Sí es sí

'No es no' se ha convertido en el lema del movimiento contra las agresiones sexuales. El caso de los Sanfermines de 2016 o la campaña #MeToo de Hollywood han colocado en el foco del debate social y jurídico el espinoso tema del consentimiento. En España, mientras algunos partidos ponen el acento en ampliar en el Código Penal los conceptos de «violencia e intimidación» -requisitos para que una agresión se castigue como violación y no como abuso-, otros creen urgente afinar más qué es consentir una relación. El movimiento feminista lo tiene claro: la sociedad no puede pedir a las mujeres que se jueguen la vida resistiéndose heroicamente a ser violadas y, si no lo hacen, poner en duda su testimonio. La ausencia de un 'no' no es un 'sí'. Aún más: se puede dar luz verde a unas prácticas sexuales y no a otras.

La semana pasada, Suecia se unió al reducido grupo de países en los que se considera violación toda relación sexual a la que no se haya dado una aprobación expresa, en la línea del Convenio de Estambul aprobado en 2011. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, se apresuró a aclarar que, tal y como establece la propia ley, la reforma jurídica no implica que el acusado de una violación pierda su derecho a la presunción de inocencia: la carga de la prueba sigue recayendo en la acusación, que tendrá que demostrar que no hubo consentimiento. Pero añadió: «Debería ser obvio. El sexo debe ser voluntario. Si no es voluntario, es ilegal. Si no estás seguro, no lo hagas».

Si en España el detonante de la explosión de rabia contra la violencia sexual fue el caso de La Manada, en Suecia tienen donde elegir. La ciudad sureña de Malmö vive conmocionada por una sucesión de violaciones en grupo en los últimos meses. Pero hay más. En 2013, un juez de primera instancia absolvió en Umea a tres jóvenes acusados de penetrar a una adolescente con una botella de vino durante una fiesta, alegando que la negativa de la chica a abrir las piernas pudo ser un gesto de «timidez». Los encausados solo pararon cuando la víctima, de 15 años, empezó a sangrar. El año pasado, otro tribunal dejó libres a los únicos cinco identificados de los veinte participantes en una agresión masiva a una mujer en un portal de Estocolmo. Las protestas contra una ley que ampara tanta impunidad eran imparables.

La nueva ley sueca crea un nuevo tipo penal, el de la 'violación negligente', que describe aquellas agresiones sexuales que se cometen contra menores de edad o mujeres bajo los efectos de un shock, el alcohol o las drogas, a veces, suministradas de forma inadvertida por el propio violador, como ocurre con la burundanga y otras sustancias que anulan la voluntad. En estos supuestos, que en España se castigan como abusos, «el consentimiento está viciado», resalta Amalia Fernández Doyague, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas (Famuvi), confía en que la comisión asesora convocada por el Ministerio de Justicia como reacción a las protestas por la sentencia de Pamplona recoja esas reformas y la consideración de la violencia sexual como violencia de género.

Pero ambas expertas creen que cambiar el Código Penal no es suficiente. Para la jurista, el problema es que en nuestro país los tribunales que juzgan casos de violencia sexual no están especializados -a diferencia de Francia, entre otros- y no siempre se dejan asesorar por los psicólogos y psiquiatras forenses.

El quid de la cuestión es que, en realidad, la ley está concebida desde un discurso impregnado de machismo y basado en cierta moralina añeja. «Los estudios revelan que más de un 70% de las mujeres víctimas de una agresión sexual no reaccionan, bien porque se quedan paralizadas, bien porque su mente les dice que si lo hacen más fácil van a sufrir menos daño y ese mal va a durar menos», explica la abogada.

Libertad, una asturiana de 34 años, no tuvo tiempo de hacer cábalas sobre cuánto dolor podrían causarle los dos individuos que la asaltaron en octubre cuando iba a hacer la compra en una zona poco transitada de El Entrego, a plena luz del día. «Me quedé en blanco. No reaccioné. Fue todo muy rápido. Me empujaron contra una barandilla y mientras uno me sujetaba, el otro me bajó el tanga y el pantalón, me penetró y eyaculó dentro», relata. Aunque veía borroso, por los nervios, pudo atisbar la cara del violador y, gracias a la rapidez con que pidió ayuda y fue examinada en el hospital, se hallaron restos biológicos. En aquellos minutos, ella apenas se movió. No gritó. ¿Consintió? No. Aquella agresión le hizo revivir los repetidos abusos que sufrió de niña. Le aterraba la posibilidad de quedar embarazada -tomó la 'píldora del día después'- y aún hoy tiene miedo de salir a la calle porque el violador, en busca y captura, sigue libre. Pese a todo, el apoyo de la abogada y la psicóloga de Famuvi la están ayudando mucho.

Pero basta repasar las sentencias para descubrir que, en muchas ocasiones, los tribunales interpretan esa actitud en la que no se expresa resistencia física o rechazo verbal como un «consentimiento implícito». Pereira lamenta que nuestro Código Penal no reconozca que la pasividad ante un asalto sexual es una reacción instintiva y, de hecho, mayoritaria entre las mujeres violadas. Hay que tener en cuenta que, para la víctima, la agresión es una sorpresa -el violador es un amigo, alguien a quien se acaba de conocer o un completo extraño- y que ignora qué le va a ocurrir. «He tenido casos de mujeres que intentan 'negociar' con el agresor -'Haz lo que quieras y déjame marchar. No grito, pero no me hagas daño'- porque tienen miedo a perder la vida. Eso no es consentimiento».

«En las leyes y en la justicia hay una gran carga de machismo», sostiene Pereira. Y muchas veces la propia sociedad pone en duda la credibilidad de la víctima. Porque se besó con un chico. Porque se dejó acompañar por desconocidos. O porque salió de fiesta.