La Fiscalía de Cádiz pide 4 años para Tarazona por el caso de la montaña rusa

Se puso en contacto con un empresario con el propósito de alquilarle una montaña rusa

C. J. V.MÉRIDA.

Agustín Tarazona no para de tener citas con la justicia. Hace una semana se aplazó en Mérida el juicio abierto contra él por simular, primero, que le habían robado 87.000 euros del concierto no celebrado de Sabina y, después, decir que se lo había dado a un empresario de Almendralejo. El próximo 12 de mayo, a las doce, Tarazona tiene otra cita judicial, pero esta vez en Jerez de la Frontera. Será en el Juzgado número 3 de lo Penal.

De Jerez es un empresario, Antonio Barea Gallardo, intermediario de atracciones feriales, con el que, en mayo de 2008, Tarazona contactó e intentó cobrar de él 4.176 euros. El almendralejense dijo que se llamaba Antonio Fernández Gil y que era el diputado de Cultura, Turismo y Deportes de la Diputación Provincial de Badajoz. Se puso en contacto con Barea diciéndole que quería alquilar una montaña rusa y que se montaría en el recinto de Ifeba (Institución Ferial de Badajoz). El alquiler se haría por un mes y el coste sería de 208.800 euros.

Tarazona pidió al empresario de Jerez 4.176 euros diciéndole que era necesario para publicar el anuncio del contrato en el Boletín Oficial de la Provincia e incluso le dijo que el concejal de Ifeba del Ayuntamiento de Badajoz ya había puesto el 2% del dinero bajo cuerda. Le dio incluso un número de cuenta para hacer el ingreso, pero, eso sí, dijo que el titular de la cuenta era Agustín Tarazona, no Antonio Fernández Gil.

Con toda historia Barea desconfió y preguntó en la Diputación por el diputado Antonio Fernández. Le dijeron que no existía ni él ni el área que decía dirigir y cuando citó el nombre de Agustín Tarazona le pusieron sobre alerta. Poco después, tras denunciarlo Barea ante la Policía, Tarazona fue detenido en un hotel de Badajoz.

La Fiscalía de Cádiz, una vez concluidas las diligencias del caso, ha pedido cuatro años de prisión por Tarazona por presuntos delitos de intento de estafa, usurpación de funciones públicas y falsedad en documento mercantil. La Diputación Provincial de Badajoz se persona en el caso por el intento de dañar su imagen. En cambio, el Ayuntamiento pacense no lo hace.