Sombras en la liquidación del Badajoz

El club pacense ha sido víctima de un proceso concursal marcado por las circunstancias y la situación de crisis

J. P.BADAJOZ.
íñigo Uriarte y Carlos Uriarte entran en el Juzgado de lo Mercantil el 19 de junio. ::                             PAKOPÍ/
íñigo Uriarte y Carlos Uriarte entran en el Juzgado de lo Mercantil el 19 de junio. :: PAKOPÍ

Injusticia, trato discriminatorio, agravio comparativo, impotencia... Todo el cúmulo de sensaciones de rabia que tiene cabida en el imaginario colectivo se rebela ante una decisión sin precedentes en el fútbol español. El sentir del aficionado del Badajoz se eleva hasta un estado de indignación extremo cuando examina los detalles del proceso concursal de los demás clubes del país. La masa social todavía sigue sin entender el trágico final de la entidad deportiva decana de Extremadura.

Y es que son varios los interrogantes que surgen dentro de un proceso que desembocó en el auto de apertura de la fase de liquidación. La conclusión a la que se llega es que al Badajoz no le dieron opción y estaba sentenciado de muerte de antemano. Se llegó al 19 de junio sin conocer la posición de los dos acreedores mayoritarios, al menos es la versión que dieron los gestores del club, una circunstancia inusual en este tipo de procedimientos y con esa incertidumbre se asumía con resignación la decisión que se tomara en el Juzgado de lo Mercantil con el riesgo de encontrarse con una negativa de Hacienda. Si parecía evidente el rechazo del erario público, ¿por qué no se plantearon otras alternativas, se aplazó la vista o se renegoció hasta tener su visto bueno? Es la primera vez en el fútbol español que se fuerza la liquidación de un club por no aceptar el convenio. En otros casos que derivaron en liquidación como Compostela, Linares, Lleida, Benidorm, Poli Ejido y Lorca Deportiva ni siquiera se llegó a presentar propuesta o como en Terrassa que no se constituyó la junta de acreedores dada la inviabilidad del proyecto.

Entrar en Ley Concursal conllevaba sus riesgos. Carlos Uriarte e Íñigo Landa eran conscientes de ello y así lo manifestaron públicamente en varias ocasiones. Además, hay que recordar que ellos mismos arriesgaban su dinero, ya que eran los terceros máximos acreedores de la entidad con cerca de 569.000 euros de deuda. La impresión que deja es que faltó interés por parte de sus propietarios y también voluntad política para sacarlo adelante. El alcalde de Castellón, por ejemplo, asumió la responsabilidad para salvar a una entidad que parecía más desahuciada que el Badajoz y consiguió pactar un aplazamiento por cinco años del pago de la deuda del club albinegro con Hacienda y la Seguridad Social.

Desde algunos círculos jurídicos consideraban que la propuesta de convenio presentada por el Badajoz era inviable, argumento basado principalmente por los 30 años de espera, pero clubes como la Real Sociedad han logrado aplazar el crédito privilegiado en tres décadas. Incluso el Osasuna, aunque no está en situación concursal y que con la entrada de la Ley del Deporte en el 92 excepcionalmente no estaba obligado a convertirse en SAD al igual que Real Madrid, Barcelona y Athletic al estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social, solicitó a principios de año un aplazamiento para pagar su deuda de 27,9 millones de euros con la Hacienda Foral a 75 años, un acuerdo que finalmente se rubricó con el Gobierno de Navarra hace unos días en 10 años. El Xerez contempla en su convenio quedar exento de pagar en tres años en caso de descender a Segunda B. El Oviedo se acogió en 2004 a la antigua suspensión de pagos por 17,4 millones a abonar en 10 años. El Badajoz, que con la llegada de Uriarte se puso en orden las cuentas y respondía a sus obligaciones con la Seguridad Social, buscaba una fórmula para cumplir con los acreedores de forma transitoria en la división de bronce y basó su planteamiento en función de los ingresos de la categoría porque los 30 años de amortización no estaban así reflejados como tal, pues de haber ascendido a Segunda habría saldado su deuda en cinco años.

Con la quita del 85 por ciento planteada como término fijo anual (había otros pagos variables) tampoco se estaba pidiendo unas condiciones insólitas. Al Celta, por ejemplo, se la aceptaron con mejores perspectivas de ingresos, refrendadas además con el ascenso a Primera. Hacienda le perdonó 11 millones de euros. El Ourense fue el club que sirvió en 2007 de modelo para superar los límites legales en la rebaja de deuda y compitiendo en Segunda B logró pagar solo el 15 por ciento y al igual que la Real Sociedad transformar una parte del pasivo en créditos participativos. El Mérida acordó una quita del 80 por ciento del millón y medio para pagar en 7 años los 260.000 euros del pasivo ordinario, prácticamente capitalizado por la familia Fouto y al despacho de Vicente Montes, si bien con Hacienda y Seguridad Social mantuvo una negociación aparte para devolverle los 200.000 euros. El conjunto romano ha incumplido sus dos últimos plazos. El Alicante tampoco cumple. Pero la Cultural Leonesa ni siquiera ha hecho frente a ningún pago de un convenio que se firmó hace dos años. Por ese motivo, Hacienda ha solicitado hasta en dos ocasiones la liquidación, pero el club ha conseguido negociar y levantarlo. El CD Logroñés incumplió el acuerdo y tras la denuncia de un acreedor fue liquidado en 2009.

Un proceso complejo

Desde Las Palmas, que fue pionero y ha logrado reducir su deuda a cero gracias a un crédito financiero negociado por el patrocinio anual de 1,2 millones de euros en 20 años con el Cabildo como garantía, hasta el Puertollano, que ha sido el último en acogerse a la Ley Concursal, se han dado todo tipo de situaciones y acuerdos por la idiosincrasia particular de cada club dentro de un proceso tan complejo como el que se propaga a pasos agigantados por el fútbol español. Además, no en todos los casos Hacienda y Seguridad Social aparecen como los máximos acreedores (Hércules -va por su tercer concurso-, Murcia, Portuense, Mérida...) y por tanto no tuvieron la decisión en sus manos.

Otra de las teorías que conducía a la defunción del Badajoz buscaba su justificación en el endurecimiento de la nueva Ley del Deporte próxima a entrar en vigor. Sus efectos se verán el 31 de julio de 2012, cuando se aplique, ya sin excepciones, el precepto que determina que los clubes que no están al día en el cumplimiento de sus obligaciones salariales con los deportistas u otro club, bajan de categoría. El Recreativo de Huelva acaba de salir del concurso y ya no está intervenido judicialmente. El fútbol español se asoma a su tercer plan de saneamiento después de los cometidos en los 80 (una especie de amnistía del Gobierno por el endeudamiento de los clubes por el Mundial 82 y que se compensaba por los ingresos de quinielas) y en 1992 con la llegada de las SAD.

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