Contra los juicios paralelos

Los juristas debemos opinar sobre procesos abiertos, pero no favoreciendo el sensacionalismo. La justicia es un poder público, y como tal debe estar sometido a la constante crítica

JORDI NIEVACatedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y analista de Agenda Pública

Como sucede con otras expresiones mediáticas o simplemente populares con cierta vocación jurídica, no existe una definición unificada sobre lo que es y lo que no es un juicio paralelo, pese a ser una expresión muy utilizada sobre todo en los medios. Podríamos convenir, no obstante, en acotar el concepto a lo siguiente: convertir un proceso judicial en un espectáculo a través de dichos medios, buscando el sensacionalismo.

En realidad, ésa es la finalidad del medio amarillista: provocar sensaciones, emociones, que les hagan ganar audiencia. A la vez, colateralmente es posible que, aprovechando el espectáculo, unos y otros contendientes del proceso utilicen la ocasión para arrimar el ascua a su sardina, intentando beneficiar a los de su bando, sean éstos reos o víctimas. De ese modo, se consigue que existan dos procesos: el auténtico, es decir, el que se sustancia en los tribunales, y el que se celebra en la pista del circo mediático entre fieras, payasos y malabaristas. De ahí la expresión juicio paralelo.

Aunque teóricamente valdría cualquier asunto para uno de esos juicios, los medios han solido tener desde hace casi dos siglos una clara preferencia por los casos truculentos: homicidios, agresiones sexuales o lesiones, como en la novela negra. Y en los últimos años han proliferado otros objetos: se ha llevado la palma la corrupción política.

Estos espectáculos están mal vistos –aunque sean muy seguidos por la audiencia–, y no sin razón. Hay buenos motivos para ello. Los juicios paralelos no pretenden informar, sino simplemente entretener, por lo que proliferan en los mismos las noticias falsas, las insinuaciones, las filtraciones sesgadas, la denigración y, específicamente, los insultos. Manifiestan un total desprecio por la verdad, porque el profesional amarillista no tiene el más mínimo interés en contarla –si es que la conoce–, sino sólo en retener la atención de su audiencia. Y para aparentar veracidad es posible incluso que mantenga con perseverancia una mentira durante años y años, por aquello de que siempre quedará la duda sobre algo que se afirme o desmienta vehementemente, aunque abunden pruebas de la falsedad.

Pero al margen de ello, hay varias razones jurídicas que rechazan los juicios paralelos. En los mismos, por los términos melodramáticos o sarcásticos en que se celebran, se influye en los instintos más primarios de la ciudadanía y, con ello, se destroza de manera sistémica una batería importante de derechos fundamentales: presunción de inocencia, intimidad, honor y defensa, sin contar con la influencia, que no es despreciable, que va a tener inevitablemente en el juez lo que escuche o lea en los medios, que es lo mismo que oirá su entorno más cercano. Con ello se perjudica su imparcialidad y hasta se pone en cuestión su independencia. En términos jurídicos, por tanto, un juicio paralelo representa una amenaza muy grave al sistema judicial.

Sin embargo, también existe la libertad de expresión y su correlato en la libertad de información, que representa uno de los pilares principales de la democracia, como recuerda la I Enmienda de la Constitución estadounidense y, aparte de nuestras normas, de forma constante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En democracia nadie debe sentir miedo por decir lo que piensa, y mucho menos un periodista. Siendo así, los únicos límites de ese derecho debieran ser éticos y, por tanto, deontológicos. El primer mandamiento de un periodista es la veracidad. Además, el periodista tiene una responsabilidad destacable en la no generación de reacciones violentas en la sociedad, que puedan provenir de sus declaraciones públicas.

En consecuencia, se puede y se debe informar. Se puede y se debe decir y opinar lo que cualquiera desee sobre un proceso abierto. El límite es montar con ello una performance detrás de otra. No parece tan difícil de entender.

Por ello, los juristas podemos y debemos opinar sobre los procesos que estén abiertos. Somos los especialistas en ello, y si en un determinado proceso se están cometiendo ilegalidades o atacándose derechos fundamentales, no sólo hay que contarlo, sino que tenemos la obligación democrática de denunciarlo para que todos los entiendan. Permanecer impasibles hasta la sentencia firme significaría provocar un apagón informativo entre la ciudadanía. No denunciar inmediatamente eventuales atropellos de policías, jueces o fiscales sería una infamia que podría confundirse con un silencio cómplice. La historia ha juzgado severamente esas omisiones de actuación en no pocas ocasiones.

Pero al igual que los periodistas, también tenemos deberes éticos, siendo el principal no favorecer el sensacionalismo, atemperándolo en lo posible con nuestras intervenciones públicas, señalando la diferencia entre opinión y farsa. Los órganos de la justicia deben trabajar tranquilos y en condiciones que les permitan preservar su independencia e imparcialidad. Pero ello no puede suponer, en ningún caso, la total falta de control ciudadano. No hay que olvidar que la justicia es un poder público, y como tal debe estar sometido a la constante crítica, que debe obviamente aguantar y aprender a soportar en democracia.

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