Cinco de los siete rumanos pasan a prisión y la Guardia Civil busca más implicados

El Gobierno extremeño se presentará como acusación particular en este caso mientras que el Ayuntamiento medita hacerlo

Dos jóvenes rumanos, apostados junto a la casa en la que estaba retenida la menor en Arroyo ::                             BRÍGIDO/
Dos jóvenes rumanos, apostados junto a la casa en la que estaba retenida la menor en Arroyo :: BRÍGIDO

El escándalo social del secuestro y la explotación de una menor madrileña en Arroyo de San Serván se adentra en su vertiente judicial, aunque el impacto emocional continúe vivo en el pueblo, inundado ayer por medios de comunicación nacionales y un sentimiento perceptible de enfado por ser centro de atención. Esto último se visualizó por la tarde, cuando fue enterrado uno de los cinco vecinos que había sido imputado por mantener relaciones sexuales con la niña. Veinticuatro horas antes se había quitado la vida. El suceso ha impactado en Arroyo, aunque puede que la investigación que ya asume la Guardia Civil pueda deparar otras sorpresas, en forma de nuevas detenciones de vecinos que presuntamente también tuvieron sexo, previo pago de unos 30 euros, con la menor explotada por un grupo de rumanos.

Fuentes policiales consultadas por el diario HOY admiten que el asunto «no está ni mucho menos cerrado» porque existe el convencimiento de que hay más rumanos y más vecinos del municipio implicados. Es posible, según esas mismas fuentes, que alguna persona de nacionalidad rumana que se busque ahora haya podido huir, entre otros motivos, por las dos semanas de intervalo existentes entre la fecha en la que un policía local liberó a la menor del inmueble donde estaba retenida y el día en el que se detuvo a siete rumanos y cinco españoles.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, se limitó a admitir ayer, en un acto en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en la capital extremeña, que «no se descarta que pueda haber más detenciones».

Aunque Pereira no lo confirmó expresamente debido al secreto de sumario, trascendió que, durante la mañana, cinco de los siete rumanos detenidos han pasado de los calabozos de la Comandancia de la Benemérita de Badajoz a las celdas de la prisión provincial.

Otros dos compatriotas, al igual que los cuatro arroyanos imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Montijo, han quedado en libertad con cargos. A expensas de la calificación final de los hechos, se les podría imputar los delitos de agresión sexual, prostitución, corrupción de menores y detención ilegal.

Proceso

A ese proceso se personará, como acusación particular, la Junta de Extremadura. «Debe caer todo el peso de la ley sobre aquellos que hayan podido cometerlos (los delitos), si se demuestra que así ha sido», subrayó el presidente Guillermo Fernández Vara. El anuncio lo justificó no sólo por la gravedad de los presuntos delitos cometidos sino por la «enorme repercusión pública, como son presuntos delitos de proxenetismo y de explotación sexual de menores».

Vara señaló que se trata de hechos que afectan de lleno a «la moral y a la ética pública», e incidió en que la protagonista, a su pesar, de esta lúgubre historia es una niña de 14 años y, por tanto, «no es dueña de los actos que realiza».

El presidente de la Junta aprovechó su comparencia para proponer una reforma legal vinculada a la elección de los puestos de jueces de paz, figura judicial asentada en las zonas rurales en las que no existen juzgados de instrucción. Vara lo hizo al ser preguntado sobre la imputación que afecta a Francisco I., juez de paz del municipio arroyano. «Hay que esperar al final del proceso, pero si finalmente se confirma su participación en algún delito, habría que revisar determinados procedimientos de designación de puestos públicos».

El alcalde de Arroyo de San Serván, Juan Moreno, que durante la jornada del martes apenas realizó declaraciones, decidió ayer hablar, algo que numerosos vecinos habían reclamado a este periódico. Moreno dijo que el municipio «se levantó con mucho dolor» por la noticia de la explotación sexual de la menor e indicó que el Consistorio estudia presentarse como acusación particular, aunque la postura frente a lo decidido por la Junta no es firme. El primer edil de Arroyo, en declaraciones a Efe, rechaza la idea, más o menos extendida, de que en el pueblo se tenía conocimiento de la situación en la que estaba esta menor, a la que, según él, nunca vio por el pueblo. «En cuanto se ha sabido algo se ha actuado, no íbamos a saber algo y estar quietos», argumentó el alcalde Arroyo, que sigue sin querer pronunciarse sobre la imputación que afecta a cuatro vecinos de la localidad.

Más explícito fue un vecino, Alonso Vargas, quien señaló: «Aquí se sabe que la prostitución por 10 euros está a la orden del día», ejercida tanto por rumanas como por rumanos, aunque «de la niña no se sabía nada».

Menor

La delegada del Gobierno tampoco quiso hablar de este hecho concreto, aunque aprovechó su estancia en Mérida para pedir que se respete al máximo la intimidad de la menor. «No voy a participar en hacerle doblemente víctima. Si lo ha sido ya de estos hechos, no la hagamos nuevamente víctima por una presión excesiva por parte de los medios, que entiendo que tienen que cumplir con su labor de contar los hechos, pero siempre manteniendo el respeto hacia esta menor», aseveró.

Pereira añadió que los hechos son «execrables» y todos los ciudadanos «lo deben condenar» sea quienes sean los implicados en el caso, y recordó que hoy entra en vigor el nuevo Código Penal que agrava las penas contra este tipo de conducta de explotación de mujeres, aunque en el caso de que haya condenados por los hechos de Arroyo no les serían aplicadas estas penas.

La delegada del Gobierno reclamó «tranquilidad y sosiego» en Arroyo, porque «estas cosas son muy duras de superar», pero aseguró que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, más tarde o más temprano, acaban resolviendo situaciones tan duras como ésta».

El psiquiatra infantil José María Gutiérrez Casares aportó su visión sobre este truculento asunto. «Cuando se maltrata a un niño siempre se hace para beneficio de alguien y ese beneficio se acaba viendo siempre. Y no hace falta que uno sea policía. Hay que ser serios y responsables cuando algo no va bien y hay que resolverlo, aunque no sea de golpe sino tomándoselo con el tiempo necesario. En casos como éste no sólo manda la responsabilidad individual sino la colectiva», agregó.

El psiquiatra recalcó que, en el caso de la adolescente madrileña explotada sexualmente en Arroyo, «la que menos responsabilidad tiene es la niña, porque es una menor y actúa, en un principio, llevada por sus emociones».