El Consistorio asume que no puede cumplir la ordenanza contra el ruido

El Pleno rechaza las alegaciones contra la subida de la tasa de basura y aprueba la disolución de la Empresa de Turismo

JUAN SORIANOMÉRIDA.

El Ayuntamiento de Mérida reconoce que no puede cumplir una de sus ordenanzas. El Gobierno local del PP anunció ayer que no elaborará los mapas de ruido, uno de los requisitos contenidos en la Ordenanza contra la contaminación acústica, del año 2009.

La delegada de Medio Ambiente, Raquel Bravo, apuntó durante el pleno ordinario de ayer que «nos es completamente imposible materializar» la elaboración de los mapas de ruido ante la falta de fondos y la existencia de otras prioridades. La citada ordenanza recoge la obligación de llevar a cabo estos estudios como paso previo a la adopción de planes de acción para intervenir contra la contaminación acústica.

La concejala hizo estas declaraciones durante el debate de una moción presentada por el PSOE, que reclama que se prorrogue la declaración de Los Bodegones como Zona de Prevención Acústica. La ordenanza concede esta protección tanto a esta zona de la ciudad como al centro histórico, pero solo por un periodo de dos años.

La concejala socialista Marisa Tena expuso que 19 comunidades de vecinos de la zona han pedido que se prorrogue esta declaración, que implica restricciones en la concesión de licencias de establecimientos. También apuntó que la protección caducó en mayo del pasado año, pero que la anterior Corporación prefirió dejar este asunto en manos del nuevo Gobierno local ante la cercanía de las elecciones.

Por su parte, Bravo expuso que el Gobierno local desconoce la petición vecinal y que el PSOE pudo haber concedido la prórroga el pasado año, por lo que finalmente la moción se rechazó con los votos del PP.

Además de este asunto, el Pleno desestimó la alegación presentada por la Unión de Consumidores de Extremadura contra la revisión de la tasa de basura, que el Gobierno local prevé incrementar un 10% anual entre 2013 y 2017. De esta forma, el expediente de modificación continúa su tramitación.

La concejala socialista Carmen Yáñez coincidió con la asociación en señalar que se trata de una subida exagerada, sobre todo si se tiene en cuenta que el estudio de costes se hizo en octubre y que en la actualidad se está negociando a la baja el canon con la empresa que lleva el servicio. La delegada de Hacienda, Begoña Saussol, recalcó que la evaluación de costes sigue vigente y que en una familia media el recibo pasará de 83 a 121 euros al año.

Junto a esto, la Corporación aprobó, con los votos del PP y el rechazo del PSOE y el Grupo Mixto, la disolución de la Empresa de Turismo. El Gobierno local justifica esta medida por las recomendaciones de la administración central, que reclama la reducción de las empresas públicas. Roberto Olivera, del PSOE, preguntó por el futuro de los trabajadores, una preocupación que también mostró Álvaro Vázquez, de IU. El alcalde emeritense, Pedro Acedo, apuntó que se integrarán en la plantilla municipal.

Templo de Diana

En materia de urbanismo, salió adelante con los votos del PP, la abstención del PSOE y la oposición del Grupo Mixto el Plan Especial del Templo de Diana, primer paso para permitir la ocupación de los locales de la plaza pública. Antonio Vélez, de Siex, alegó que el PERI contradice lo indicado en el Plan General y mostró su rechazo a la obra que se ha llevado a cabo en el entorno del monumento.

Asimismo, el Pleno dio luz verde a dos modificaciones del Plan General, una para cambiar el uso de dos solares con el objetivo de permitir la donación de una parcela destinada a la ampliación del centro de Aprosuba y otra para que se pueda construir un bloque de viviendas en el entorno del Museo Romano. También aprobó por unanimidad un proyecto para ajustar los volúmenes de la confluencia de la avenida de Extremadura y el Paseo de las Artes y los Oficios.

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