Competencia multa a Gévora Construcciones con 5,3 millones

Se investiga a 47 empresas de toda España por acordar supuestamente de antemano las licitaciones

A. GILGADOBADAJOZ.
Imagen de la Nacional 122 en Castilla y León, una obra sospechosa según Competencia. ::                             HOY/
Imagen de la Nacional 122 en Castilla y León, una obra sospechosa según Competencia. :: HOY

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), un organismo dependiente del Ministerio de Economía, publicó ayer un listado de 47 empresas del sector de la construcción a las que multará por pactar supuestamente precios en licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras.

En el listado de sociedades sancionadas aparece la extremeña Gévora Construcciones, una de las firmas representativas de la región en el sector de la obra civil y que cuenta también con varias plantas donde se producen mezclas asfálticas para las carreteras.

Según explica la Comisión Nacional de la Competencia, este resultado es el fruto de una investigación abierta a 53 empresas de toda España en febrero de 2010 tras recibir una denuncia. Competencia no aclara de dónde procede la acusación, pero explica que todo el expediente se activó tras una «información reservada abierta por la dirección de investigación».

El supuesto acuerdo ilícito del que habla la CNC afecta a licitaciones de procedimiento restringido, aquellas donde la administración fija un presupuesto para una obra y las empresas, seleccionadas previamente, realizan sus ofertas indicando cuánto están dispuestas a rebajar ese presupuesto. Según la Comisión, las firmas investigadas mantenían contactos, se reunían para intercambiarse información sobre las bajas previstas y acordaban cual sería el importe de la ganadora.

Con este supuesto pacto conseguían que la administración pagara un precio mayor por la obra y la empresa ganadora se comprometía a compensar económicamente al resto de competidores. Desde el organismo investigador explican que las bajas en los procesos bajo sospecha apenas eran de entre el 1% y el 6% del presupuesto público, cuando lo normal es que se concedan por una diferencia de entre un 15% y un 30% inferior a lo prefijado.

En el caso de Gévora Construcciones, se ha investigado la licitación que se les concedió en junio de 2009 para la rehabilitación estructural del firme en la calzada de la Nacional 501 entre Ávila y Salamanca. Gévora se hizo con esta obra por 5,2 millones de euros, según se publicó en el BOE. Se sospecha igualmente de las adjudicaciones que se le concedieron en la N-110 -la vía que une Soria con Plasencia- y en la N-122 - entre Segovia y Villaciervo- por 7,5 millones de euros. En la provincia de Huelva esta misma empresa consiguió en abril de 2008 la licitación para rehabilitar el firme de la A-49 por 10,2 millones de euros y también esta resolución fue viciada a juicio de Competencia.

Gévora Construcciones debe hacer frente ahora a una multa de 5,3 millones de euros, a las que hay que sumar 100.000 euros de sanción para Asfaltos Los Santos, compañía también bajo sospecha y que pertenece al grupo. Entre todas las empresas que ha multada, la sanción a Gévora es una de las más elevadas que ha impuesto la CNC.

Por otro lado en el listado también aparece como sospechosa la obra que se adjudicó en abril de 2008 a la contratista Ecoasfalt para la rehabilitación del firme de la N-630 en varios tramos de la provincia de Cáceres.

Según fuentes conocedoras del proceso, las empresas que aparecen en la lista están muy molestas porque no se tiene en cuenta su presunción de inocencia. La sanción de Competencia no es una decisión en firme, a las empresas afectadas les queda ahora acudir al tribunal de lo contencioso-administrativo y demostrar que nunca existieron esos acuerdos. Estas mismas fuentes explican que se trata de multas desmesuradas para este tipo de expedientes.

Competencia explica que el acuerdo antes de las licitaciones constituye una de las conductas anticompetitivas más graves a lo que se suma que en estos casos además el mayor precio pagado por la administración por la ejecución de las obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes.

Desde Competencia calculan que los efectos de estos acuerdos entre empresarios ha obligado a las administraciones afectadas a pagar más de 14 millones de euros de más.

La práctica supone además una distorsión que va más allá de las subastas investigadas porque afecta a los precios de referencias que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de rehabilitación de carreteras.