eso es lo que decretó ayer el juzgado togado militar número 12 de Madrid para los seis encausados en el robo de 20 subfusiles de asalto HK-36 y 10 pistolas Llama M-82 de la Base 'General Menacho' de Bótoa. Se trata de José Luis C.J., su hermano Marco Antonio C.J., Antonio A.R., David M.L., Cristian C.F., y Luis C.C., todos ellos vecinos de las barriadas de Santa Engracia y Las Moreras, en Badajoz, y con edades comprendidas entre los 27 y los 31 años, quienes permanecían ingresados en el centro penitenciario de la capital pacense desde el pasado 21 de junio.

La dirección de la cárcel de Badajoz recibió el auto judicial ayer a primera hora y la puesta en libertad de los reos fue inmediata.

La juez que lleva el caso los considera presuntamente implicados en la participación de los hechos acaecidos en la madrugada del 28 de febrero de 2011. Se basa en la investigación de la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO), la cual entiende que los encausados burlaron la seguridad de la base militar y presuntamente penetraron en la instalación cercana a Badajoz, accediendo a la armería de la 1ª Compañía del IV Batallón del Regimiento Castilla 16 y apoderándose de armamento de guerra.

Sin embargo, en el auto judicial la titular determina que los detenidos estaban en prisión preventiva y que, como quiera que han sido recuperada la mayor parte del armamento robado, «no siendo posible así su destrucción y alteración», procede mejorar su situación y acordar su libertad provisional. La Guardia Civil ha podido recuperar, a través de su unidad subacuática, la mayor parte del material sustraído tanto en el fondo del río Guadiana a su paso por la capital pacense como en varias fincas cercanas.

La juez obliga a los encausados a comparecer periódicamente en el juzgado de guardia de Badajoz cada viernes para firmar y ante el juzgado togado cuando se le precise.

Toda la instrucción del caso, compuesta por siete tomos y más de 3.000 folios, ha sido ya remitida al juzgado decano de Badajoz, quien ahora decidirá qué juzgado se encarga de la instrucción ordinaria.

Según Enrique González Valledo, abogado de cuatro de los acusados, todo indica que en esta semana la juez togado de Madrid se inhibirá en favor de la jurisdicción ordinaria de Badajoz. Distintas fuentes jurídicas consultadas también lo han corroborado, añadiendo que al no haber ningún militar implicado es lógico que se haga, toda vez que a los acusados se les atribuyen también otros hechos delictivos como el asalto a entidades bancarias, gasolineras, estancos y empresas de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva o Sevilla que también deberán ser juzgados.

José Duarte, abogado de otro de los encausados, señala que a partir de ahora habrá que esperar a lo que determine el fiscal y la imputación de delitos que realice. De todas maneras, en los próximos días las partes podrán tener acceso a la documentación del caso y pedir o aportar nuevas pruebas antes de que el juez decida o no la apertura de juicio oral.

Un centenar de agentes

Cabe recordar el amplio dispositivo de la Guardia Civil montado para la detención de los ahora puestos en libertad (más de un centenar a agentes intervinientes en distintos barrios de la margen derecha de Badajoz), así como para la búsqueda de las armas. Cinco de los implicados estaban ya en prisión, concretamente en el centro penitenciario de Cáceres, como medida preventiva por distintos robos presuntamente cometidos en el norte de Cáceres,

Desde la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha informado que ninguno de los arrestados ha confesado ser autor de los hechos ni la motivación que les llevó a cometer el robo. Sin embargo, por lo que ha trascendido de la investigación, el golpe les superó, se vieron amedrentados al ser conscientes de la magnitud del robo. Los investigadores sabían que los autores del asalto no habían podido vender las armas porque eran conscientes de que estaban siendo vigilados y además no tenían los contactos necesarios para eso. Además, las conversaciones telefónicas intervenidas confirmaban que estaban arrepentidos por haber perpetrado el golpe.

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