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JOSÉ L. AROCA
Miércoles, 12 de enero 2011, 14:12
El pacto político sobre la próxima Ley de Educación de Extremadura (LEEX) ignora la crisis económica. La Junta y el PP no se han quedado precisamente cortos y prevén aportar al sistema educativo en los próximos ocho años 1.600 millones de euros adicionales, entre otros objetivos para aumentar el número de chicos que siguen en la escuela tras la ESO.
Incrementar el éxito educativo (chicos que se gradúan en los estudios dentro de la edad prevista, y no abandonan la enseñanza tras la ESO), y el fomento de lenguas extranjeras para que al menos se dominen el inglés y el portugués, son los dos grandes objetivos de esta ley, que cuenta para ello con las familias y con los profesores; a estos últimos les reconoce la carrera docente, que es subir el sueldo progresivamente conformen avancen en dedicación y buenos resultados de sus alumnos.
Después de varios meses de negociación, y del acuerdo final en la reunión entre el presidente Guillermo Fernández Vara y el líder del PP José Antonio Monago, el proyecto de ley comenzó el pasado 22 de diciembre su tramitación en la Asamblea de Extremadura.
La previsión es que pase una criba inicial en un pleno a principios de febrero, y a final de ese mes la normativa legal quede definitivamente aprobada.
De momento el proyecto publicado por el boletín del Parlamento regional no recoge buena parte de los acuerdos alcanzados ya que la Junta decidió aprobarlo y enviarlo a la Asamblea con el objetivo de que hubiera ley educativa al margen de que se alcanzara o no un pacto final con el PP.
En el último tramo de su recorrido negociador la LEEX ha ido acompañada de una memoria económica que se respeta en sus grandes líneas generales, a falta de concretar mediante enmiendas el acuerdo político alcanzado.
El coste estimado de las medidas previstas en la ley es de 659,7 millones de euros en sus primeros cuatro años de vigencia, más otros 904 en el cuatrienio siguiente, en total 1.563,7 millones de euros; se entiende que pasada la crisis habrá un acelerón inversor en los cuatro años últimos.
Esa previsión incluso aumenta en 57 millones anuales según el acuerdo político -como tal no figurará en la ley- de que la educación se lleve anualmente el 6% del PIB extremeño y en todo caso no suponga menos del 20% del presupuesto autonómico.
Más años en las aulas
Para el éxito educativo la memoria económica prevé 77,5 millones de euros en los primeros cuatro años y 210,5 en total al final del período de ocho. Planes de refuerzo para los alumnos con dificultades, y mayor número de puestos escolares en enseñanzas posteriores a la ESO, son las principales acciones.
El fomento del plurilingüismo y las nuevas tecnologías educativas se benefician de una estimación total de 176,7 millones de euros en ocho años (80,1 en los cuatro primeros). La idea es que todos los chicos acaben conociendo dos idiomas extranjeros, el inglés de forma general, y otro de los cuales el preferente sería el portugués, para lo que está en cartera contratar a más profesores de esa lengua.
Para idiomas habría en total una partida de 48,7 millones que incluye la contratación de más auxiliares de conversación nativos, de tal manera que los habría en todas las secciones bilingües, en todos los institutos de secundaria y escuelas de idiomas. Profesores y alumnado tendrían ayudas para estancias en el extranjero. Aun así es mayor la partida para nuevas tecnologías (ordenadores y materiales digitales) con 128 millones en ocho años.
El tercero de los ocho ejes principales de la Ley de Educación es el reconocimiento a la labor docente, con 98,2 millones de euros para estimular a maestros y profesores, de los cuales 1,2 serían para premiar la permanencia en colegios rurales y en centros que precisen medidas «singulares» derivadas de las necesidades del alumnado y de las características del entorno.
Se reconoce por fin para el profesorado la carrera profesional, que es poder ir sumando retribuciones dependiendo de la implicación, resultados y formación de cada docente. Es el único colectivo funcionarial de la Junta que no tenía carrera profesional según Adrián Vivas, secretario regional de enseñanza en CSI-CSIF.
Un estímulo para la calidad educativa y una aplicación de la justicia laboral: «El que más se implica y mejora, más recibe».
CSIF espera que se cumpla esta memoria económica de la LEEX y si no «que paren la ley hasta que vengan tiempos mejores porque sin presupuesto no vale para nada».
Un texto que contempla que todos los docentes, y no sólo los directores de centro como se establecía en principio, tengan consideración de autoridad y presunción de veracidad.
El apoyo a las familias, que incluye becas, comedores y aulas matinales y ayuda al material (201,7 millones en ocho años), y la autonomía de los centros educativos (más profesores, 198 millones) son otros ejes de actuación, aunque el más presupuestado es el de aprendizaje permanente con 471 millones, entre ellos 240 para reforma, ampliación y mejora de centros, 144 para FP y enseñanza de adultos, y 60 para nuevos colegios de Infantil y Primaria.
Un séptimo eje, creación y dotación de los distritos educativos, se lleva 194,7 millones de euros, y el octavo y último, la evaluación del sistema, 11,4.
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