Simplificar el lenguaje jurídico

Hay que conseguir que resulte comprensible para los no especialistas, sin detrimento de su rigor técnico. Los destinatarios tienen derecho a comprender las comunicaciones que les afectan

GUADALUPE MUÑOZ ÁLVAREZACADÉMICA DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

El lenguaje de los profesionales del derecho es, en general, enrevesado y poco inteligible. El profesor Lázaro Carreter señalaba con su habitual gracejo que los legisladores deben tener en cuenta el destino de sus comunicaciones, «que no debe legislarse solo para abogados, que alguna caridad merecen los ciudadanos para no correr el riesgo de que nos enchironen estando in albis».

En el mundo actual hay que acudir a los abogados y asesores para realizar cualquier acción civil o penal: comprar una vivienda, el reparto de una herencia, un contrato laboral, una querella y otros asuntos. Con la excepción de los conflictos armados, todas las controversias de nuestra sociedad se dirimen en los tribunales. Por eso es tan importante que el lenguaje que utilizan sea accesible. Como ha dicho el escritor Juan Carlos Arce, el ciudadano cuando recibe una comunicación judicial no sabe si se le llevan a la cárcel o es que ha recibido una herencia.

Es verdad que en todas las ramas del saber se han establecido divergencias entre el lenguaje común y el profesional. Lo vemos en las matemáticas, también en la medicina y en el área jurídica. Sin duda, hay que exigir que el texto de las sentencias, leyes, resoluciones y contratos sea preciso para que pueda entenderse con facilidad. La ley y la jurisprudencia no tienen que ser creaciones literarias, pero tampoco textos vulgares, y lo cierto y lo justo se aceptan mejor con una bella expresión y con ropaje aceptable como dijo el profesor Pérez Serrano en un discurso titulado 'El estilo de las leyes', pronunciado en 1947 en la Escuela Social de Madrid. Hay que utilizar el «primor del lenguaje», decía Alfonso X el Sabio.

Montesquieu mantuvo que las expresiones jurídicas tienen que ser concisas. Las Leyes de las XII Tablas son un ejemplo de precisión. Los niños las aprendían de memoria con facilidad. El estilo pomposo se considera una obra de ostentación. No podemos olvidar la opinión de D. José Castán que decía: «La bondad formal de las leyes depende, en gran parte de su perfección técnica. La ley debe tener armonía y fuerza de expresión y sin duda, elegancia. Por otra parte, es diferente el lenguaje destinado a los justiciables y el lenguaje jurídico científico de informes y ponencias. Aquel debe ser sencillo, y este puede ser más elevado ya que se destina a juristas y técnicos».

El profesor Gutiérrez publicó un trabajo interesante que tituló 'Contra la afectación del Lenguaje jurídico'. En su estudio pone un ejemplo muy ilustrativo. Toma como «modelo negativo» una sentencia que dice : «Si aquéllas acreditaciones de cargo, solamente se reducen a la existencia de un débito con la parte querellante, sin ninguna corroboración del ánimo tendencial defraudatorio de su deudor, obvia, huérfana de persuasión, la subjetividad esencial caracterizadora del injusto típico represivo porque, solamente determinada aquella deuda, debe inducirse la delatada preordenación encubridora parapetando en su desplazamiento patrimonial la infectividad crediticia de aquélla con actos concluyentes demostrativos unívocamente de su perversa intencionalidad…».

Es cierto que en Derecho hay términos muy técnicos que no pueden explicarse por pertenecer al acervo jurídico, como 'litisconsorcio pasivo', 'fiducia' o 'cohecho', que hay que desentrañar, si bien cada vez van siendo más conocidos y explicados, mejor o peor, en tertulias y prensa.

Para hacer más cercano el lenguaje jurídico, una Comisión encargada por el Ministerio de Justicia presentó en el año 2011 un informe con la finalidad de aplicar lo dispuesto en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que fue bien recibido, pero la realidad es que estamos en el siglo XXI y no parece mejorar la situación.

Por otra parte, se valoran las erratas. Se señala siempre la de la famosa 'jota', en lugar de poder judicial, 'joder judicial' que se atribuyó al linotipista. No es lo mismo presentar una sociedad 'sin ánimo de lucro' que 'sinónimo de lucro', aunque es fácilmente corregible. Hay erratas que se detectan con facilidad: 'Administración púbica', 'funcionario oficial', etc. En la Constitución española de 1931 se propugnaba la «gratitud» de la justicia para los litigantes sin recursos, lo que resultaba una amarga ironía. La palabra 'gratuidad' se cambió por la señalada errata. Unamuno en su artículo titulado 'Sobre una errata' explica que, al mencionar Canal de la Mancha, que une Francia y Reino Unido, le llamó Canal de la Manga, lo que parecía una burla. Hay otras muchas erratas que pueden interpretarse incorrectamente y debe tenerse presente que la precisión del lenguaje es vital para el desenvolvimiento social.

También los códigos deben expresarse con claridad. Siempre se presenta el ejemplo del artículo 811 de nuestro Código Civil que, según parece, ha tenido hasta 27 interpretaciones. Trata de la reserva 'troncal': «El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que este hubiere adquirido de otro ascendiente, se halla obligado a reservar los que hubiere recibido por Ministerio de la Ley…». Es una norma que tiene sentido, pero la redacción es sumamente difícil.

En cuanto a la legislación europea también se ha recomendado su sencillez. La letrada Almudena de la Mata, en su ensayo sobre la unificación del derecho europeo, ha subrayado la necesidad de cuidar el lenguaje jurídico comunitario a pesar de la dificultad que supone la unificación de sistemas. Hay que conseguir que resulte comprensible para los no especialistas, sin detrimento de su rigor técnico. Los destinatarios tienen derecho a comprender las comunicaciones que les afectan. Volviendo al profesor Gutiérrez: nos dice que «debemos cambiar y mejorar». Así debe ser.