Los 'invisibles' de la violencia machista
Día Internacional contra la Violencia de Género

Los 'invisibles' de la violencia machista

Los hijos son el arma que tiene el maltratador contra la madre: 2017 bate récords como el año en el que más niños han sido asesinados como forma de venganza y suma además 27 huérfanos a una lacra que deja al año más de medio centenar de mujeres muertas por sus parejas

ISAAC ASENJOMadridRedacciónALEJANDRO SÁNCHEZMadridDiseño e Infografía

Son víctimas 'invisibles' de la violencia machista. Olvidados por los políticos y que rara vez aparecen en las leyes o en los medios. Niños asesinados y huérfanos. Víctimas de igual modo. Los hijos son en ocasiones protagonistas del silencio de una historia que acaba en muerte y cuyos fallos en el sistema complica sus vidas para ser reconocidos como damnificados directos de una lacra que deja al año más de medio centenar de mujeres asesinadas. Alrededor de 40 menores pierden a sus madres cada año, unos 500 desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en 2004. Medio centenar han sido asesinados en la última década como una forma de hacer más daño a las madres.

Entre los primeros, muchos han sido testigos directos de cómo su propio padre o el novio de su madre les arrebataba a la mujer que les dio la vida. Unos niños y niñas que se encuentran en soledad y que tras el crimen aparecen de refilón. Después desaparecen. Vuelven al olvido. No salen en la prensa y sus vidas siguen en un largo camino, incierto para ellos y tortuoso para ellas.

Entre los segundos, los menores terminan pagando el rencor que sentían sus progenitores hacia sus madres y se convierten a la vez en arma y víctimas de la violencia machista.

HuérfanosEl desamparo de los huérfanos

Los últimos hasta la fecha han sido los tres hijos de Arancha F. B., la mujer de 37 años degollada por su pareja en Azuqueca de Henares (Guadalajara) este 28 de diciembre. El agresor apuñaló a su madre en el cuello en presencia de los menores, dos de ellos, de 12 y 10 años, fruto de una anterior relación sentimental, y otro de apenas año y medio, hijo común de ambos. Con ellos suman 27 los menores huérfanos por violencia de género en 2017, según la estadística del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Un dato terrible.

Apenas mes y medio antes, el pasado ocho de noviembre, Carlos quedó huérfano de madre a los tres años, después de que su padre, con cuatro condenas por violencia de género, disparara hasta en cinco ocasiones a su madre cuando iba a recogerle al colegio en Elda. Ella, Jessica Bravo, de 28 años, entró en muerte cerebral y falleció 24 horas después en la UCI.

La vida de Carlos quedó a partir de entonces en manos de la familia materna. No es fácil. Existen muchos obstáculos que sortear. Así lo visibilizó David -nombre ficticio- en el Congreso el pasado mes de marzo, donde quiso exhibir el drama que viven muchos familiares con los huérfanos de la Violencia Machista. Una súplica en el Hemiciclo que logró que el infierno que inició en 2013 pudiera terminar con final feliz antes de comenzar el verano. Sus palabras resonaron con fuerza para poner de manifiesto el calvario que le ha supuesto adoptar a su sobrina. Un laberinto burocrático que quiso relatar ante todos los presentes para mostrar la situación que viven los cuarenta menores que cada año se quedan huérfanos a consecuencia de esta lacra.

«Por favor, intenten poner las cosas un poquito más fáciles». David contó cómo hasta tres meses después de que su hermana recibiera un tiro en la sien mientras dormía, la Policía no detuvo a su cuñado, por lo que el asesino tuvo tiempo de apartar a la niña de su familia materna, desmatricularla de su colegio y hasta solicitar una prestación de orfandad simple para la pequeña y una de viudedad para él. Todo esto con el consentimiento de los abuelos paternos de la pequeña. El hombre, un Guardia Civil que usó su arma reglamentaria en el homicidio, lo tenía todo bien estudiado: la coartada era el suicidio, y en el tiempo en el que avisó a emergencias le dio tiempo de cambiar un escenario dantesco. Posteriormente fue condenado a 20 años de prisión, la privación de la patria potestad y la prohibición de comunicarse con su hija, que en el momento del crimen tenía tres años.

«Conseguir la privación de patria potestad como pena en un procedimiento penal es muy importante porque hasta entonces ocurría en un porcentaje ínfimo de los casos», señaló David, que contó que desde el día en que ocurrieron los hechos hasta la detención tres meses después no volvieron a saber nada de la niña.

«Un maltratador no puede ser buen padre»

«Alguien capaz de privar a un menor para siempre de su madre, nada bueno puede aportarle. Un maltratador no puede ser buen padre», sentenció David. Él y su mujer, con el apoyo de sus padres, solicitaron la transferencia de la patria potestad y la guardia custodia. Un calvario que se ha prolongado a lo largo de cuatro años. Aunque esa situación terminó cuando su padre entró en la cárcel, el juez, que acabó entregando la patria potestad de la menor a la familia materna, paralelamente estableció un régimen de visitas semanales supervisadas a los abuelos paternos en un punto de encuentro familiar gracias al informe favorable de los servicios psicosociales. Un equipo psicosocial que recomendaba que lo más beneficioso para la niña era que viese a su padre. Así, el juez autorizaba que el condenado -en prisión preventiva acusado de asesinato- pudiese salir del centro penitenciario una vez al mes. Otra batalla que tuvo que librar la familia materna. El juicio se llevó a cabo dos años después del crimen y la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Raúl Romero Peña a veinte años de prisión además de una indemnización para su hija de 400.000 euros.

En aquel momento los tíos de la menor ya luchaban por conseguir su adopción, algo que haría que la niña perdiese la condición de huérfana por violencia de género y por tanto el derecho a una pensión. Es otra de las luchas a las que se han tenido que enfrentar. Porque este caso marca un antes y un después. A partir de ahora decenas de niños tendrán ese derecho. Y es que desde que David expusiera su conmovedor alegato en el Congreso, los grupos políticos hicieron piña para acelerar en esta problemática de las pensiones para los húerfanos víctimas de la violencia machista. La ley tardará unos meses en aprobarse y publicarse en el BOE, pero el compromiso político es ya firme.

Josean Picazo -hermano de Andrea Picazo Moratalla, cuyo asesinato cumplió la semana pasada cuatro años- contó hace unos meses su caso con la esperanza de que ir conociendo ejemplos como el de sus sobrinos -de 15 y ocho años- ayude a concienciar sobre la necesidad de regular mejor la protección que se da a estos huérfanos. «A mis sobrinos el Estado les ha olvidado. Ni las fuerzas políticas ni el Gobierno los tienen en la memoria. Somos las propias víctimas las que tenemos que buscar recursos, bregar con las instituciones y responsabilizarnos de todo», dijo en marzo de este mismo año en una entrevista.

Picazo esgrime su queja por el retraso y los errores judiciales en causas de violencia de género. En una carta abierta dirigida a varios medios el pasado año, protesta: «Los menores y demás personas afectadas fehacientemente por ese asesinato deben ser considerados víctimas y atendidos como tal por el Estado. Los menores deberían tener cubiertos, de forma solvente, sus derechos educativos, sociales y económicos. En mi caso, tengo un juicio pendiente con la Seguridad Social ya que a mis sobrinos, hijos de una mujer asesinada y con su padre en la cárcel, les fue denegada la ayuda por orfandad alegando que mi hermana no había cotizado 15 años todavía. Señores, por desgracia están muriendo mujeres de todas las edades y no a todas les ha dado tiempo a cumplir dichos plazos. Me parece vergonzoso que lo único que les corresponda a unos niños que tienen toda una vida por delante sea una paga trimestral de 72,75 euros».

Reforma de las pensiones

El Congreso de los Diputados aprobó en mayo por unanimidad comenzar la tramitación de una ley que hará que todos los huérfanos de crímenes machistas, con independencia de si su madre cotizó o no a la Seguridad Social, tengan garantizado el derecho a cobrar una prestación mínima de 677 euros.  Aunque la ley prevé que si las víctimas son dos hermanos o más la base a percibir debe ser del 118% (ahora es el 52%), con un mínimo de 737 euros. Esto supone una subida media del 34% y de más del doble para las familias con al menos dos huérfanos. Las víctimas de violencia machista tendrían derecho al cobro de esta pensión hasta los 21 años, hasta los 25 si no se han emancipado y la unidad familiar en la que conviven dividida entre sus miembros no alcanza el 75% del salario mínimo, e incluso algún año más si aún estudian una carrera universitaria.

La reforma pretende establecer también otras dos medidas en beneficio de estos menores. Los huérfanos, con la ley actual, de entrada solo cobran un 20% de los ingresos de la madre fallecida (la pensión ordinaria) y solo pasan al 52% cuando hay una sentencia firme que mantiene al padre homicida en la cárcel, cuando tienen derecho a una pensión absoluta. El cambio sería que, una vez se produzca la condena firme, reciban el pago del 70% de la base reguladora a fecha de cuando les fue reconocida, aunque hayan pasado meses o incluso años. La segunda novedad es que si el padre muere después de matar a la madre -normalmente por un suicidio- tengan derecho a compatibilizar el cobro de la pensión de orfandad de la madre y la del padre, cosa que ahora se les niega. La remuneración compatible sería el 70% de los ingresos de la madre y el 20% de los del padre.

AsesinadosEl año con más sangre

La cifra de niños víctimas mortales de la violencia de género ha aumentado de manera alarmante y desde el año 2010 estos verdugos han matado a 29 niños . En este 2017, han perdido la vida ya un total de ocho menores, frente a los cuatro que fueron asesinados en 2010, los dos que fallecieron en 2011 -Ruth y José, protagonistas del precedente más mediático-, a los seis que fallecieron en todo 2013; los cuatro de 2014; los cuatro de 2015; y la única víctima mortal registrada en 2016, según la estadística recogida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La última actualización corresponde a Maia -una preciosidad de pelo rubio y ojos azules que apenas tenía dos años cuando fue degollada por su padre en Alzira (Valencia) el pasado 12 de noviembre-.

Entre todos estos casos hay uno que destaca por el horror y la crueldad de lo ocurrido: Ruth y José. Quizá el más mediático de los casos en los últimos tiempos. Ambos murieron a manos de su padre, José Bretón, y sus cadáveres fueron calcinados en una hoguera a 1.200 grados de temperatura por este mismo en la finca cordobesa de Las Quemadillas, sin apenas dejar restos identificables de los pequeños.

Dos años después, un hombre en proceso de separación acababa con las vidas de sus hijos en Manzanares (Ciudad Real). Otra venganza consumada por parte del asesino y maltratador. Él se suicidó, pero antes descerrajó varios tiros con una escopeta de caza a Ángel y Javier -de 5 y 13 años-. Su mujer se salvó al no estar en el domicilio.

En 2014 en la localidad asturiana de San Juan de la Arena (1.500 habitantes), un hombre mató a Amets y Sara, de 7 y 9 años a sangre fría, con una barra metálica envuelta en papel de regalo. El parricida, de 55 años y que se suicidó posteriormente, estaba separado de la madre de las niñas. Aprovechó un régimen de visitas para consumar el crimen. Un año después, en Pontevedra (Galicia), un hombre asesinaba a sus dos hijas -Amaia y Candela, de cuatro y nueve años- utilizando una sierra radial tras drogarlas en su domicilio. Fue el primer condenado en España a prisión permanente revisable, cadena perpetua.

A principios de este año un ciudadano español -identificado como Sergio Oliva, natural de Sevilla- mataba a sus dos hijos en Alemania. Tenían cuatro y cinco años. Miguel y Leonardo fallecieron a consecuencia de los golpes en la cabeza que les dio su padre con un objeto no punzante y rotundo, como una piedra, según detalla el examen forense. Semanas más tarde mataban a Damaris. La pequeña solo tenía un año de edad cuando su padre se lanzó desde 12 metros de altura con ella en brazos desde una ventana del Hospital de La Paz (Madrid). «Me la has jugado, me la has jugado y te voy a dar donde más te duele. Te vas a acordar», le acababa de decir Vladimir -de 27 años y natural de Chile- a la madre de la pequeña en la habitación 207 del Servicio de Pediatría. La niña falleció en el acto.

«Asesinados para provocar el mayor daño que se puede hacer a una mujer, que es precisamente hacer daño a tu hijo», advierte Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de género. En los últimos diez años más de medio centenar de niños han sido asesinados por su padre -cerca de la mitad lo fueron durante el régimen de visitas o en el periodo de la custodia compartida correspondiente al padre-. Una horrible y cruel violencia contra los más débiles.

Efe

Todas las víctimas registradas en 2017 menos una eran de nacionalidad española y, de ellas, un 43% tenía menos de 3 años frente a un 57% que tenía entre 5 y 12 años. En el 83% de los casos, el agresor convivía con la víctima y en seis de los casos las víctimas eran los hijos de éstas. De todos los casos de este año, sólo una de las madres había presentado denuncia y, aunque solicitó medidas de protección, no estaban en vigor en el momento del crimen.

Las alarmantes cifras han llevado a que en los últimos tiempos se haya incorporado esta realidad a las nuevas normas. Así, según el Pacto de Estado aprobado en septiembre, las madres de los menores asesinados tienen la consideración de víctimas de la violencia machista. Algo que no ocurría hasta ahora y por lo que eran doblemente maltratadas. Primero por sus parejas y posteriormente por las instituciones.

SupervivientesLa protección de los menores

Expertos en protección de la infancia y juristas reclaman más suspensiones cautelares de visitas y custodias para proteger a los menores y la implantación urgente de equipos judiciales de valoración de riesgos. Lo hicieron visible esta semana pasada en la sede del Defensor del Pueblo, donde urgieron al Gobierno a implantar lo antes posible las reformas legales y las inversiones comprometidas en el pacto de Estado contra la violencia machista -muchas de las cuales están destinadas a poner a salvo a estos niños-. «Para que puedan adoptarse las medidas adecuadas de protección, se necesita dotar de equipos especializados en menores y en violencia de género a los órganos judiciales», apunta Pilar Martín-Nájera, fiscal de sala de violencia sobre la mujer, en una entrevista.

En España 840.000 hijos e hijas de mujeres maltratadas sufren cada año las consecuencias de la violencia machista al vivir en el mismo lugar donde se produce. Sanidad indica en sus datos que el 6,2% de los niños y niñas de nuestro país padecen la violencia de manera directa (540.000).

En mayo de este año, varios jóvenes que sufrieron violencia machista presentaron la asociación 'Avanza sin Miedo', con la que tratan de ofrecer recursos y atención a los menores a los que, según cuentan, el Estado «no ha atendido» como correspondía, como en aquellos casos en que la custodia de un menor se adjudica al maltratador. «Tenemos el objetivo de que los niños puedan acudir a un organismo a contar el problema. Deben sentirse acompañados y que te entiendan. Normalmente no se les escucha. No tienen voz y están completamente olvidados», cuenta en conversación telefónica Patricia Fernández Montero -de 20 años- hija de una mujer que sufrió maltrato. Ella y su hermano vivieron hasta los 6 años los golpes que su padre le propinaba a su madre en casa. Además, una vez que su madre pidió el divorcio, vivieron otro tipo de maltrato, el institucional. Ahí comenzaron las visitas obligadas, los puntos de encuentro y los psicólogos. «Cuando le dieron la custodia a él, me mataron en vida. Mi infancia se acabó. Un maltratador nunca puede llegar a ser un buen padre», relata en 'Ya no tengo miedo', un libro como grito a la esperanza y un reclamo a la sociedad.

«Sentía que no tenía ningún tipo de respaldo en el sistema ni las instituciones, y me estaban dando a la persona que casi mata a mi madre. ¿Qué confianza iba a tener en ellos?», relata.

«Hay que entender que el niño no debe ser sujeto pasivo de la violencia. Deben considerarse los mismos derechos para la madre, si ésta es maltratada. Las instituciones no oyen a los menores y tenemos maltratadores con régimen de visitas y custodias compartidas. Luego nos escandalizamos si ocurre un asesinato», critica Montero.

«Legislativamente y socialmente parece que hemos avanzado pero mi caso se sigue repitiendo. En la teoría se ha avanzado pero en la práctica no es así. Los niños son el arma que tiene el maltratador contra la madre», advierte.

A Patricia la justicia la obligó a convivir con una persona condenada por maltrato 'diagnosticando' un S.A.P (Síndrome de alienación parental), a pesar de que dicho síndrome o trastorno ni siquiera está reconocido. Para algunos expertos, se trata de un arma contra las mujeres usada en los divorcios que presenta al padre como una víctima. El Consejo General del Poder judicial recomienda no aceptarlo como argumento en una sentencia, aunque son los jueces los que tienen la última palabra. «El padre o la madre intenta hacer un lavado de cerebro para poner en contra al hijo o los hijos que tengan en común», comenta en una entrevista Pablo Nieva, Asociación Española de Neuropsiquiatría y Colegio de Psicólogos de Castilla La Mancha. «Es una aberración lo que están haciendo si lo aplican o lo reconocen sobre todo porque van a causar a esos menores a los que deberían proteger un daño irreparable», se queja Yolanda Besteiro, presidente de la Fundación Mujeres Progresistas.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que en 2016 los jueces no impidieron el contacto del presunto maltratador con sus hijos ni en el 10% de las investigaciones por violencia machista, pese a que la ley les autoriza a hacerlo siempre que lo vean justificado. En los procedimientos que dictaron órdenes de protección para las mujeres víctimas de las agresiones, solo acordaron como medida cautelar la suspensión de las visitas de los niños al denunciado en el 5,7% de las ocasiones, en un 8,4% retiraron provisionalmente la custodia al maltratador, y en un 0,7% de las decisiones le quitaron cautelarmente la patria potestad.

«Creo que los jueces tienen una responsabilidad muy fuerte y que en los casos en que haya la menor duda de que pueden existir agresiones deben retirar el contacto como medida cautelar; mejor pasarse de excesiva protección que tener que tener otro niño en la cifra de víctimas mortales», critica Itziar Gómez, profesora universitaria y letrada del Tribunal Constitucional.

Gómez coincidió con Inmaculada Montalbán, magistrada del tribunal superior de Andalucía y exvocal del CGPJ, en varias de las razones que creen que pueden provocar la escasez de medidas de protección judicial de los menores, entre las que están la ponderación de la presunción de inocencia, el carácter potestativo de las medidas, y que normalmente nunca se escucha al menor, que entienden que debería ser atendido siempre. Ambas, como también la psicóloga forense María del Rocío Gómez, tienen claro que lo primero que el juez debería tener en cuenta en estos casos es que, ante el conflicto de intereses entre el presunto maltratador y su hijo, siempre debe prevalecer el interés del menor. Ante la duda, protección.

Pero la clave, dijeron todos los expertos, es la necesidad de que todos los jueces cuenten con una valoración de los riesgos que corre el menor y un informe sobre su situación psico-social para tomar decisiones. Al carecer muchas veces de estos datos, no ven necesarias las medidas cautelares, más si no se las pide ni el fiscal ni la víctima. Para que los magistrados puedan contar con esta información sería necesario que Policía y Guardia Civil incluyan a los menores en las valoraciones de riesgos -que ahora solo hacen a la madre- y que haya equipos de valoración forense en todos los juzgados, dos de las medidas acordadas en el pacto de Estado y que no se pondrán en marcha hasta que el Gobierno ponga sobre la mesa el aumento de inversiones comprometido.

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