Tres de los cuatro últimos alcaldes de Almaraz han sido condenados

Uno por una actuación urbanística mientras ejercía, otro por temas personales y el tercero una década después de abandonar el cargo

REDACCIÓNBADAJOZ.
José Ignacio Parra, alcalde entre 2003 y 2004. ::
                             HOY/
José Ignacio Parra, alcalde entre 2003 y 2004. :: HOY

Ya sea por casualidad, por designios del destino, por su ubicación a escasa distancia de una central nuclear o precisamente por el mucho dinero que ingresa su Ayuntamiento por ese concepto, lo cierto es que Almaraz ostenta un triste récord que debe ser difícil de igualar en España. Sus cuatro últimos alcaldes, de los cinco que ha tenido en democracia, han pasado por los tribunales, y de ellos tres fueron condenados por distintos delitos: uno por una decisión urbanística; otro por temas personales y el tercero una década después de abandonar la alcaldía. La cuarta, la actual alcaldesa, Sabina Hernández, está inmersa ahora mismo en varias querellas.

Por eso a quienes conocen el devenir más reciente del Ayuntamiento almaraceño no les sorprende en absoluto el 'culebrón' que vienen protagonizando los políticos locales en las últimas semanas con nuevos escándalos en forma de querellas, seguimientos, detectives, acusaciones o descalificaciones, que han saltado, incluso, a la prensa nacional. Los alcaldes en cuestión han sido o son, por este orden: Fausto Simón, del PSOE; Tomás Retamosa, del Grupo Independiente Almaraceño; José Ignacio Parra, también socialista, y Sabina Hernández, alcaldesa por el PP los últimos siete años.

De todos, el caso más sonado lo protagonizó Tomás Retamosa, fallecido hace tres años, y que fue alcalde entre 1991 y 2003. Un año antes de dejar la alcaldía, en la primavera de 2002, fue detenido junto con otras tres personas dentro de la operación 'Cántaro Roto', acusadas de usar tarjetas de crédito robadas o perdidas con las que estafaron más 37.000 euros, de los casi 200.000 que intentaron conseguir. Retamosa fue acusado de un delito de estafa continuada por utilizar el lector de tarjetas de un establecimiento de su propiedad dedicado a la alimentación y de falsedad en documento mercantil.

Al conocerse su detención, el entonces alcalde se mostró sorprendido por el hecho de que se mezclaran cuestiones personales y políticas y de cómo abordaron el asunto los medios informativos, entendiendo que había un claro trasfondo político. No lo vio así el Juzgado de lo Penal de Plasencia, que en diciembre de 2005 le condenó a dos años de prisión por estafa, además de pagar una multa de 1.080 euros y devolver 15.000 tras ser encontrado culpable de estafar a varios clientes extranjeros. Cuando se produjo la sentencia ya no era alcalde, sino primer teniente de alcalde con dedicación exclusiva en un gobierno de coalición con el PP, con quien el Grupo Independiente había llegado a un acuerdo meses antes para desbancar de la alcaldía a José Ignacio Parra y situar al frente del consistorio a Sabina Hernández. Ésta le mantuvo en su puesto pese a la condena.

Poco después, en enero de 2006, el PSOE presentó una querella contra el propio Retamosa por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por permitir la puesta en marcha de una planta de tratamiento de subproductos animales -la incineradora- a pesar de carecer de permisos aprovechando una delegación de la alcaldía en su persona. Incluso llegaron a pedir que se ampliara a la alcaldesa, por entender que podría haber cometido un delito de prevaricación por su conducta «totalmente permisiva», aunque finalmente se retiró.

Al año siguiente, en 2007, el condenado fue José Ignacio Parra, que apenas estuvo un año en la alcaldía entre 2003 y 2004, al ser desbancando en una moción de censura del PP y el Grupo Independiente. A Parra le condenaron a nueve meses de prisión e inhabilitación para el desempeño de cargo público por ocho años por un delito contra la ordenación del territorio por conceder a un empresario licencia de obras para construir una nave industrial en un terreno que no era urbanizable y sin cumplir los trámites legales.

El empresario en cuestión era Fausto Simón, que fue alcalde entre 1983 y 1991. Casi una década después, en la primavera del 2010, el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia le condenó a nueve meses de cárcel e inhabilitación para el sufragio pasivo por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Según explicaba la sentencia, los hechos ocurrieron en mayo de 2004, cuando Simón pidió una licencia de obras para construir una nave industrial en un terreno no urbanizable sin acompañar documentación alguna e inició los trabajos sin cumplir los trámites legales que le solicitaron.

A las pocas semanas tomó posesión como alcaldesa Sabina Hernández, que, al constatar la existencia de irregularidades, dictó orden de paralización iniciando un procedimiento administrativo, precintando el lugar y condicionando su reanudación a la presentación de proyecto técnico con visado oficial y la calificación urbanística. Sin embargo, el precinto desapareció y las obras continuaron, dando como resultado una nave completamente edificada y dos explanadas de hormigón en diciembre de 2005 que le valieron la condena cinco años después.

Mayoría absoluta

Las cosas parecía que iban a calmarse cuando en la primavera de 2007 Sabina Hernández revalidó con mayoría absoluta la alcaldía que ostentaba los tres años anteriores gracias a la moción de censura contra el alcalde socialista de entonces con el apoyo de los independientes, pese a los públicos y notorios enfrentamientos que había mantenido con el líder de estos, Tomás Retamosa. Pero ni así, con estabilidad en el gobierno municipal, los vecinos vieron cumplido su deseo de que el nombre de Almaraz dejara de aparecer en la prensa por escándalos y denuncias. Y es que a finales del 2008 el grupo municipal socialista presentó una querella contra la alcaldesa, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Navalmoral, por un posible delito de prevaricación por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de un parque solar, como firmar el arrendamiento de los terrenos sin conocimiento del pleno o permitir que se construyera parte del mismo sin licencia y sin la preceptiva calificación urbanística.

Hace unos meses el propio grupo socialista denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a Sabina Hernández por fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y estafa por la existencia de 6 millones de euros del Ayuntamiento colocados a plazo fijo en una entidad bancaria de Navalmoral sin solicitar otras ofertas.

Todo ello llevó a Sabina Hernández a pedir a los dirigentes regionales del PSOE que cesara el acoso al que cree está siendo sometida, como demuestra, a su juicio, la contratación de detectives para seguir sus movimientos. Algo que el propio Partido Socialista a nivel regional se ha comprometido a investigar.

Almaraz tiene cerca de 1.300 habitantes y un presupuesto en 2010 de 13 millones de euros. Una cantidad muy superior a cualquier municipio de un tamaño similar. Por poner una comparación cercana, Navalmoral, que ronda los 18.000 vecinos, tiene para este año un presupuesto de 12,3 millones de euros.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos