EL PROBLEMA NO SON LAS DESCARGAS

MANUEL BEATO

Hace unos días se aprobaba definitivamente en el Congreso la ya consagrada para la historia como Ley Sinde, sumándose a la lista de las iniciativas legislativas tristemente polémicas de los últimos tiempos e incrementando la tensión del debate habitual de partidarios y opuestos con un nada anecdótico movimiento en la Red (www.nolesvotes.com), que pretende que los grupos que la apoyaron (PSOE, PP y CIU) paguen su culpa en la cuenta de votos de las próximas elecciones.

Por primera vez la discusión en torno a una iniciativa legislativa ha elevado el tono hasta un enfrentamiento abierto, fundamentalmente en la Red pero no sólo en ella, entre la clase política mayoritaria y un colectivo ciudadano no organizado y espontáneo, cohesionado al poner en duda algunas de las reglas que integran la línea de flotación de nuestro sistema democrático, como es la representatividad de los partidos.

Son varios los reproches que merece la regulación desde el punto de vista jurídico y de oportunidad. Entres los más graves están, sin duda, lo que representa la norma de oportunidad pérdida, de alejamiento de posturas condenadas a acercarse y de obstáculo para abordar adecuada y definitivamente el problema.

Reproches que, además, se complementan con el hecho de que el texto aprobado es jurídicamente ineficaz para acabar con las descargas ilegales. En una red mundial en la que rige lo tecnológico el concepto legislación juega, en símil futbolístico, en segunda división y cuando se le añade el adjetivo nacional desciende inmediatamente más abajo aún de la tercera regional. Precisamente por ello, una Ley que permite al Estado cerrar servidores dentro de nuestras fronteras es inocua cuando la ubicación física de éstos carece de relevancia o cuando su administrador goza de un plus de conocimientos o capacidad tecnológica. Siempre habrá paraísos tecnológicos en los que alojar webs o expertos inmunes a cualquier comisión administrativa o a casi cualquier poder judicial. Siendo ineficaz, ¿por qué la Ley aprobada está recibiendo un reproche tan duro?

La respuesta no es sencilla. Aparentemente existen dos posiciones encontradas y enconadas que, en contra de lo que está sucediendo, no deberían haber sido las protagonistas de la regulación ni convertirse a partir de ahora en los actores principales del futuro de la industria cultural. De un lado, nos representan ese colectivo intangible e indefinible de internautas a los que se les supone, sólo eso, una ansia inagotable de descargar contenidos protegidos por derechos de autor, sin interés alguno en preservar los de éstos bajo el auspicio del gratis total. Frente a ellos, se alinea en el otro extremo ese lobby de creadores, encabezado por las poco valoradas sociedades de autores y algunas personas significadas, cuyo interés supuesto, nuevamente solo eso, es mantener el agotado status quo actual de creación, distribución y explotación de contenidos, exprimiendo hasta el límite el modelo y su recaudación.

Mucho hay que temerse que sobre este esquema polarizado se construyó la Ley y que es ahí donde radica su error de partida, abonado además por apariciones en prensa o manifestaciones radicalizadas, todas ellas poco afortunas, que han contribuido a eludir el verdadero debate sobre el valor de los contenidos.

No es serio negar que existen estos extremos tan distantes e irreconciliables, porque basta leer la prensa de estos días y moverse en la Red para toparse con ellos, quizá con más voz de la que realmente tienen. Sin embargo, no representan ni a la mayoría de creadores ni a la de consumidores y argumentan con base en ideas que, lejos de conducir a la solución del conflicto planteado, ahondan más la brecha que separa a los creadores de sus receptores.

En el debate radicalizado parece haberse olvidado que la mayoría de los consumidores que utilizan medios digitales, que además empiezan a ser también mayoría entre los que consumen productos culturales, están reclamando con mucha claridad un nuevo modelo de consumo y de acceso a la cultura, mientras que la mayoría de los verdaderos creadores -que también consumen en igual o mayor medida- hace años que recelan del imperio económico que domina su acceso y su papel en el mercado de los contenidos.

El interés de la parte realmente representativa de unos y otros, consumidores y creadores, está en realidad mucho más próximo de lo que parece; sólo hace falta propiciar ese nuevo escenario comercial, tecnológico y legal donde los artistas vendan con más libertad sus creaciones y donde los ciudadanos accedan con mayores ventajas, incluso a veces gratis, a éstos, pero siempre reportando un beneficio directo o indirecto a los creadores, que no tiene por qué ser necesariamente menor que el que hasta ahora han venido recibiendo. En estos momentos existen otros modelos de negocio que reportan nuevas fuentes de ingresos que deben tenerse en cuanta. Es totalmente falso que la mayoría de los consumidores culturales invoque ese temido gratis total, como lo es también que la mayoría de los creadores piensen que el yugo impuesto por la combinación entre productoras y sociedades de autores defienda adecuadamente sus intereses y promocione su mejor futuro.

El reto está en descubrir cuáles son las verdaderas claves de la solución del problema y, con ello, ser capaces de encajar adecuadamente las reivindicaciones de esas mayorías, aunque con ello se frustren los intereses de sus respectivos extremos.

Es compatible que la difusión de los contenidos no suponga un beneficio cero para los autores con que su retribución esté proporcionada al impacto real de su creación, multiplicado por una difusión mundial que permite el encaje de fórmulas de rentabilización distintas al precio. Empresas como Google o Apple están demostrando que esto no solo es posible sino tremendamente rentable para ellas, para los desarrolladores que las siguen en sus modelos de negocio y para sus usuarios.

El problema radica en que nuestra Ley Sinde no solo no es útil para propiciar ese nuevo modelo sino que, al contrario, ha sido origen de heridas innecesarias para los que están llamados a entenderse y generar, con el consenso entre las partes, un nuevo esquema de industria, de negocio y de beneficio, compatible con la libre circulación de contenidos. Al contrario, su consecuencia más indeseable es alejar las posturas, entorpeciendo y retrasando con ello el deseable debate sosegado.