Vara: "No sólo es necesario el reproche penal, hace falta uno social"

La Junta ha anunciado que se personará como acusación popular

CELESTINO J. VINAGRE

El presidente de la Junta acaba de confirmar que el Gobierno extremeño se personará como acusación popular en el caso de la menor retenida y explotada sexualmente en Arroyo de San Serván. Lo hará a través de la Consejería de Igualdad y Empleo, que está intentando ponerse en contacto con los padres de la niña para ofrecerles la ayuda que sea necesaria. Guillermo Fernández Vara recalca que este caso es de una extrema gravedad, uno de los peores asuntos que puede pasar, y siente que acciones como ésta demuestran que la sociedad es imperfecta porque no hay ninguna razón para defenderse de delitos de los tipos que aparecen aquí. Vara, aunque matiza que la presunción de inocencia se mantiene sobre todos los imputados, advierte que, aparte de un reporte penal, del que deben encargarse los jueces cuando juzguen el caso, debe haber un reproche social que tenga efectos preventivos ante posibles situaciones de futuro. Un reproche que, a juicio de Vara, debe servir para intentar justificar o minimizar el hecho de que una menor de 14 años haya sido explotada sexualmente. Aquí no se puede hablar de voluntad o no. Una menor no la tiene, por eso está protegida por la ley, y cuando sobre ella se cometen delitos como los que presuntamente se han cometido, resultan especialmente graves.

Fernández Vara insiste en que los delincuentes son delincuentes, no de izquierdas ni de derechas en referencia a que el juez de paz de Arroyo, imputado en el caso, fue, hace varias legislaturas, concejal del PSOE. En este caso concreto, el presidente de la Junta indica que si se confirma su culpabilidad habría que revisar procedimientos de designación de determinados puestos públicos. En referencia a cómo es posible que en un pueblo como Arroyo de San Serván la situación de la niña madrileña no trascendiera públicamente, el presidente de la Junta cree que es posible que muchos no conocieran esa lúgubre realidad porque avanzamos hacia un tipo de sociedad en la que nos preocupa más lo que ocurre en mi casa que lo de fuera. En todo caso, no tiene duda que la mayoría de los arroyanos se sienten desconcertados ante sucesos de este tipo.

Forzada al sexo por entre 10 y 60 euros

Entre 10 y 60 euros por cada acto. Es lo que cobraban los explotadores sexuales a los vecinos del pueblo que mantuvieron relaciones con la menor. Lo confirman fuentes policiales a este diario tras certificar, además, que «no tenían una tarifa fija. En función de la necesidad de dinero que tenían ese día, así cobraban. Igual te pedían 10, que 30 o 60 euros», subraya, con extrema crudeza, un agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el que ha hablado HOY.

Ese mismo agente confirma que los rumanos, casi desde el primer día que llegó a Arroyo de San Serván, forzaron a la adolescente madrileña para mantener relaciones sexuales, que siempre se realizaron fuera de la casa situada en el número 71 de la calle La Sierra.

Uno de esos sitios es un paraje inmundo, situado en la cercanía de la piscina municipal. Se trata de un vertedero, en una caseta con más pinta de chabola que de otra cosa, en la que se obligaba a la chica a mantener sexo con los arroyanos que, previamente, habían pagado la cantidad pactada con sus captores. Otro punto era un inmueble del pueblo que presenta un aspecto poco habitable, situado en una calle próxima a la sierra, en la zona alta del municipio. «Cambiaban de sitio. No tenían un lugar fijo para esto», concluyen esas fuentes policiales.