La Tierra contra los Estados

Habitantes de las islas del estrecho de Torres, entre Papúa Nueva Guinea y Australia, denuncian al Gobierno de su país por violar sus derechos al no combatir el cambio climático. / R. C.
Habitantes de las islas del estrecho de Torres, entre Papúa Nueva Guinea y Australia, denuncian al Gobierno de su país por violar sus derechos al no combatir el cambio climático. / R. C.

Holanda, Francia, EE UU, Australia, Bolivia... Se multiplican las demandas judiciales de ciudadanos a sus Gobiernos por su indolencia ante el cambio climático. «Su inacción viola nuestros derechos fundamentales y amenaza nuestro futuro»

ICIAR OCHOA DE OLANO

Hubo un tiempo en que de la oreja del dogo que es Australia salía una lengua de tierra que la unía a Papúa Nueva Guinea. Hoy, de aquella pasarela de 150 kilómetros quedan más de 270 islas diseminadas por el llamado estrecho de Torres. Allí habitan unas 4.500 personas. La mayoría, aborígenes del reino de los canguros, que asisten angustiados al asedio implacable del mar. En la ínsula de Masig, donde la altitud sobre el nivel del agua no supera los 3,5 metros, el cambio climático propicia mareas cada vez más vivas con consecuencias devastadoras: pozos de agua dulce que se han vuelto salobres, cultivos arrasados, cocoteros arrancados de raíz, frutales estériles achicharrados por el calor... Los residentes han intentado en vano poner puertas al océano en forma de barreras de arena y hasta de bloques de hormigón, pero parece decidido a devorarles y a borrar hasta la última huella de su existencia. Incapaces de resignarse a su «extinción», un grupo de estos aborígenes se ha plantado ante las Naciones Unidos para denunciar su agónica situación y apuntar con el índice al Gobierno australiano. Le acusan de no haber tomado las medidas necesarias para reducir las emisiones de carbono y, por tanto, de no haber echado el freno a un proceso de erosión que, dicen, viola sus derechos humanos fundamentales. Incluido, el de preservar su cultura ancestral. «Lo están perdiendo todo. No pueden simplemente recoger sus cosas y marcharse a otro lugar. Su cultura solo existe en esa región», sostiene ClientEarth, la organización ambientalista que representa a los demandantes.

Pese a lo remoto del escenario, no se trata de una iniciativa peregrina. Menos aún excepcional. La rebelión formal de los vecinos del estrecho de Torres forma parte de un movimiento mundial creciente en el que grupos de ciudadanos demandan a los Estados con el argumento sencillo, pero novedoso y certero, de que los Gobiernos tienen el deber fundamental de garantizarnos un entorno habitable. La Administración australiana, más concentrada en aprobar nuevos proyectos de minas de carbón que en cumplir sus compromisos de recortar los vertidos de CO2, nunca antes se ha enfrentado a una denuncia de estas características. Los reclamantes le piden ayuda para financiar los muros marinos y otras infraestructuras que, a su juicio, podrían salvar las islas del estrecho de Torres y le exigen que cumpla los objetivos de emisiones contaminantes fijados en 2016 en el Acuerdo de París.

21 jóvenes frente a Trumpl. La abogada Julia Olson, con seis de sus representados. :: ROBIN LOZNAK
21 jóvenes frente a Trumpl. La abogada Julia Olson, con seis de sus representados. :: ROBIN LOZNAK

Las Naciones Unidas no pueden imponer nada al Ejecutivo liberal del recién llegado Scott Morrison. Los asesores de los australianos litigantes lo saben. A lo que aspiran es a lograr la complicidad del organismo presidido por António Guterres, a fin de que ejerza presión sobre los Gobiernos de todo el mundo para que proteja los derechos de los ciudadanos más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Para ello, ClientEarth invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado multilateral para preservar las libertades mundiales, por el que Australia estaría obligada, afirman desde esa agrupación, a proteger la cultura de los habitantes de Torres y sus derechos a la familia y la vida.

Julia Olson. Abogada del caso 'Juliana vs. EE UU' «Trump, como Obama, trata de impedir el juicio; sabe que perderá»Clementine Baldon. Letrada del caso francés «Las tablas de reducción de CO2 son precisas; por tanto, fáciles de controlar»Marjan Minnesma. Defensa del caso holandés «Demostramos que el Estado no hacía lo suficiente por protegernos»

En los últimos años, países como Ecuador y Bolivia han otorgado derechos constitucionales a la naturaleza y, de manera simultánea, personas anónimas han demandado en los tribunales a las grandes compañías de combustibles fósiles y a un buen número de Gobiernos por sus contribuciones al cambio climático. El fenómeno viene alentado por la histórica victoria legal de la abogada holandesa Marjan Minnesma, quien, en 2015, consiguió que se dictara la primera sentencia judicial contra una Administración por no proteger lo suficiente a sus ciudadanos de las nefastas consecuencias del calentamiento del planeta. El denunciante era Urgenda, una fundación que ella misma preside y que aglutina a 886 holandeses tan hastiados de las falsas promesas del Gobierno neerlandés que decidieron acudir a los jueces para cuestionar la legalidad de su inactividad medioambiental. Y ganaron.

Descolocado ante un fallo que considera una intromisión de la Justicia en la política, el Ejecutivo de Mark Rutter recurrió el fallo ante el Tribunal Internacional de La Haya sin ningún éxito. El pasado octubre, esa institución daba de nuevo la razón a Minnesma y a los suyos al reiterar la necesidad de que el Estado implemente las medidas oportunas para que los vertidos de gases se recorten antes de 2020 un 25% con respecto a los niveles de 1990. «Utilizamos el sencillo argumento de que la Administración no hacía lo suficiente para proteger a sus ciudadanos y, por tanto, no estaba cumpliendo con su obligación. El Estado nunca ha negado las consecuencias terribles que tendrá la crisis climática. Es más, lleva una década subrayando la importancia de que se reduzcan las emisiones entre el 25% y el 40% antes de 2020. Finalmente, el juez consideró que, aunque el porcentaje que se alcanzara dependía de decisiones políticas, la reducción mínima del 25% era necesaria para proteger a la sociedad», explica la letrada.

«Destruyen a sabiendas»

Prácticamente al mismo tiempo que Minnesma emprendía un sendero hasta entonces inexplorado para presionar a los políticos a actuar con contundencia frente al colapso biológico del planeta, al otro lado del charco, en Oregón, una colega suya iniciaba una singladura similar, desasistida también de precedentes. Julia Olson se erigía en la principal defensora legal de veintiún niños y jóvenes, con edades comprendidas entonces -hace cuatro años- entre los 11 y los 22 años, que quieren sentar en el banquillo al todopoderoso Gobierno federal. Alegan para ello que ya están padeciendo los zarpazos derivados de la degradación del medio ambiente: Jaime, aún menor, y su familia tuvieron que abandonar su hogar en la Reserva de la Nación Navajo en Cameron, Arizona, en 2011 porque los manantiales naturales de los que dependían para obtener agua se estaban secando; la casa del quinceañero Jayden, en Louisiana, quedó destrozada por unas inundaciones en 2016, y la escuela de Vic en White Plains, Nueva York, tuvo que cerrar temporalmente en 2012 tras la embestida del huracán 'Sandy'.

Consideran, en definitiva, que el Estado ha quebrantado sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad «con actos que, a sabiendas, destruyen, ponen en peligro y dañan el sistema climático inalienable que la naturaleza otorga». Reclaman así a los tribunales que ordenen al Estado la elaboración inmediata de un plan nacional de recuperación, dirigido por científicos especializados, que conllevaría la transformación de todo el sistema de energía del país. Por su parte, el Departamento de Justicia de la Administración Trump aduce, al igual que antes hizo el de Obama, que «no existe el derecho a 'un sistema climático capaz de sustentar la vida humana'», tal y como sostienen los demandantes.

«Saben que nuestra querella se cimenta en bases sólidas y que perderán el juicio. Por eso intentan desesperadamente frenarlo. De hecho, lo han logrado en dos ocasiones. Su miedo es que se escuchen las voces de estos veintiún jóvenes», expone a este periódico Olson, quien acaba de anotarse un punto decisivo en el proceso tras una audiencia judicial celebrada hace doce días en Oregón. En ella, un magistrado ha decidido que «estos jóvenes merecen la oportunidad de presentar su caso completo contra aquellos que, a través de su Gobierno, les dañan». El caso, conocido como 'Juliana contra los Estados Unidos', sigue, por tanto, vivo y coleando. «Nuestra batalla es garantizar el derecho legal a un clima estable y un ambiente saludable para el beneficio de las generaciones presentes y futuras», sintetiza la letrada.

Macron, a juicio

De vuelta a Europa, el Gobierno francés lidia con su propia sublevación interna. El pasado 20 de mayo, cuatro ONG respaldadas por nada menos que 2 millones de firmas, entre ellas las de las actrices Marion Cotillard y Juliette Binoche, presentaban formalmente un recurso ante la Corte Administrativa de París contra del Ejecutivo de Macron. De nuevo, la misma inculpación: su dejación en salvaguardar al pueblo galo de los efectos de los gases de efecto invernadero. «La causa va a ir a juicio. Calculamos que en dos años», asegura Clementine Baldon, una de las abogadas del caso y miembro del consejo científico de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre, una de las entidades denunciantes y que está liderada por Nicolas Hulot, el ministro galo de Transición Ecológica hasta el pasado agosto, cuando dimitió y dejó al presidente liberal sin su bandera verde.

- ¿En qué hechos concretos apoyan su querella?

- A diferencia de España, donde no existen objetivos nacionales para rebajar las emisiones, ya en 2009 el Estado francés se marcó los suyos de forma generalista. Y en 2015, redactó el llamado 'presupuesto carbono' donde concretaba las reducciones a lograr para 2018. Pues bien, no se han cumplido. Eran objetivos muy precisos y, por tanto, fáciles de controlar.

Hay más motivos para el optimismo. «En mi país, se ha condenado ya al Estado en al menos una decena de veces por no proteger la salud de los ciudadanos al permitir el uso de amianto en la construcción de viviendas o la comercialización de un fármaco a sabiendas de que era peligroso. Por tanto, lo que planteamos ahora puede resultar novedoso, pero no es descabellado. Va en una línea similar». En este sentido, la abogada, experta en Derecho Comunitario, recuerda además que la corte europea de Derechos Humanos «ya ha tomado decisiones que integran en ese compendio el derecho a vivir en un medio ambiente sano». Se refiere al caso holandés, que ha propiciado el inicio de procedimientos en Islandia, Suiza, Gran Bretaña o Canadá. Algunos, ya cerrados. «Los juicios que no han prosperado se ha debido exclusivamente a razones procesales», agrega.

Los ojos de los colectivos más preocupados por el caballo desbocado de la polución también están puestos en el llamado Caso del Clima de la Gente, el primero contra todos y cada uno de los veintiocho miembros de la Unión Europea. Diez familias de distintos países, entre ellos Portugal, Rumanía o Suecia, han denunciado al Gobierno comunitario ante el Tribunal de Justicia de Bruselas porque «la falta de ambición de las políticas comunitarias para contener los vertidos contaminantes de gases de efecto invernadero está dañando nuestras vidas». Se espera que en breve esa institución se pronuncie sobre si procede o no abrir la causa de la Tierra contra todos los Estados de la comunidad azul.

En jaque por las mareas

Los 2.500 aborígenes australianos, como el de la imagen inferior, que habitan en las islas del Estrecho de Torres, entre el continente austral y Papúa Nueva Guinea, padecen el asedio del mar. Han acusado al Gobierno 'aussie' ante la ONU de violar sus derechos fundamentales al no hacer nada para frenar el efecto invernadero.